Con motivo del día mundial de los derechos de las personas LGTBI, el Ministerio de Igualdad ha emitido un comunicado en el que recuerda que en un día como hoy de 1990 la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Se trata de un hito histórico de gran relevancia que allanó de manera incuestionable el camino a la dignidad de las personas homosexuales y bisexuales. “Hoy, cuando se cumplen 30 años, la lucha de todas las personas que integran el colectivo LGTBI ha dado numerosos frutos, y la percepción en el imaginario colectivo de la diversidad sexual, de género y familiar se ha transformado de manera radical… en España y en algunas regiones del mundo”.
En España, efectivamente, se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas con una orientación sexual, una identidad o expresión de género, o unas características sexuales no mayoritarias. Tanto en el terreno legislativo como en la consideración social nuestro país se encuentra a la vanguardia y sirve de modelo para muchos países de nuestro entorno.
Sin embargo, esta crisis sanitaria del covid-19 ha puesto en evidencia las numerosas lagunas que todavía persisten para lograr una plena igualdad en el terreno de las leyes y en el de la igualdad real. “Hemos comprobado con dolor cómo numerosas mujeres trans se han visto en la calle y sin recursos frente a un sistema social que, con demasiada frecuencia, no las contempla o no las trata con el respeto y consideración que merecen.
Cómo tantos y tantas mayores se han encontrado en la soledad más absoluta, sin redes familiares ni sociales que los sustenten o apoyen, tras un pasado en el que esta sociedad los ha perseguido, encerrado, maltratado psiquiátricamente, expulsado de sus hogares y lugares de residencia”.
También es un día para recordar cómo tantas y tantos jóvenes se han visto acosados a través de las redes por su orientación sexual, su identidad o su expresión de género con una plena desprotección porque, en ocasiones, ni siquiera cuentan con el apoyo de su propia familia o con recursos de defensa e información por parte de sus centros educativos. “Hemos compartido la preocupación de parejas de mujeres que, casi al término de su embarazo, han visto paralizados sus trámites matrimoniales y, con ellos, la posibilidad de dar a sus hijas e hijos la seguridad de una doble filiación”, asegura la nota firmada por la ministra Irene Montero.
“Hemos escuchado a voluntarias y voluntarios, técnicos y coordinadoras de organizaciones LGTBI transmitir su impotencia ante el desbordamiento de sus recursos sociales, ante la gran cantidad de casos de emergencias vitales a los que están teniendo que dar respuesta con unos medios mínimos cuando no inexistentes”. Todo esto y mucho más está aflorando durante el estado de alarma. Discriminaciones preexistentes se han sumado a las complicaciones de la crisis sanitaria y económica para multiplicar ese contexto de desigualdad y, en muchas ocasiones, de puro desamparo.
Discriminaciones que pasan por la persistente patologización de las realidades trans, con la consiguiente humillación de conciudadanas y conciudadanos a quienes no se les reconoce el derecho a la autodeterminación de su identidad y se les obliga a ser tutelados por una opinión médica; por la pervivencia de terapias de reversión de la orientación sexual o la identidad de género, auténticas torturas de consecuencias psicológicas irreparables; o por el mantenimiento de operaciones cosméticas a bebés intersexuales a quienes se les asigna quirúrgicamente un sexo sin poder conocer su identidad de género.
Hace tan solo unos días, todo el país ha podido ver cómo un policía local, alguien que debe estar para defender los derechos de la ciudadanía, nos retraía a terribles épocas pasadas y agredía verbalmente con crueldad y abuso de poder a una mujer trans a la que ni siquiera se dignaba tratar según su identidad de género. Un hecho aislado, sin duda, dentro de las fuerzas del orden, pero que nos indica cuánto falta por hacer en el terreno de la formación, la capacitación, la educación, la pedagogía de profesionales de toda índole y de la sociedad en general.
“Todo esto solo es una reducida fotografía de lo que sucede en España, esa, como decimos, vanguardia internacional a todas luces, con todos los datos en la mano, de los derechos LGTBI. Si nos alejamos de nuestro país podemos encontrar persecución, leyes anti-promoción de la diversidad sexual, prohibición de manifestación y reunión, persecución penal en más de 70 estados, y social en muchos más, pena de muerte en 11 de ellos, más de 300 asesinatos anuales de personas trans”.
