En los últimos años el inconformismo en países como Francia, Argelia y Chile son situaciones que ayudan a entender lo que está sucediendo a nivel global y esto, no es un fenómeno extraño en Colombia en donde la realidad, supera la ficción descrita en el premio Nobel García Márquez. Los recientes estallidos sociales e inconformidades a lo largo del territorio, son solo un retraso de una inevitable -aunque tardía- reacción.
Un país que acrecentó en los últimos años la desigualdad económica. Según el Banco Mundial, en el año 2017, ocupó el segundo lugar en América Latina y el séptimo en el planeta. Los niveles de pobreza monetaria llegaron a un alarmante 42.5% en el año 2020.
El desempleo, tradicionalmente, ronda los dos dígitos, golpeando con mayor fuerza a las mujeres y a los jóvenes. Su estructura económica limitada y enfocada en commodities, especialmente del petróleo y recursos extractivos juega al vaivén de los precios internacionales repercutiendo en los ingresos fiscales de la nación.
Un sistema político desgastado, vetusto, de baja credibilidad, con aburridos discursos de intromisión “Castro-Chavistas” que juegan al vaivén de la polarización de lo que se podría mal llamar como partidos políticos. A nivel internacional, es un vecino incómodo en la región para Ecuador y Panamá. Acérrimo enemigo del país hermano, Venezuela. Juega frecuentemente al gruñón con la nación que nos tendió un puente para la firma del acuerdo de paz con las Farc, Cuba.
Si a lo anterior no fuese suficiente, el narcotráfico ya es una variable instalada en la sociedad colombiana, permeando toda la estructura política, social y económica del país. De igual manera, el fenómeno de la violencia en las zonas rurales; asesinatos sistemáticos de líderes sociales y desmovilizados de la antigua guerrilla de las Farc; intereses económicos de control territorial de bandas criminales, guerrillas, delincuencia común y disidencias de las Farc son el caldo de cultivo perfecto de un molotov social.
Y, precisamente, dado lo anterior, ¿Cómo no se quiere que ocurra un estallido social? Este se siente con mayor fuerza en ciudades como Cali, al sur occidente de Colombia, la tercera ciudad del país, de alrededor de 2,2 millones donde confluyen todas las anteriores dinámicas, en una población que, ante la tan cacareada Reforma Tributaria que golpeaba con mayor fuerza a los ciudadanos de a pie en beneficio del gran capital solo fue la mecha que encendió el barril de pólvora.
La ausencia de un Estado por décadas, la violación sistémica de los derechos humanos en todas sus dimensiones y la nublada salida a la situación estructural vivida, es el descontento que se vive en los jóvenes y en las zonas marginadas de las ciudades, la población indígena y campesina -los excluidos y marginados- que, han mostrado su descontento y descontrol llegando a situaciones de vandalismo y destrucción de los bienes públicos.
Pero no nos equivoquemos. El Gobierno Nacional, así como algunos medios de comunicación, y el gremio empresarial del país han querido deslegitimizar el derecho a la protesta social a un nivel reduccionista de bloqueos de vías; desabastecimiento de bienes como alimentos o combustibles; derechos a la movilidad entre otros. Además, sin desconocerlo, como las concentraciones de la población llevarán a un mayor número de contagio de COVID-19 en un alarmante tercer pico de la pandemia que aqueja actualmente al país.
El Gobierno Nacional tampoco han reconocido el excesivo uso de la fuerza pública durante las manifestaciones sociales. A pesar que la comunidad e internacional, léase Unión Europea y la ONU entre otras, le han hecho un llamado en esta dirección al Presidente Duque. No se sabe aún el número de muertos y heridos durante las protestas. Pero quizá la mayor preocupación es una pasividad e indiferencia política ante estos hechos. Se piensa y gobierna en los abollonados muebles del Palacio de Nariño, mirando para otro lado las realidades de las regiones y este es quizá el mayor pecado que sin duda pasará cuenta de cobro en las elecciones presidenciales que se avecinan en el año 2022, con un afectado: el partido de gobierno, el Centro Democrático y a una incertidumbre sobre los nuevos o viejos gallos de pelea que seguramente irán a acrecentar los niveles de polarización ideológica como se presentó en Ecuador y Perú.
A estas alturas del partido, la pandemia por COVID-19 fue solamente la cortina que permitió desvelar la crisis estructural que afronta todo el país cansado de los confinamientos que obligan a resguardarse en casa y que sufre un pueblo tardíamente indiferente. Porque la lectura en términos políticos de la generalidad de la población, es el apoyo a las manifestaciones y a la necesidad de reestructurar y enderezar el camino de las políticas públicas, algo que era impensado una década atrás en un país que no para de ufanarse de ser una de las “democracias más sólidas de la región”.
El llamado a la negociación -no solamente al diálogo- verbos de acción distintos, por parte de los miembros del Comité del Paro y la aceptación por parte del Gobierno Nacional ante las movilizaciones presentadas en los últimos días, dan una pequeña luz de esperanza a una sociedad cansada de el incumplimiento y garantías ciudadanas y de derechos que están contempladas en una de las Constituciones Nacionales más bellas y propositiva que una nación pueda tener, la Constitución Política de 1991, pero con un bajo nivel de ejecución en la práctica.
En el continente, la lección de Chile, Colombia la ha entendido en el contexto diferenciador de uno y otro país. Pero estas manifestaciones seguramente, serán rápidamente aprendidas por otros países de la región.
¿Será Argentina el próximo país que lo entienda?
La realidad así lo presume. La pandemia trajo fuertes consecuencias socio económicas más allá de las graves consecuencias sanitarias, que incluyen casi 70.000 muertos y más de 3 millones de contagiados. Los indicadores son preocupantes y, en algunas cuestiones, con variables en peor situación que en 2001, la peor crisis económica reciente en la Argentina.
La pobreza alzó a finales de 2020 al 42,9% de la población, con un 10,5% de indigencia y una pobreza infantil (niños menores de 14 años) del 57,7%. En Argentina, más de la mitad de los niños son pobres, y el año pasado no asistieron a las escuelas puesto que el gobierno decretó la no presencialidad de las clases en un país que no puede garantizar niveles mínimos de acceso a la conectividad tecnológica para ser parte del sistema escolar.
La inflación anual se ubica por encima del 40% y durante el año 2020 el país sufrió una caída del PBI de 9.9%.
El gobierno acumula acciones para paliar la crisis que comienzan a sumar críticas entre sus propios seguidores quienes entienden que el asistencialismo es una medida de emergencia, pero no puede ser una política sostenida en el tiempo.
Y en 2021 el gobierno propone más de lo mismo. Redobla medidas para combatir la COVID-19 con recetas que el tiempo demostró que no son útiles para salir del atolladero en el que se encuentra Argentina y cada vez consigue menos apoyo en la ciudadanía.
¿Actuará el proyecto de ley de «Emergencia COVID» en Argentina como actuó en Colombia la Reforma Tributaria? Difícil imaginarlo cuando los sectores más combativos que canalizan la protesta social histórica en la Argentina hoy son parte del Gobierno nacional.
Sin embargo, los hechos de inseguridad y de violencia institucional crecieron durante la pandemia y hoy son un flagelo en varios sitios del país y van generando un clima de opinión desfavorable al Gobierno que ve caer su nivel de aprobación entre los ciudadanos mes a mes.
Las violaciones a los derechos humanos, flagrantes en algunas provincias del país y solapadas en otras, exponen que en muchos casos la situación de la pandemia sirve como pantalla para la sucesión de una serie de acontecimientos que lejos están de ser aislados y exponen de una manera cruel como se somete a la ciudadanía bajo la excusa de cuidarla.
En plena segunda ola, mientras el COVID golpea duro, los atisbos de protesta ciudadana que se avizoraron a lo largo de 2020 ya no se ven. Solo hubo reclamos puntuales a partir de la suspensión de clases presenciales dictado por el gobierno nacional para el área metropolitana de Buenos Aires. En la Capital del país la solución llegó por vía judicial y las clases siguieron dictándose con normalidad. En los distritos de la provincia de Buenos Aires donde las clases pasaron a ser virtuales, en un país con limitadísimas posibilidades de conexión en vastos grupos de estudiantes (recordemos que el 57,7% de niños menores de 14 años son pobres), tan solo hubo atisbos de reclamos ciudadanos solo algunos de ellos y solo los primeros días. Poco a poco la ciudadanía fue naturalizando la nueva realidad y los reclamos se fueron acallando.
Argentina no se contagió de Chile, ¿se contagiará de Colombia? No parece ser el camino que sigue. En el sur del continente la olla no está en ebullición como en el norte, en el sur el agua va levantando temperatura va subiendo poco a poco para que nadie se dé cuenta que todo está a punto de hervir hasta que ya sea tarde poder escapar.
