La pandemia del COVID-19 y sus medidas de contención han propiciado el aumento de otro gran peligro que amenaza -a escala pandémica- al 50% de la población: la violencia machista contra las mujeres. Cuando la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, puso la voz de alarma en este sentido, 90 países se encontraban en situación de confinamiento y, al menos, 4.000 personas se refugiaban en sus casas ante la crisis sanitaria del coronavirus.

Una situación tan particular como la actual, además de la incertidumbre motivada por la propia pandemia, propicia el avivamiento de tensiones relacionadas con aspectos relacionados con la seguridad, la salud o el dinero. La otra cara, especialmente preocupante, recae sobre las mujeres víctimas de violencia machista que se encuentran confinadas con sus maltratadores o potenciales maltratadores. Esto provoca que se encuentres aisladas y más vulnerables a sufrir violencia. Además, según alertaba ONU Mujeres, los servicios sanitarios se desbordan y las casas de acogida alcanzan su máximo de capacidad, “agravándose así el déficit de servicio al readaptar dichos centros a fin de ofrecer una respuesta adicional al COVID”.

Según datos presentados por la organización mundial, las autoridades gubernamentales de España, Argentina, Canadá, Francia, Reino Unidos y los Estados Unidos, y las personas defensoras de los derechos de las mujeres y sociedad civil aliada han señalado “un aumento de las denuncias de violencia en el hogar durante la crisis y una mayor necesidad de protección de emergencia”. En este sentido, ONU Mujeres advierte que antes de que irrumpiese el COVID-19 en el mundo, “la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes”. Fe de ello es que, en los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas de todo el mundo, con edades comprendidas entre los 15 y 49 años, han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental.

Con el avance de la pandemia y debido a los diferentes efectos que tendrá sobre la salud sexual y reproductiva, el bienestar de la mujer, su salud mental o su labor fundamental de los cuidados, que dan sustento a la vida de esta sociedad y a su economía, es probable que las cifras de violencia machista en el entorno del hogar aumenten. Por eso, si no se cuentan con las medidas económicas urgentes para abordar correctamente este problema, la situación podría tornarse a desastre global. En este sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a todos los gobiernos a que “hagan de la prevención y la gestión de la violencia contra las mujeres una parte fundamental de sus planes de respuesta nacionales ante el COVID-19”. Así, los refugios y las líneas de atención para las mujeres se erigen como “un servicio esencial en todos los países, y deben contar con financiación específica y amplios esfuerzos destinados a mejorar la difusión de su disponibilidad, afirmó también el secretario.

El Ministerio de Igualdad reforzó las medidas de contingencia contra la violencia machista en el Estado español

El Ministerio de Igualdad anunció esta semana que las víctimas de explotación sexual y trata para tales fines podrán ser beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) propuesto por el Gobierno, que se espera implementar en el mes de mayo. Esta medida presenta un refuerzo al ya existente Plan de Contingencia para luchar contra la violencia machista durante el confinamiento por el coronavirus, que estará vigente durante el estado de alarma y por el que las mujeres víctimas de violencia de género pueden mandar un mensaje de alerta por mensajería instantánea con geolocalización a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como tener acceso a un chat para la asistencia psicológica en situación de permanencia en domicilios.

Europa Press informó sobre las medidas de refuerzo que “serán las ONGs especializadas que asisten a mujeres en contextos de prostitución las que presentarán los casos de las mujeres que consideren que presentan signos de trata o explotación sexual, y las mujeres en situaciones de aislamiento y alta vulnerabilidad, así como el recurso que se requiere en cada caso”. El protocolo establecerá un modelo de informe donde se refleje la situación de la mujer en el que se indique el cumplimiento de los requisitos que le permitan ser beneficiaria de la ayuda. Del mismo modo, EP explicó que “este proceso será igual para poder acceder a una solución habitacional, incluida la acogida por una entidad especializada”. Por su parte, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, que integra a alrededor de 50 ONGs y entidades, ha celebrado, según esta agencia, que las mujeres en contexto de prostitución puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se espera próximamente.

Además, el Ministerio de Igualdad también ha elaborado una serie de medidas de refuerzo para el Plan de Contingencia, aprobado por el Gobierno el pasado 17 de marzo, tras el decreto del Estado de alarma por la crisis del COVID-19. Para ello se ha ampliado la protección de víctimas de trata y explotación sexual, así como de mujeres en situación de prostitución durante el periodo marcado por el coronavirus. Todo ello en el marco de cumplimiento de las advertencias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que avisaba, según EP, de que “los estados deben tomar medidas adicionales de protección social para que su apoyo alcance a aquellas personas en mayor riesgo de ser afectadas de manera desproporcional por la crisis de la COVID-19”.

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