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La pandemia como excusa para todo, incluso para suspender la democracia

La suspensión de las elecciones en Cataluña plantea importantes cuestiones e interrogantes, como hasta dónde se puede llegar para proteger la seguridad y la salud

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La pandemia ya sirve de excusa para todo. El virus ha puesto el mundo patas arriba, las relaciones humanas, la economía, la política, la cultura… La última víctima del covid-19 es la propia democracia, cuyo funcionamiento se está viendo seriamente alterado en todos los países. A falta del decreto del Govern de Cataluña, todo apunta a que las elecciones autonómicas del próximo 14 de febrero serán aplazadas por razones obvias. Con la curva de contagios disparada y la tercera ola en pleno apogeo, la prudencia parece aconsejar la medida para evitar la propagación del agente patógeno. Pero llegados a este punto cabe preguntarse si realmente no hay otras opciones que la de suspender los comicios, una medida que de alguna manera paralizará todavía más la ya cortocircuitada vida política e institucional de los catalanes. La ciudadanía necesita renovar sus cargos políticos, reactivar la maquinaria institucional gripada desde hace más de tres años, cuando se puso en marcha el procés. Hacen falta nuevas leyes, disposiciones, reformas, decisiones políticas sobre múltiples asuntos que ya no pueden esperar más. En plena pandemia, cuando la economía se ha ido al garete y miles de familias y empresas necesitan de las ayudas oficiales, de coordinación entre administraciones y de inversión, sobre todo en Sanidad, la peor noticia es la interinidad, el vacío de poder, la incertidumbre sobre quién tiene que tomar las riendas del poder. Pero los vientos soplan en contra de la democracia en la extraña era poscovid. La seguridad se impone a la libertad; la salud a los derechos cívicos fundamentales. Muchos expertos en derecho político aconsejan ir pensando ya en nuevas formas de participación política y social, puesto que el virus ha llegado para quedarse durante mucho tiempo.     

Este viernes, representantes del Govern y de las fuerzas con representación en el Parlament deberán decidir si se aplazan o no los comicios. Lo más probable es que la Generalitat opte por la suspensión. Más allá de a qué partido político le beneficia o le perjudica el aplazamiento, el debate jurídico está servido. Hay polémica entre los pragmáticos, que optan por cancelar la cita con las urnas hasta que mejoren los datos de la plaga, y los garantistas o puristas, que creen que los tiempos políticos deben seguir su curso para evitar males mayores, como el colapso del sistema. Expertos en Derecho Constitucional y magistrados coinciden en reconocer la existencia de un vacío legal en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en lo relativo a la suspensión de una cita electoral ya convocada, si bien consideran que un aplazamiento del 14-F en Cataluña puede justificarse por causas de fuerza mayor como es la pandemia de covid-19, según informa Europa Press. Lo que parece claro es que cualquier medida debería ser proporcional a la situación y que han de ponerse en marcha otros cauces y mecanismos que permitan votar a los ciudadanos con total seguridad.

De momento el PSC, partido que se presenta a las elecciones catalanas con el actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, en calidad de candidato, parece dispuesto a retrasar los comicios por la alta incidencia de la tercera ola del coronavirus en la comunidad. Era de esperar en un hombre como Illa, prudente y sensato, que hasta ahora siempre ha antepuesto la salud de las personas a los condicionantes políticos o económicos. Es evidente que el PSOE ha hecho una apuesta arriesgada al colocar a Illa como cabeza de cartel en los comicios autonómicos, dando un importante golpe de efecto en el tablero político catalán, pero es más que probable que la euforia se haya apagado o diluido en mayo, cuando se celebren los comicios ya con una nueva fecha establecida. Por otra parte, no todos en el Gobierno de Pedro Sánchez están de acuerdo en aceptar el aplazamiento. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha advertido de que la suspensión de las elecciones no está contemplada en la ley electoral general y ha pedido “mucha cautela ante una falta de previsión legal”. “Suspender la democracia puede traer cosas que no son buenas para la democracia”, ha alertado el ministro en una entrevista concedida a Ràdio 4. Asu vez, el diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza ha criticado al Govern por querer posponer las elecciones después de que algunas encuestas hayan revelado que el independentismo perdería la Generalitat.

De cualquier manera, en el decreto de convocatoria de las elecciones al Parlamento catalán se señala que “si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la covid-19, el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias, se podrá dejar sin efectos esta convocatoria y posponer la votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías”. Hay por tanto margen legal para defender la suspensión. Otra cosa es que, como trasfondo, estén jugando cálculos políticos interesados, ya que para algunos líderes locales este tiempo muerto en medio del partido puede resultar beneficioso con el fin de tomar aire y superar crisis internas que nada tienen que ver con la epidemia. No parece que sea el caso de Esquerra Republicana de Catalunya, ya que la formación de Oriol Junqueras va viento en popa en todas las encuestas y los sondeos le dan como clara ganadora. Cuestión diferente es lo que opine Carles Puigdemont desde su residencia de Waterloo, ya que la derecha independentista no atraviesa por sus mejores momentos. Por tanto, podemos concluir que la decisión de suspender las elecciones no solo se adopta de acuerdo a consideraciones sanitarias, las únicas que deberían tenerse en cuenta en estos momentos dramáticos, sino también políticas, como no podía ser de otra manera.

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De momento, fuentes del Tribunal Constitucional apuntan que como ninguno de los decretos de convocatoria electoral autonómica ha sido recurrido hasta la fecha, no existe jurisprudencia al respecto. Y desde el Tribunal Supremo se apunta que en la LOREG no parece que haya previsión expresa al respecto para cambiar el día ya fijado, según el artículo 42 de dicha ley, por lo que a juicio de estas fuentes nos topamos otra vez con una especie de nuevo “derecho de pandemia” a aplicar en esta especial circunstancia en la que nos encontramos.

Parece que una vez más, y a falta de regulación legal, se impone la lógica. En caso de confinamiento duro domiciliario, como el que soportamos en marzo, el sentido común aconseja que las elecciones puedan retrasarse, pero si la vida continúa, si los bares y comercios están abiertos, si la población se está acostumbrando a convivir con el virus en la nueva normalidad, no tiene demasiado sentido recortar la libertad de participación política, máxime cuando estamos hablando del ejercicio de un derecho fundamental en cualquier Estado democrático. Desde este punto de vista, conviene no olvidar que cualquier suspensión electoral podría recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por una presunta vulneración de derechos. Por tanto, parece que esta delicada cuestión exigiría el consenso de todos los partidos políticos para que no estalle una nueva guerra política. Algo que está por ver.

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2 Comentarios

  1. para los desmemoriados hay que recordarles que el año pasado se aplalzaron tambien las elecciones en Euskadi y Galicia, ademas 2 veces una vez puesta la fecha de los comicios.

  2. «Era de esperar en un hombre como Illa, prudente y sensato, que hasta ahora siempre ha antepuesto la salud de las personas a los condicionantes políticos o económicos», habría que recordar que el PSC ha sido el único que no quería aplazar las elecciones y que Illa estaba de acuerdo y así se pronuncio. Menos demagogia política, por favor.

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