El Ministerio del Interior ha rechazado las peticiones de Vox para celebrar manifestaciones en coche en las cuatro capitales catalanas el próximo 23 de mayo. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska considera que tales concentraciones pueden suponer un grave riesgo para el derecho a la salud de las personas, ya que incrementaría de forma notable la expansión del brote de coronavirus. La decisión del ministerio está en consonancia con lo que ya ha dictaminado el Tribunal Constitucional a propósito de reuniones ciudadanas en momentos de estado de alarma. Los magistrados consideran que “no se dan las circunstancias” para permitir manifestaciones multitudinarias como las que pretende promover Vox.

Efectivamente, la Sala Primera del Tribunal Constitucional se pronunció hace unos días en contra de las protestas callejeras. En el auto se rechazaba el recurso presentado por un sindicato contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que confirmó la negativa al permiso para celebrar una manifestación con motivo del Primero de Mayo. La limitación del derecho de reunión, a juicio del auto hecho público por el TC, tiene una finalidad “que no sólo ha de reputarse como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante” en los artículos 15 (garantía de la integridad física de las personas) y 43 de la Constitución (protección de la salud), “ambos tan intensamente conectados que es difícil imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias”.

En cuanto al estado de alarma y su posible repercusión en los derechos fundamentales de las personas, el TC recuerda que ya se pronunció sobre eso en el año 2016, cuando dejó clara la “menor intensidad” de esta medida respecto de los estados de excepción y sitio, mucho más severos desde el punto de vista del recorte de las libertades. Por si fuera poco, el Alto Tribunal cree que el rechazo a los permisos oficiales para celebrar manifestaciones decretado por las delegaciones del Gobierno tampoco supone una vulneración de los derechos fundamentales de manifestación y reunión ya que −insisten los magistrados−, en este momento “no se dan las circunstancias” para permitir actos de protesta ciudadana. En resumen, según la actual jurisprudencia española, en la colisión entre el derecho a la vida y la salud de las personas y el derecho a la libertad de movimientos, de manifestación y de reunión, debe prevalecer siempre el primero, y más si continúa en vigor un decreto aprobado por mecanismos democráticos como el de estado de alarma.

Sin embargo, Vox no se da por enterado de lo que dicen los tribunales y sus líderes insisten en interponen recursos y más recursos en cada comunidad autónoma y en cada provincia para tratar de colar sus concentraciones automovilísticas masivas (en realidad una especie de rally nacional ilegal) con las que trata de colapsar el país, llevar más desconcierto y confusión a la población y en última instancia derribar al Gobierno. Todo ello a costa de poner en peligro lo que se ha conseguido tras dos semanas de dura lucha sanitaria y social del pueblo español contra la pandemia.

Vox mantiene para el próximo sábado manifestaciones en las diferentes capitales de provincia de toda España y pide a sus simpatizantes y afiliados que vayan en coche para evitar contagios. En la mayoría de los casos serán las delegaciones del Gobierno quienes decidan si autorizan o no la concentración. El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, aseguró ayer que su partido ha logrado el visto bueno −en algunos casos por silencio administrativo−, en casi todas las ciudades menos en las de Castilla-León y en las capitales catalanas. Lo cual está por ver.

Manifestaciones como las que Vox mantiene en pie pueden suponer un grave delito de desobediencia civil a las autoridades, una conducta solo comparable con las que promovieron en su día los impulsores del “procés”, que llegaron a infringir órdenes del Estado y sentencias del Tribunal Constitucional. Habrá que ver si en el caso de Vox se va a poner en marcha la maquinaria de la Fiscalía General del Estado para sentar en el banquillo a los insubordinados. De persistir el partido verde en su idea de sacar a miles de personas a la calle, en convocatorias motorizadas y poniendo en peligro la salud, Santiago Abascal podría situarse también al margen de la ley, a la altura de un indepe rebelde, desobediente civil o insumiso ante las leyes.

Mientras España camina en la desescalada, Abascal avanza en su escalada, en su escalada de ruptura con la ley, en su escalada de quiebra de las reglas del juego democrático y del orden constitucional. La insubordinación de Vox va camino de rebelión, aunque no sabemos si los jueces Llarena y Marchena intervendrán en esta ocasión para poner orden y meter en cintura a los antisistema ultraderechistas. A Abascal no parece importarle lo más mínimo romper las reglas del juego democrático. Aquí se trata de que el golpe de los “borjamaris” y “cayetanos” del barrio de Salamanca prospere y triunfe. Un golpe de timón a la venezolana, urbano y callejero, donde el objetivo es crear la ficción de que España vive bajo el régimen de un estado chavista bolivariano, lo cual no es solo un bulo más, sino una solemne estupidez.

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3 Comentarios

  1. quien desobedece al tribunal constitucional lleva pena de inhaibilitacion y carcel.
    ¿seran capaces de actuar en este sentido hacia Abascal tal y como se ha actuado contra los nacionalistas catalanes?
    La ley es igual para todos¿no?

  2. Visto desde la perspectiva de unos meses alla…. Que el rojerio haya hecho lo mismo.. Os parece bien no?

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