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La oposición nacionalista, independentista y de izquierdas pide una comisión que investigue irregularidades de la Casa Real

En el escrito se destaca la presunta vinculación del Rey Emérito en el cobro de comisiones de la contratación del AVE a la Meca en Arabia Saudí

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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Todos los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, salvo el PSOE y Unidas Podemos, solicitan una Comisión de Investigación relativa a la trama vinculada a presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia.

Así, presentan esta propuesta los grupos del PNV, ERC, EH Bildu, Junts per Catalunya, PDeCAT, Más País, CUP, BNG y Compromis.

Escrito de presentación

En el escrito de presentación de estos grupos para solicitar la comisión de investigación se recuerda que la Fiscalía suiza investiga una cuenta bancaria del Banco Mirabaud, que tiene su sede en el paraíso fiscal de Bahamas por el que el Gobierno de Arabia Saudí habría transferido 100 millones de euros a dicha cuenta que pertenece a un sociedad de la que se beneficia el Rey Emérito.

También los grupos parlamentarios hacen alusión a que la Fiscalía Anticorrupción en España habría detectado indicios de presuntos delitos con la presunta implicación del Rey Juan Carlos I relacionados con blanqueo de capitales, cobro de comisiones y fraude fiscal en la contratación de la segunda fase de la construcción del AVE a la Meca.

Además, destacan también la presunta vinculación del Rey Emérito en el cobro de comisiones de la contratación de este AVE en Arabia Saudí según se hizo público en una investigación en la que estaba relacionado el ex comisario Villarejo.

De hecho, en una conversación grabada entre Villarejo y Corinna Larsen, la amiga del Rey atribuía al ex monarca el cobro de mordidas por el contrato de 6.300 millones de euros adjudicado a un consorcio de doce empresas para la construcción del denominado AVE del desierto.

También es conocido que el fiscal de la Sala del Tribunal Supremo ha abierto diligencias para realizar una investigación centrada en «delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos» que presuntamente se atribuyen a Juan Carlos I.

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