Aseguran fuentes populares que a Montoro habrá que echarle, porque no se irá del Gobierno por iniciativa propia a pesar del varapalo que le ha dado el Tribunal Constitucional al anular la amnistía fiscal. “Todo el partido miramos al presidente porque algo tendrá que hacer”, manifiesta un diputado del PP a Diario16.

Mientras, el PSOE vive su mejor momento como oposición tras este regalo del Constitucional y el triunfo electoral de Pedro Sánchez.

Medios y tertulianos, conservadores o de izquierdas, coinciden, por una vez, en reclamar la dimisión del ministro de Hacienda.

La oposición, con el PSOE a la cabeza, ya pidió ayer la dimisión según informó Diario16: https://diario16.com/tribunal-constitucional-anual-la-amnistia-fiscal-montoro/

Nada le puede salir ya peor al PP en su Gobierno, aunque la bancada popular ni pestañee mientras los sondeos y encuestas electorales no reflejen que el desgaste por la corrupción, la mala gestión y decisiones como la del Tribunal Constitucional no afecten a su liderazgo ante la opinión pública.

En su recurso los socialistas argumentaban que esta normativa favorecía a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%.

«En cualquier país de la Unión Europea el ministro de turno habría dimitido ya. Llevamos cinco años pidiéndolo. Si tuviera un mínimo de vergüenza la presentaría esta tarde ya mismo. Se tiene que ir y pedimos su dimisión inmediata», ha dicho el diputado Saura, según informó ayer Diario16.

También Unidos Podemos ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda. Asimismo, han reclamado la comparecencia del ministro en el Congreso. «El Constitucional recoge la alfombra roja que el PP puso a los defraudadores. Pero no hay motivos para la moción…», ha ironizado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en un mensaje en Twitter.

El objetivo de la amnistía fiscal, aprobada en marzo de 2012, era recaudar 2.500 millones de rentas no declaradas para reducir el déficit público. Para ello, permitió a personas físicas y jurídicas aflorar el dinero que tuvieran oculto en el extranjero pagando solo un «gravamen especial» del 10% sin aplicación de recargos ni sanciones. A pesar de la medida, Hacienda solo consiguió recaudar la mitad de los previsto, 1.191 millones de euros tras aflorar 40.000.

La sentencia, de 22 páginas, incide en que «la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gasto públicos».

El alto tribunal señala que de esta forma lo que se hace es «legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir».

1 Comentario

  1. No estaría de más que también investigaran a Hacienda y vieran en que emplean sus recursos económicos y humanos… Maquillan sus estadísticas machacando al pequeño aunque no tengan razón. Total, fallan en su contra unos años después y pagamos los intereses todos los españoles. Como el dinero no es suyo les da igual lo que cueste y, además, para cuando se resuelva habrán ido haciendo lo mismo con otros…

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre