La Comisión de Políticas Sociales de la Asamblea de Madrid ha rechazado con los votos en contra de PP y Vox una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista sobre el Sistema de Protección a la Infancia. ¿Cuál es su lectura al respecto?
La PNL nos parece que está bien, sobre todo, porque en el preámbulo reconoce que el sistema, tal y cómo está, no funciona y no se cumplen las peticiones de las instituciones internacionales. En cuanto a la posibilidad que contempla de que haya un Pacto Autonómico entre partidos y sociedad civil para mejorar la atención a los niños y las familias, estamos de totalmente de acuerdo. Las medidas que recoge la PNL, en lo referente a la protección de menores e inversión nos parecen correctas. Pero hay una diferencia radical. Y es que ellos, en las conversaciones que hemos mantenido, y la propia PNL insisten en las familias de acogida. Aunque también se dice que hay que ayudar a las familias biológicas, pero todo el esfuerzo se pone en las familias de acogida. Y esa sería la diferencia fundamental. Nosotros creemos que donde hay que poner el acento es, en lo que también tratan ellos: que haya educadores de calle. Y pensamos que son los educadores de calle, básicamente, con un planteamiento de apoyo psicológico. Desde el momento del parto y antes hay que tener un apoyo psicológico a las familias, porque sabemos que el niño y el entorno donde vive dependen de la mayor o menor seguridad económica que tenga la familia. Si una madre, mientras está gestando, está en malas condiciones económicas o en situación de inseguridad por maltrato del padre o porque no se relaciona bien con su entorno familiar, pues lógicamente lo primero que esa madre va a trasladar al niño es una serie de inseguridades. Esto está estudiado. Sobre todo al 6 mes de gestación, el niño asume lo que hay en el entorno o el estrés de la madre en un momento dado, y que después le pueden generar otro de tipo de problemas en la escuela, en la guardería. Donde falla el sistema se requiere de mayores medios. Esos que se dan luego, cuando se llega a los acogimientos o a las adopciones. Hay que gastarlo en una mayor atención psicológica y emocional a las familias desde que deciden tener un hijo.
¿Qué carencias observan en el Sistema de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid?
Tal y cómo está ahora orientado, tiene casi 4.000 niños. Esto es imposible. Si hubiera una alternativa, que nosotros la planteamos, que en vez de haber 4.000 niños, fueran como mucho 1.000, entonces probablemente con el personal que tienen podrían cumplir la propia norma. Es que la norma dice que por cada niño tutelado, cada seis meses, hay que emitir un informe. Es imposible, cada seis mes, emitir un informe de 4.000 niños. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayor carencia es que no cumplen con esos informes que hay que hacer, y se alargan en el tiempo. Cuando dictan un desamparo o un riesgo grave y se llevan al niño, a partir de ahí, la carencia es total. No hay personal, no hay medios suficientes, no hay voluntad de acercar las familias a los niños y, entonces, el niño va perdiendo contacto con su familia. Y por tanto, tal y cómo están los reglamentos, las leyes… en el mundo de la infancia, cuando te quitan un niño, recuperarlo es casi imposible. En la PNL se dice que de cada 100 niños, sólo vuelven con la familia 16.
Creemos que la población empieza a dudar de que antes, cuando se llevaban a un niño, lo normal fuese que la gente dijera: ¡algo habrá hecho!
¿En qué aspectos interviene el colectivo al que representa?
Hemos intentado aportar, desde el principio, nuestra experiencia. Desde especialistas a profesores de Pedagogía, de Derecho, algún psicólogo que nos ayuda, y las propias familias que pueden demostrar, y así lo estamos haciendo, que no están tan desestructuradas como se dice. Ahora, ¿qué hemos ido notando? Pues incluso en los últimos meses que hemos conseguido visibilidad, en vez de reconocer que hay que modificar todo el Sistema de Protección a la Infancia, se van a reforzar las adopciones y los acogimientos en familia ajena, no en familia extensa. Por lo tanto, no nos están escuchando. Ni nos escuchó en su momento el Comisionado contra la Pobreza Infantil, que nos pidió que le pasáramos ocho puntos que recogen nuestras propuestas, y una vez que le trasladamos los ocho puntos, no fue capaz siquiera de volvernos a recibir. Y esto nos está sucediendo también con Servicios Sociales de Madrid. Y nos consta por otras asociaciones que también existen que, en Baleares, Valencia u otros sitios, pasa lo mismo. Hablan con nosotros, cuando conseguimos hablar pero, desde luego, no suelen tenernos en cuenta. Suelen tener en cuenta a las grandes asociaciones, a las grandes ONG, pero tampoco mucho. Les escuchan, pero no incorporan los cambios fundamentales. Mientras no hacen caso a lo que decimos, aportamos lo que nos dejan. Y nos manifestamos, Y creemos que la población empieza a dudar de que antes, cuando se llevaban a un niño, lo normal fuese que la gente dijera: ¡algo habrá hecho!. En cambio, ahora, creemos que hay un mayor número de personas que entienden que nadie ha hecho nada.
¿Y cuáles son esos ocho puntos de sus propuestas?
El primero de todos es la revisión por parte del Senado y el Congreso de las leyes, empezando por la Ley8/2015, que a su vez remite a la de 1996 y a los cambios que se hicieron en los artículos 170 y 175 del Código Civil en la de 1987. Todas esas leyes están orientadas a ayudar a la familias de acogida y las adopciones.
Por otro lado, pedimos que se revisen absolutamente todos los expedientes de riesgo y desemparo para buscar en cuales de esos esos los niños, niñas y jóvenes tienen que estar en sus casas, y no donde están. Luego, insistimos, en que aunque haya casos graves, no se utilice nunca lo que se llama la «adopción cerrada» o el «acogimiento cerrado», sino que los niños mantengan el contacto siempre con sus familias biológicas. Una familia acogedora que no tiene contacto con la familia biológica del niño es una familia en permanente duda y vigilancia de que el niño por algún camino, según va creciendo, pregunte de dónde viene. Eso es terrible. Es lo mismo que está pasando con los bebés robados del franquismo, pero ahora peor, porque son niños que saben que sus padres no son sus padres.
No puede ser que esté en manos privadas algo tan delicado como es la atención a las familias y los niños
Algo que he hemos pedido, y no nos han hecho caso, es que haya una información adecuada, porque lo informes que dan están sesgados, a veces no se contradicen. Hablamos de 50.000 y 60.000 niños, sabemos los que son administrativos y los que son por ley, pero no están claros los informes.
Creemos que el servicio de atención a menores y familias tiene que ser público. No puede ser que esté en manos privadas algo tan delicado como es la atención a las familias y los niños. Hay que desprivatizar los puntos de encuentro familiar, los Centros de Apoyo a la Familia (CAIS). Al estar privatizado no se puede pedir a ninguna empresa que tenga el interés. Pasa como con la sanidad pública y la privada. La sanidad ha de ser pública porque no se pueden aplicar criterios mercantilistas a la salud de una persona. Y no se pueden apliacar criterios mercantilistas a la salud mental de los niños y de las familias.
Consideramos también que tiene que haber una coordinación mayor con las entidades que atienden a la red del menor.
A largo plazo tiene que haber un nuevo planteamiento de lo que es el ocio, muy pegado a lo que es la escuela. El ocio no puede ser, por norma general, un refuerzo del desamparo real, porque no hay modelos de integración de los jóvenes de una manera cooperativa. Entonces, a los jóvenes y a los niños se les anima a que estén en clubes deportivos, que son clubes de competición, ya sean de fútbol, rugby, baloncesto…Tiene que haber espacios de juego libre, creatividad, de teatro, de baile. Para todo eso tendría que haber un cuerpo de monitores de tiempo libre que colaboren con las familias y los colegios.
¿Han establecido contacto con la Consejería de Familia, Juventud y Política Social?
Sí. Desde junio de 2021, que es además cuando empezamos a detectar las fugas de los niños de los centros, estamos teniendo reuniones mensuales. Ahora llevamos dos meses que no, con la Consejería. Concepción Dancausa ha delegado en el director general Alberto San Juan y éste se ha reunido con nosotros tres o cuatro veces. Lo que pasa es que le avisamos, en una de las reuniones, de lo que estaba pasando con las chicas tuteladas. No respondió a ese aviso y, a los pocos días, salto a la luz el Caso Sana.
Las familias al principio ni siquiera saben que tienen derecho a tener un abogado de oficio. Y a estos les cuesta mucho hacer su trabajo porque les pagan poco
¿Cuál es el nivel de opacidad de la Comunidad de Madrid en cuanto a estos centros de menores tutelados?
Total. Ya he dicho que los informes que se dan son oscuros. Al iniciar un expediente de riesgo no se entregan los documentos. Y la Ley dice que hay que hacerlo. Y esos documentos no se dan a la familia nunca. Eso lo hacen agarrándose a algunos de los artículos que tiene la Ley. Las leyes que hay son todas muy confusas. Entonces, hay unos artículos que dicen que tiene que ser informada la familia. Y luego otros en los que pone que, por el bien e interés del menor, esa información se le puede mantener oculta. En la práctica, se les mantiene todo oculto. Se entregan los documentos, casi siempre, si los pide el procurador o la procuradora y los abogados. Pero, claro, las familias al principio ni siquiera saben que tienen derecho a tener un abogado de oficio. Y a los abogados de oficio les cuesta mucho hacer su trabajo porque les pagan poco. Con lo cual, la opacidad es total. Luego, cuando entramos otras asociaciones a hablar con ellos pues nos dicen que no nos pueden dar datos porque estamos mentiéndonos en terreno privado.
En los casos que conocemos más graves son padres que llevan luchando dos años por su hijo, que se los han quitado, en algún caso, en el parto. En otros casos en el colegio porque hubo un bullying o un mal entendimiento y se los llevan. En otros porque se ha detectado un enfrentamiento entre el padre y la madre, no han llegado a un acuerdo en el divorcio y entonces han entrado en una pelea por los hijos, y en unos casos se los dan a uno de los dos, sin que el otro los pueda ver o viéndolos en un punto de encuentro.
Ahí tenemos el caso reciente de María Sevilla. Si las instituciones lo hubieran tratado bien, ni ella se hubiera llevado a su niño, ni su ex marido estaría en el plan que está de demostrar que la mala es ella. Y la opacidad es lo peor. Tendría que haber transparencia. Un proceso de estos ahora dura años. Son procesos donde juegan un papel muy importante el afecto, las emociones, y tienen que ser procesos muy rápidos y con las debidas garantías. Lógicamente, si los miembros de la familia lo necesitan hay que ofrecerle apoyo público y gratuito.
Saben que, en los casos de huídas de niños y niñas de centros, algunos han vuelto gracias a la gestión de las familias en colaboración con nosotros para saber dónde están
Ahora hay dos familias con bastantes niños con las que venimos trabajando hace un año, y no se les busca vivienda, ni se les ayuda a encontrar empleo a las madres. Se acuda a estas dos familias de estar desestructuradas, cuando esas familias han ido a través nuestro y de otras asociaciones y han pedido que cuanto antes se les de apoyo en relación a vivienda y trabajo. Lo que se llama el plan de integración o apoyo familiar. Cuando se inicia un proceso de riesgo, deberían llegar los Servicios Sociales correspondientes dando todo por escrito. Es decir, mire usted: por esto y esto, usted ha de hacer esto y esto, y si lo hace recogerá a sus hijos en tanto tiempo. O mejor dicho, si lo hace no nos los llevaremos. Como eso no se hace, las familias no saben siquiera qué hacer para recuperar a sus hijos. Esto no lo dicen los Servicios Sociales. Al revés, hay gente de los Servicios Sociales dirigida por el poder o quién sea que vienen a decir que nosotros acosamos a los trabajadores sociales. No. Nosotros creemos que los trabajadores sociales son necesarios. Lo que pasa es que hay que darles un tipo de instrucciones diferentes a las que les están dando. Y esas instrucciones deben ir encaminadas a mejorar la familia que existe.
Aquí se mezclan dos cosas. Yo creo que los trabajadores sociales serios que no están al servicio de las empresas ni del Estado, saben que no es así. Pero es que encima, cuando nos acusan, saben que en los casos de huídas de niños y niñas de centros, algunos han vuelto gracias a la gestión de las familias en colaboración con nosotros para saber dónde están.
Todos hemos sido jóvenes y sabemos que, cuando llega la adolescencia, si podemos esparnos de vez en cuando sin que nuestros padres nos vean, lo hacemos. Claro, no es lo mismo que los padres sepan dónde están sus hijos y que se den cuenta de que uno de ellos llega tarde algún día concreto a que haya que atender a 5 niños, a 10 o a 15. Y que, además, el que les tiene que atender no es su familia. Es un técnico que, por mucho que quiera a sus hijos, nunca le podrá dar el cariño y el achuchón y el beso que le va a dar la familia. No, no estamos acosando a nadie. Estamos defendiendo a nuestros hijos.
En los centros, en nombre de la libertad, se les deja salir al entorno cercano y no se controla quién se junta con esos niños y esas niñas
¿Falta vigilancia cuando los menores tutelados salen del centro?
Claro que falta vigilancia. Entoinces ahí se juega con las palabras y se nos dice que qué queremos. Que si queremos que sea una cárcel. No, no queremos que sea una cárcel. Queremos que sea una casa. Y los padres y las madres vigilan a sus hijos. Es que es lógico. Quien lea esta entrevista sabrá que si el niño, antes de los 18 años sobre todo, repetitivamente todos los fines de semana llega a las tantas de la noche, pues los padres estarán inquietos y harán lo que sea por convencer a sus hijos de que no saldrán solos antes de que tengan la mayoría de edad y la madurez suficiente. En cambio, en los centros, en nombre de la libertad, se les deja salir al entorno cercano y no se controla quién se junta con esos niños y esas niñas. Y ahí tenemos el Caso Sana. En este momento, en la Comunidad de Madrid, como en la Comunidad Valenciana o Baleares, ya no hay ninguna duda. Si hay abiertas unas instrucciones judiciales y policiales, porque se ha detectado que, durante meses seguidos, a chicas que estaban en el centro de menores, las dejaban prostituirse. Que luego de eso echan la culpa a los padres. No, no. Si los padres no tenían la patría potestad. La tenía la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, queda en evidencia que no está funcionando bien la vigilancia imprescindible para los niños. Por eso, insistimos en que esa vigilancia vuelva a los padres. Es imposible que en Madrid haya 4.000 familias desestructuradas. Es una cifra tan alta que, si fuera así, habría que tomar medidas para estructurarlas.
El último documento que estamos entregando dice que, en el plazo de un año, el número de tutelas quedará a la mitad de lo que es hoy en toda España, empezando por Madrid. Es decir, si ahora hay entre 50.000 y 60.000 niños, dentro de un año debería haber la mitad. Y dentro de un par de años, llegar a una cifra prudente de 500, 600 o quiás 1.000 niños y niñas en toda España que necesiten un acogimiento provisional, pero no puede haber una cifra que se mantinen fija entre tanta cantidad. Porque al final, quienes vigilan a los hijos son los padres y quienes saben decir cuándo hay que dar un beso o aplicar otro tipo de medida, que siempre ha de ser una medida cariñosa, no puede ser una medida de castigo. Es que es falso que los niños aprendan mediante el castigo. Lo de la letra con sangre entra ya quedó muy atrás. Todos los que tenemos hijos o tenemos nietos sabemos que la mejor manera de llevar al camino correcto a nuestros niños es darles un abrazo o darles un beso. Y, en todo caso, motivarles acompañándoles a lugares donde pueden estar jóvenes y niños. Y cuando tengan amigos, pues que sean amigos del barrio. Es que el primer problema que se da cuando un niño es retirado a su familia, no es que se lo quiten a su familia, es que se les saca del entorno natural en el que se mueven, les sacan de los niños y niñas con quienes está en el colegio y se le crea un nuevo lugar. Y una vez que está ahí, sabe que depende de que le devulevan con su familia o no, de que sus padres sean buenos o malos. Y le obligan al niño a elegir entre el centro donde está y su familia.
Esto mejorará si de todo lo que se está diciendo se aprende que hace falta una forma de tratar a los niños y a las niñas en la casa, en la escuela y en los espacios de ocio
El Gobierno y las Comunidades Autónomas acordaban, recientemente, que para 2026 ningún niño tutelado menor de seis años viva en centros y que, antes de 2031, tampoco lo hagan los menores de diez años. ¿Cómo afrontan el futuro ante este nuevo escenario?
Si todas las medidas que pretenden no van paralelas a un cambio en la escuela, entonces es todo un cuento. Porque tampoco van a encontrar tantas familias que adopten como dicen. Respecto a datos que dan según los cuales hay 1.500 familias esperando para adoptar, estoy seguro que si se entrara bien a fondo ahí, no hay tantas familias.
Esto mejorará si de todo lo que se está diciendo se aprende que hace falta una forma de tratar a los niños y a las niñas en la casa, en la escuela y en los espacios de ocio.
Nuestras espectativas pasan por un compromiso mayor y un pacto real por las familias, porque las familias somos el eje fundamental de cualquier sociedad, ya sea más antigua o más moderna, sin familia, sin hijos no hay vida. Hay los conflictos que estamos viendo todos los días y que son un síntoma de que es la sociedad en su conjunto la que no cuida suficientemente a las familias. Por tanto, lo más importante es aprovechar este momento para cambiar el enfoque. El problema no es que haya unas cuantas familias desectructuradas, sino que la sociedad no está bien estructurada. No hemos resuelto cómo tienen que funcionar las familias en este siglo.
