El dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU quita la razón al Tribunal Supremo por vulnerar la presunción de inocencia y por saltarse las garantías preceptivas en el proceso judicial contra el juez Baltasar Garzón. El alto tribunal condenó al juez en 2012 a 11 años de inhabilitación por pinchar los teléfonos a abogados de los principales acusados en el caso Gürtel. En la resolución a la que ha tenido acceso Diario.es se insta al Estado español a ofrecer una «reparación integral» a Garzón, que borre sus antecedentes penales y le proporcione «una compensación adecuada por el daño sufrido».
Proceso “arbitrario”
La resolución indica que el proceso judicial al que se sometió al entonces magistrado de la Audiencia Nacional y que truncó su carrera fue «arbitrario«, ya que no se garantizó la imparcialidad de los jueces que participaron en la sentencia que condenó al juez. Del mismo modo, desde el organismo de la ONU se denuncia que se privase a Garzón de una segunda instancia ante la que poder recurrir su inhabilitación.
Investigando la Gürtel
El comité de Derechos Humanos dictamina que la idea de pinchar los teléfonos de los abogados de los principales acusados de Gürtel fue de la policía. Garzón adoptó entonces la decisión de llevar a cabo la petición de las fuerzas de seguridad contando para ello con el respaldo de la Fiscalía, que vio indicios de actividad delictiva en los letrados de la trama orquestada por el Partido Popular.
Reparación
El comportamiento de Garzón, aún en el supuesto de haber sido equivocado, “no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal, resultando en la pérdida definitiva de su cargo, sino más bien una posible interpretación de las disposiciones legales aplicables«. España tiene ahora seis meses para «garantizar una reparación efectiva» a Garzón por los derechos lesionados.
