Según datos oficiales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el año 2019 el total de viviendas existentes en el estado español ascendía a 25.793.323, de las cuales había alrededor de 3,8 millones en alquiler. La misma estadística señalaba que el total de viviendas vacías, en ese mismo año, se situaba alrededor de los 3,4 millones de inmuebles.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incorpora en sus barómetros trimestrales una pregunta sobre cuáles son las principales preocupaciones de los españoles, cuyos resultados desagregados, desde el año 85, pueden ser consultados aquí. Jamás en la serie histórica han aparecido expresamente la ocupación o la usurpación de inmuebles. Sí aparece un genérico “la vivienda”, que preocupaba más en los momentos de mayor dureza de la crisis hipotecaria, por lo que cabe razonablemente suponer que la mayoría de ciudadanos que marcaron dicha respuesta pensaban más en el acceso a la misma que en la ocupación irregular. “Los desahucios” y “los bancos”, también tienen relevancia estadística en la serie histórica. La ocupación irregular no.
El 14 de noviembre de 2018, la web de Cuadernos de Seguridad, una publicación para profesionales del sector, citaba un informe de la consultora Grupo VPS según el cual en España había más de 100.000 viviendas ocupadas de forma irregular. En un ejercicio de contorsionismo argumental, los autores sostenían que “la nueva ley de desahucio exprés podía generar un efecto llamada”, puesto que excluía de su ámbito de aplicación a “bancos, cajas de ahorros (en 2018) y fondos buitre”. Los desheredados de la tierra, vamos. También los principales clientes de la consultora, casualmente.
El dato, al margen de la credibilidad que merezca la fuente al ser parte interesada, es convergente con los que para el mismo periodo aportaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), al establecer la cifra en 90.000 viviendas ocupadas de manera irregular. Según informaciones recientes, en la actualidad esa cifra crecería al ritmo de unas 10.000 viviendas al año, lo que nos situaría alrededor de unas 120.000 en total.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 11 de Barcelona, Francisco González Maíllo, señalaba en mayo de 2019 a Verne (El País) que la mayor parte de ocupaciones se realizaban sobre inmuebles propiedad de bancos y personas jurídicas, siendo “excepcional” la ocupación irregular de primeras viviendas. El juez, además, puntualizaba que “en esos casos [de primeras viviendas] no se habla de usurpación –el tipo penal de lo que conocemos como ocupación–, sino de allanamiento de morada, que puede quedar resuelto en 24 horas”.
A la vista de estos datos, cabe preguntarse por qué en la actualidad se está hablando tanto de la problemática de la ocupación de viviendas. El total de viviendas ocupadas asciende a un 3,15% sobre el total de viviendas vacías, pero los anuncios de Securitas Direct sugieren que vivimos en una especie de lejano oeste jurídico, donde te vas de fin de semana a ver a tu padre al pueblo y vuelves para encontrarte que no puedes entrar en tu casa. Nadie niega que estas cosas ocurran, pero no son comunes en absoluto. Por no ser, repito, no son siquiera usurpación/ocupación, sino allanamientos de morada. Pero si los llamamos por su nombre, no conseguimos crear el estado de opinión buscado: que el gobierno no hace nada contra los ocupas, incluso los favorece; que el problema es del ciudadano, no de los grandes tenedores, que mantienen cerrados centenares de miles de inmuebles –sólo en Barcelona, más de 100.000– a la espera de que el precio de mercado los haga interesantes para vender.
¿Por qué se culpa al ejecutivo actual, cuando el tratamiento penal de la usurpación lleva inmutado desde el año 95? ¿Por qué de un tiempo a esta parte es rara la semana en que no tenemos tres o cuatro noticias relacionadas con “las mafias ocupas”, cuando el perfil de la persona que ocupa está nítidamente identificado con alguien en situación de vulnerabilidad económica sin acceso al mercado de alquiler? ¿Por qué se está tratando a brochazos gordos el problema, mezclando usurpación y allanamiento?
¿Por qué nadie señala que fue el PSOE el que reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar los desahucios? Es un hecho objetivo. ¿Por qué no hablamos de que por cada una de esas 10.000 viviendas anuales ocupadas, se han practicado 5 desahucios/lanzamientos (54.006 en 2019, según la memoria del CGPJ)? ¿Por qué no se acaba con la falacia anecdótica del “se fue de vacaciones y le ocuparon la casa”? ¿Por qué nadie se ha parado a hablar del monstruoso colapso que aqueja a la justicia en nuestro país, responsable último de la dilatación en el tiempo de esos pocos procesos por allanamiento?
Si están buscando un culpable, mírense al espejo, decía el protagonista de V de Vendetta sobre cómo la sociedad había llegado a considerar tolerable un régimen totalitario. Sé por qué lo hicisteis, sé que teníais miedo. ¿Y quién no? Guerra, terror, hambre, enfermedades… había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común.
La peculiar idiosincrasia española respecto a la vivienda –y por qué no decirlo, también al totalitarismo–, hace que nos sea fácil empatizar con esos casos dramáticos de allanamientos de morada y pedir mano dura. Nuestro concepto de la propiedad privada es que este derecho es de extensión ilimitada, cuando la propia Constitución establece límites en el interés público. La vivienda es el refugio en que el pequeño inversor deposita los ahorros de su vida. ¿Cómo no empatizar con quien no puede disponer de ella por el abuso de otro? No seríamos seres humanos. Así se va generando un caldo de cultivo, una sensación de que no se respeta la propiedad privada de quien la ha adquirido con esfuerzo y trabajo. Así se desgasta a la parte del gobierno que quiere atar en corto a los buitres financieros.
La ocupación en España es un problema menor y, fundamentalmente, de las entidades financieras y fondos de inversión. Pero al igual que si cada día los informativos abren con titulares como “Asalto a la valla de Melilla”, se acaba creando en la opinión pública la sensación de vivir en un país asediado por la inmigración, lo mismo ocurre con este asunto. Si ustedes creen que viven en riesgo de que les quiten ilegítimamente lo suyo, estarán mucho más receptivos a aceptar medidas regresivas, porque no pensarán siquiera en ello, sino en protegerse contra las mafias y los caraduras. Estamos programados para apoyar aquellas ideas que confirman nuestra visión del mundo.
Somos, en última instancia, aquel hombre, desfavorecido económicamente, al que una periodista preguntaba en USA si votaría Demócrata o Republicano. Respondía el hombre, negro como un chamizo, que Republicano, a lo que la reportera, sorprendida, replicaba “pero usted no es rico, ¿no?”. Y el pobre de solemnidad respondía: “No, pero puedo serlo algún día”.
La tesis que defiende el artículo es infumable. Defender que el fenómeno de la okupación (propio de España e inexistente en el mundo occidental) es un problema menor porque es
minoritario es como decir que el asesinato o cualquier forma de delincuencia es un problema menor por la misma razón.
No se trata de cantidades sino el hecho de que pueda existir.
Que alguien pueda ocupar una propiedad privada contra la voluntad del propietario, que tiene que seguir afrontando los gastos propios más los dedicados (en tiempo y dinero) a recuperar su propiedad, y que no tenga más castigo que el deshaucio después de un tiempo de disfrute «a gastos pagados», es indefendible aun siendo minoritario.
El estado, como no puede garantizar el derecho a la vivienda (ni al trabajo, a un salario digno, etc.), permite esta forma de delincuencia, que como siempre, deriva en tramas que
aprovechan la necesidad y permisividad para hacer negocio.
Nadie concibe que alguien se introduzca en un coche ajeno y haya que recurrir a abogados para recuperar el vehículo, aunque robar coches también sea también minoritario.
La ocupación es un fenómeno global y ha existido desde siempre, pero en cada país tiene su nombre y peculiaridades, pues no todos los países hablan castellano ni todos son idénticos a nivel social y económico.
Se nota que sabes de lo que hablas.
Totalmente de acuerdo. Me sorprenden las informaciones de este periódico que le ha dado por meterse con el Santander y con cualquiera de derechas que se mueva. De Podemos e Iglesias nada.
El culpable está claro: el gobierno que lo permite e incluso los proteje
En Barceloma es un tema recurrente y se produce en todo tipo de barrios ( bueno en zonas adineradas casi no hay ocupación y digo casi porque conozco un caso en Mirasol, una zona muy cotizada en la zona de Collserola, en la que unos okupas muy organizados han tomado de batión una torre de unos familiares hace unos 3 años y no hay manera de sacarlos de alli). Pero la solución pasa por un endurecimiento de leyes y penas paralelamente una gestión mucho mejor de la que hay hoy dia en procesos de ayuda social. Es alarmante que los intrusos en las casas ajenas tengan mas derechos que un propietario ( incluso personas juridicas ya que en el fondo también son propiedad legitima ). Que la batalla judicial sea tan larga ( me rio de los desahucios express que nunca lo son ) y que cuando la policia interviene no pueden hacer nada por defender al propietario indefenso. Toca esperar a que a algún político le ocurra un caso de okupación y entonces si que empezará a cambiar la situación aunque debemos esperar sentados ya que viven en zonas ricas y libres de okupas como de virus se tratara ( por lo menos en Barcelona ). Mientras queda soportar la gran falacia de que la propiedad privada es infranqueable.