En mi artículo de ayer ponía un poco de contexto sobre el nefasto tratamiento informativo que se está dando en España a la problemática de la vivienda. Señalaba que los datos no justifican en absoluto el alarmismo al que se han entregado los medios y puntualizaba que no es lo mismo un allanamiento de morada que una usurpación/ocupación irregular. Han sido bastantes los comentarios que me acusaban de “no saber lo que estaba diciendo” o de pensar así “porque no te ha pasado a ti ni a nadie cercano”, así que vamos con la segunda parte: el problema real.

El problema de la vivienda en España empieza con su tratamiento constitucional. Por algún motivo que habría que ir a preguntar a los padres de la Constitución, el derecho a la vivienda digna y adecuada quedó excluido de los Derechos Fundamentales y se subsumió en los principios rectores de la política social y económica. Aunque esto sea un reduccionismo, quédense con la idea de que un Derecho Fundamental puede ser reclamado directamente ante los tribunales (recurso de amparo), mientras que los principios rectores deben “orientar” la acción de los poderes públicos y no existe una vía para accionar judicialmente en amparo de los mismos. Ello implica que si no tenemos un techo, no hay obligación de la Administración Pública a facilitar uno, ni tampoco podremos ir al juzgado a reclamarlo.

Es decir, las administraciones (municipal, provincial, autonómica y estatal) no están jurídicamente obligadas a garantizar que todo ciudadano tiene un techo bajo el que meterse. Ello ha generado que la vivienda, un bien de primera necesidad, haya quedado sometida a los caprichos de la iniciativa privada y el mercado. El acceso a la propiedad de una vivienda era el hito que marcaba el paso de la clase baja a la llamada clase media y así, durante décadas, el “sueño español” era estudiar, conseguir un trabajo, casarse e hipotecarse para “dejarle algo a los hijos” el día de mañana. Además, se asentó la idea de la vivienda como un valor refugio, un bien de consumo cuyo precio siempre estaba al alza.

La ley de liberalización del suelo promulgada por el Ejecutivo de José María Aznar en el año 1998 ha sido señalada en muchas ocasiones como el punto de inflexión en la política de vivienda y la principal culpable de la posterior burbuja inmobiliaria. Esto es cierto, pero solo en parte. La mera liberalización del suelo no habría tenido la capacidad de disparar los precios, sino todo lo contrario – a mayor oferta e igual demanda, el mercado se autorregula bajando el precio, dice la teoría liberal–. Además, el aumento del número de propietarios tendría un retorno en forma de impuestos a la propiedad, lo que mejoraría las cuentas públicas. Era un plan de la leche, al menos sobre el papel.

Ocurrió justo lo contrario. Los liberales tienden a subestimar la infinita avaricia del ser humano. Las entidades financieras empezaron a relajar los requisitos para acceder al crédito hipotecario y los políticos en los consejos de administración de las Cajas de Ahorros dejaron de lado su función de servicio público y abrazaron los pingües beneficios que se generaron a corto plazo.

La vivienda pública comenzó a ser algo que cada vez se daba menos. Estábamos a principios del siglo XXI y España recibía inmigración abundante, principalmente de países de Latinoamérica, un mercado floreciente al que no iban a renunciar los que miden la vida en cuentas de resultados. Las entidades financieras empezaron a presionar a los inmigrantes para que abrazasen el sueño español de la propiedad. La vivienda nunca baja. Vas a pagar poco más que de alquiler y el día de mañana al menos tienes algo. ¿Quién en su sano juicio se podría negar?

El precio de la vivienda empezó a escalar a una velocidad que avergonzaría a Juanito Oiarzabal. Las hipotecas, concedidas a tipo variable, subían de precio al mismo ritmo. La especulación, pese a ser algo indeseable (véase el artículo 47 de la Constitución), fue consentida, cuando no alentada. Inmuebles que aún no habían sido siquiera construidos cambiaban de mano dos o tres veces antes siquiera de que se pusiera el primer ladrillo y cada cambio llevaba su correspondiente margen de beneficio, que se sumaba al anterior. Nadie pensó durante ese tiempo en los menos favorecidos, los que ni así eran capaces de acceder a la vivienda en propiedad. Los parques públicos de viviendas, ya escasos, fueron desapareciendo o adelgazando, y el posterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque creó un Ministerio de Vivienda, no puso en marcha un plan de vivienda pública y tampoco lo hicieron la mayoría de Comunidades Autónomas.

Cuando en el año 2007 saltó por los aires la burbuja inmobiliaria, las cosas se pusieron muy feas. Los bancos empezaron a ejecutar hipotecas a diestro y siniestro y las palabras lanzamiento y desahucio entraron a formar parte de nuestro vocabulario cotidiano. La modernísima Ley Hipotecaria en vigor, que databa de 1946, permitía a las entidades financieras ejecutar las hipotecas desde el primer impago. Además, permitía a los bancos quedarse con los inmuebles por valores mucho más bajos a los tasados y dejaba a los ejecutados – aplaudo la elección de esta palabra en concreto– con monstruosas deudas perpetuas y condenados a una especie de muerte en vida, expulsándolos en muchos casos a la marginalidad y a eso que hoy llamamos economía informal y que toda la vida se ha llamado currar en negro.

El fenómeno de la ocupación irregular de inmuebles no nació con la crisis hipotecaria ni sus consecuencias. Por el contrario, es un fenómeno global que varía de forma y tipología en cada país del mundo. A España entra en los años 80, a imagen y semejanza de los squatters de Reino Unido, un fenómeno indisoluble de la llegada al poder de Margaret Tatcher y el auge de la cultura punk. En aquel entonces la causa principal de la ocupación irregular era principalmente reivindicativa y, como tal, apenas tenía repercusión alguna más allá de la villa o ciudad en que se producía. Exactamente lo mismo que ocurría en España.

Lo que sí hizo la crisis de 2008 fue poner de manifiesto que los poderes públicos habían hecho dejación de funciones en materia de vivienda pública. Cuando los ejecutados se iban a la calle, las administraciones no disponían de un parque de vivienda pública o, si lo hacían, era tan reducido que en modo alguno podía absorber todo el volumen de personas desahuciadas. La creación de la SAREB fue una oportunidad de oro para corregir ese mirar para otro lado, pero al ejecutivo de Rajoy no le importaban los pobres. Fue la sociedad civil, en forma de  Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la que se erigió en muro de contención de los abusos bancarios. Nuestra justicia hizo otro de sus ridículos espantosos cuando, de forma sistemática, los tribunales europeos fueron amortiguando los abusos de la desigual relación jurídica entre hipotecante e hipotecado. Lo que no habían hecho nuestros tribunales, vamos.

De nuevo se empezó a hablar de vivienda pública. De expropiar pisos a los bancos. De la finalidad social de la vivienda. Se propusieron soluciones intermedias como la expropiación de la posesión (la tenencia y uso de un inmueble, dejando la propiedad inalterada) o los alquileres sociales. Los de Rajoy promulgaron una ley de flexibilización del mercado de alquiler como respuesta. Recortaba la duración mínima de los contratos y permitía a los propietarios elevar las rentas con mayor facilidad, lo que sumado a la dificultad para el acceso al crédito que llevó a muchas familias a optar por el alquiler en lugar de la compra y trasladó la burbuja del mercado hipotecario al arrendaticio.

Cuando en las grandes ciudades empezaron a alquilarse zulos como el de Ortega Lara a precios de chalé en la Moraleja, empezó el drama de muchas familias que ya no podían hacer frente tampoco a un alquiler. Y así creció un nuevo tipo de okupa: el que lo hacía por necesidad. Este tipo de ocupante irregular, en la gran mayoría de casos, usurpaba y usurpa viviendas de grandes tenedores y fondos de inversión. No existe un afán lucrativo, sino una necesidad que los poderes públicos no han querido afrontar en los más de cuarenta años transcurridos desde que Franco hizo el mejor servicio a la patria de su miserable vida y se fue a criar malvas.

Objetan los críticos con la “permisividad” legal que los particulares y las empresas no tienen por qué soportar las molestias y quebrantos que desde lo público no se han querido o sabido afrontar. En el caso de los particulares, suscribo la idea. Pero tengo muchas más reticencias con las empresas y, en concreto, las entidades financieras, a las que considero responsables directas de lo ocurrido durante la última década. Es intolerable que se mantengan miles de inmuebles vacíos mientras hay personas que duermen en un cajero o se asean en una cuadra con un cubo y una esponja. Es vergonzoso que se pretenda criminalizar a las víctimas de una gran estafa que hemos pagado todos y es insultante que no se les haya pedido cuentas a las mismas entidades a las que hemos rescatado con dinero público cuando la irresponsabilidad en la gestión de sus negocios las llevó a situaciones de peligro.

Esa es, en el fondo, la mentalidad española: ser implacable con el débil y servil con el poderoso. Los mismos que dicen que se ocupan irregularmente viviendas particulares son los mismos que se ciscan día sí y día también en aquellos que defienden la necesidad de un parque de vivienda en régimen de alquiler social. La ocupación de inmuebles particulares está en los medios porque es un discurso fácil de vender, más si se dirige contra los representantes del único partido del arco parlamentario estatal que ha abogado públicamente por políticas institucionales de vivienda.

Un bien de primera necesidad no puede ser objeto de especulación. Una problemática social como la vivienda no se soluciona con mano dura. En España no hay un problema de permisividad, es falso: nuestra legislación penal es de las más duras del continente europeo. Los que piden mano dura y claman contra la ocupación de inmuebles particulares son los mismos que no votarían a un partido que llevase en su programa electoral un plan masivo de vivienda pública, porque eso, dicen, es cosa de rojos. Así que hablan y gritan sobre lobbies y mafias okupas, como si fueran expertos en la materia, cada vez que Telecinco, Antena 3 o el medio de turno deforman la realidad y la repiten mil veces hasta que nos la creemos como verdadera. Porque así, cuando empiecen de nuevo los desahucios, todos estaremos mucho más receptivos a que la ley sea implacable con los ofensores.

Pero bueno, qué sabré yo sobre vivienda, como me señalaban en los comentarios del artículo anterior: al fin y al cabo, solo soy un humilde jurista que se ha dedicado a la gestión inmobiliaria durante los últimos doce años.

Apúntate a nuestra newsletter

11 Comentarios

  1. Me parece muy bien la argumentación que hace sobre las «posibles» causas de la okupación en España. Sin embargo, como conocedora del problema le digo que okupas por «necesidad» hay muy pocos, casi contados con los dedos de una mano…. lo que hay es mucho jeta ( y aprovechao que dirían en mi tierra) que ha hecho de la okupación su modo de vida. Que se cree con todos los derechos del mundo (y muy pocas obligaciones) para tirar abajo una puerta porque es de un banco y claro, yo quiero una casa o un piso (pero no pagar, ni doblar el lomo). Hay una masa de personas que no estamos en contra para nada de la vivienda social ( si se hace su adjudicación en base a criterios «reales» y contrastados de necesidad) ni de alquileres sociales, ni de que las grandes empresas y bancos tengan que «ceder» parte de su parque de vivienda para atender esta necesidad. Estamos en contra de quien vive a costa del resto, sin doblar el lomo, con todos los derechos a ayudas posibles y encima que no paguen por la vivienda. ¡Basta ya!

  2. El autor sigue defendiendo la tesis de que la «okupación» de viviendas particulares es minoritaria, que la mayoría son propiedad de bancos culpables, y por tanto merecedores de
    okupaciones.
    Sin entrar de nuevo en la aberración que supone considerar que no hay un problema porque no es demasiado frecuente. Con uno solo de la infinidad de casos sangrantes que tanta gente ha padecido, es suficiente para considerarlo un problema muy real. Viene al pelo la comparación con el Covid-19, que para mucha gente no es un problema porque no le ha tocado… todavía
    Hasta donde yo sé, y conozco algunos casos, los okupas no van al Registro de la Propiedad a verificar la titularidad de la vivienda. Solo buscan la oportunidad de ocuparla: que no haya
    nadie en ese momento, que se pueda acceder sin correr mucho peligro, y también la posibilidad de usar los métodos legales de okupación… En fin, vamos a dejar la ingenuidad y bonhomía okupa al margen.

  3. Aborda el autor el problema de la falta de vivienda social. Como ya tengo una edad, he conocido épocas en las que se hicieron viviendas sociales. Me confesaba un alcalde de izquierdas de una pequeña ciudad, que no lo volverían a hacer jamás. Por más trabas legales que se pusieran, acababan siendo motivo de especulación (por supuesto con dinero negro) porque los adjudicatarios lo que querían era convertir la adjudicación en dinero y no asumir ningún gasto, algo que les era ajeno quizá por falta de costumbre o por el ahorro que esta costumbre supone, además del efecto llamada que producía: venían a empadronarse para conseguir una adjudicación que de una forma u otra convertían en dinero y desaparecían del municipio.
    En cuanto a viviendas sociales en alquiler, hay casos donde es cierto que no pueden pagar ni ese alquiler, pero hay muchos otros en los que al comprobar que no pasa nada por no pagar ni alquiler, ni luz, ni agua ni nada por ser «colectivos vulnerables», pues no se paga y de esta forma se pueden permitir otros gastos (el okupa de chalet adosado que salió en las noticias hace poco es un simpático paradigma, cuando mostraba orgulloso su tv. de plasma de 60 pulgadas (o más) diciendo que porqué no iba a tener él una tv. de plasma como los que pagan alquiler).
    Pediría algo más de coherencia al autor. En su escrito se puede leer: «Los liberales tienden a subestimar la infinita avaricia del ser humano»… Es de suponer que se refiere a ricos, pobres, rojos, azules, verdes, amarillos … No hay matices. Pues bien, yo añadiría que el ser humano, cuando se siente impune, tiende a delinquir, porque todo el mundo piensa que merece más de lo que tiene.

    • Gracias por su respuesta, anónimo y especialmente por el tono sosegado, tan atípico estos días.

      No me cabe duda que la vivienda social puede traer aparejados problemas de abuso. Es más, estoy seguro de ello. En cualquier lugar donde se pueda obtener un beneficio, habrá quien intente hacerlo. Sin embargo, creo que esa forma de pensar nos lleva a la trampa de la inacción: puesto que toda solución traerá aparejados nuevos problemas, no hagamos nada. Personalmente, creo que se podrían habilitar formas de controlar esos abusos y reducirlos: itinerarios formativos y de capacitación laboral, mejor control del uso de los inmuebles, etc.
      Personalmente, creo que de nada sirven medidas contra la pobreza si no se acompañan con planes de reciclaje y reinserción laboral.

      Respecto a lo que comenta de las viviendas sociales en alquiler, creo que puedo remitirlo al párrafo anterior. Matizaría que ese caso que usted señala del simpático ocupa no es la regla general, al menos no en mi experiencia. Y añadiría que no en todas las ciudades de España (ya no entro a pueblos) hay vivienda social. En Vigo, donde yo vivo, no queda ninguna e incluso el ayuntamiento ha enajenado algunas en los últimos años.

      Acepto la crítica sobre la poca concreción de esa frase, creí que se entendería por el contexto: me refiero a que los teóricos del libre mercado (liberales económicos) sostienen la tesis de que el mercado va a tender siempre a equilibrar oferta/demanda, cosa que podemos ver en la realidad que no es cierta.

      Sobre que todo el mundo tiende a delinquir cuando se siente impune, puedo estar de acuerdo. Pero tampoco olvidemos que en ciencia penal hay un amplio consenso en que la dureza de las legislaciones no disuade al criminal. Y existen delitos para la defraudación de suministros, etc, así que creo que a veces hablamos de impunidad con demasiada ligereza.

      Un saludo y gracias por su crítica.

  4. Para rebatir otra afirmación categórica del autor, cuya competencia jurídica no cuestiono, expondré un caso que he sufrido, en el bloque de viviendas donde vivo, de clase media baja con muchos jubilados, en una pequeña ciudad.
    Se introdujeron, (con la ayuda de alguna ONG porque la inmobiliaria que les alquiló pide datos de ingresos que justifiquen que hay posibilidad de pagar) una pareja joven de gitanos
    rumanos con una niña pequeña. No pagaron nada desde el primer día. Al cabo de un tiempo, la mujer le preguntó a un vecino porqué no funcionaba la luz, y éste le explicó que la luz si no pagas la cortan (ahora creo que no se puede). Un año y medio tardó la justicia en deshauciarlos, un infierno para los vecinos, con fiestas multitudinarias que podían durar toda la noche.
    El propietario recuperó la propiedad en un estado indescriptible, se habían llevado hasta los pomos de las puertas… Todo esto impunemente ¿donde está esa legislación que menciona el autor? — «nuestra legislación penal es de las más duras del continente europeo»—
    Pues bien, a la semana siguiente estaban ocupando (legalmente de nuevo) otra vivienda en un barrio alejado de éste. La pareja se dedicaba a la «Industria de la Caridad» (Expresión acuñada por Fidel Castro, que no era precisamente un liberal) pero solo la mujer la ejercía. El individuo, joven, con lo que se ahorraba en alquiler, se dedicaba a coger un taxi regularmente para ir del centro a su nuevo domicilio, algo que no he hecho en mi vida porque en esta ciudad se puede ir andando a todos los sitios.
    Este es el caso más reciente que he vivido, pero conozco más, incluso el de un funcionario-okupa hace ya años, con la legislación franquista, y también muy cercano. A algunos nos produce inquietud no pagar, pero hay muchos que lo encuentran muy gratificante, sobre todo si no hay castigo.

    • Gracias por su comentario y el respeto en el tono.

      El caso que indica, si bien no dudo de lo que comenta (y tal vez por deformación profesional), no me atrevo a valorarlo sin conocerlo más en profundidad. En los años que he sido agente inmobiliario me he llevado todo tipo de sorpresas, con inquilinos y también con propietarios. Desde luego, por lo que describe, es un auténtico abuso. Pero soy reticente a hacer reglas generales, sea de los muy buenos o de los muy malos.

      Lo de la dureza del código penal no es algo que diga yo, lo dice un informe del Consejo de Europa y un amplísimo sector de la doctrina jurídica. Si tiene interés, en Google encuentra amplia información al respecto.

      Discrepo en la parte en que afirma que no hay castigo. Si se refiere a que la pena de multa puede quedar sin ser abonada, el Código Penal contempla la sustitución de cuotas impagadas por días de cárcel. Otra cosa es que usted crea que es demasiado laxo, que es una opinión respetable, pero que no comparto.

      Un saludo cordial.

  5. Aborda el autor el problema de la falta de vivienda social. Como ya tengo una edad, he conocido épocas en las que se hicieron viviendas sociales. Me confesaba un alcalde de izquierdas de una pequeña ciudad, que no lo volverían a hacer jamás. Por más trabas legales que se pusieran, acababan siendo motivo de especulación (por supuesto con dinero negro) porque los adjudicatarios lo que querían era convertir la adjudicación en dinero y sin asumir ningún gasto, algo que les era ajeno quizá por falta de costumbre o por el ahorro que esta costumbre supone, además del efecto llamada que producía: venían a empadronarse para conseguir una adjudicación que de una forma u otra convertían en dinero y desaparecían del municipio.
    En cuanto a viviendas sociales en alquiler, hay casos donde es cierto que no pueden pagar ni ese alquiler, pero hay muchos otros en los que al comprobar que no pasa nada por no pagar ni alquiler, ni luz, ni agua ni nada por ser «colectivos vulnerables», pues no se paga y de esta forma se pueden permitir otros gastos (el okupa de chalet adosado que salió en las noticias hace poco es un simpático paradigma, cuando mostraba orgulloso su tv. de plasma de 60 pulgadas (o más) diciendo que porqué no iba a tener él una tv. de plasma como los que pagan alquiler).
    Pediría algo más de coherencia al autor. En su escrito se puede leer: «Los liberales tienden a subestimar la infinita avaricia del ser humano»… Es de suponer que se refiere a ricos, pobres, rojos, azules, verdes, amarillos … No hay matices. Pues bien, yo añadiría que el ser humano, cuando se siente impune, tiende a delinquir, porque todo el mundo piensa que merece más de lo que tiene.

  6. He leído detenidamente el nuevo articulo de Oscar Gonzalez. Ciertas afirmaciones no pueden provenir de un jurista que en teoría debe saber como son las legislaciones actuales de otros paises europeos en materia de okupación. ¿Por que nos ofrece una visión de mano dura en España cuando no la hay?¿ Por que pone como origen de todos los males un texto del 78 elaborado por militares y políticos al servicio de los primeros?. Francia tiene sistemas mucho más ágiles y efectivos para solucionar estos casos, tampoco ha mencionado que el sistema holandés es altamente eficiente en vivienda pública y en materia de okupación ya que en 15 días son capaces de resolverlo.
    No puedo creer que el autor haga recaer todo el peso de esta problemática en los incautos y malvados propietarios de pisos que han pagado sus hipotecas y sus respectivos impuestos y que ayuntamientos o poderes públicos se vayan de rositas. Por cierto¿ cuanto hicieron los municipios cuando habia superhabit ( en Barcelona la hubo ) en epoca de crisis ? Por que no se construyó vivienda pública cuando podían hacerlo ?
    Lo que todos tenemos claro es que esta situación tiene que cambiar para ambos lados de algún modo u otro ya sea políticamente o socialmente pero empezar a buscar culpables y culpados es como decir que todo empezó en el cretácico superior cuando los dinosaurios dominaron la tierra, al final sabemos de historia pero no soluciona el presente. ¿Por que si Oscar es jurista no ofrece soluciones o posibles soluciones ? Yo lo responderé : simplemente por que no las tiene.

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre