Aparatos eléctricos que dejan de funcionar, bombillas que apenas duran o productos irreparables. Cada vez, los productos duran mucho menos. Desde hace mucho tiempo han dejado de ser para toda la vida y ahora tienen un ciclo de vida muy corto, lo que obliga a los usuarios a estar consumiendo constantemente bienes.
Es lo que se conoce como obsolescencia programada, es decir, la programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un período de tiempo calculado por el fabricante, éste queda inservible u obsoleto. De hecho, la reparación en muchos casos supera el precio del producto, por lo que al consumidor no le queda más remedio que comprar un nuevo producto.
El caso de los smartphones es el mayor exponente de esta problemática social. Aunque su vida útil es, en teoría, mucho mayor, un móvil dura en el bolsillo de un consumidor español una media de 20 meses, según Kantar Worldpanel.
De esta forma, la obsolescencia programada obliga al consumidor a moverse en una rueda circular de comprar, tirar y comprar. Pero, ¿se puede luchar contra esto? La respuesta es sí. De hecho, ya existen casos de empresas que lo están llevando a cabo.
En el caso de la telefonía móvil, la empresa Fairphone ofrece teléfonos modulares que tienen una duración media de 5 años y son fáciles de reparar, mientras que una de las marcas más famosas de España, Casio, sigue apostando por productos que duren toda la vida.
Pero hay más ejemplos. Convencido de que era posible acabar con este problema, que además es beneficioso para el medio ambiente, Benito Muros hizo tambalear los cimientos de la industria eléctrica con la creación de una bombilla que duraba 90 años. A partir de ahí, creó la Fundación Feniss, que reconoce con el sello ISSOP la labor de las empresas comprometidas con la economía del bien común. “Se trata de dar visibilidad a las empresas que trabajan por el respeto por el medio ambiente y por las personas, con productos de calidad, éticos y sostenibles”, explica Muros.
Empresas como Fairphone o Casio apuestan por productos sin caducidad de uso
Actualmente pocas empresas tienen este distintivo, pero teniendo en cuenta que cada vez más el usuario está dispuesto a valorar la ética y sostenibilidad de las empresas, es probable que cada vez más se vayan sumando a esta iniciativa, que, aunque no lo parezca, si es rentable para las compañías. Y lo es no solo por una cuestión de imagen, sino por una cuestión económica ya que permitir al usuario comprar piezas a la firma para reparar el producto o aumentar el precio de los aparatos ofreciendo mayor ciclo de vida.
“El sistema actual basado en el crecimiento permanente con producto de baja calidad, está diseñado para que el empresario se lucre rápidamente fabricando productos baratos en países donde no se respetan los derechos humanos ni laborales, pero cada vez son más las personas y empresas que prefieren productos de calidad y respetuosos con el medio ambiente”, explica Muros, quien, además, alega que “es ético, responsable y muy necesario si queremos conservar nuestro planeta para nuestros hijos”.
Sin embargo, esta no es la única iniciativa que gira en torno a esta problemática. El proyecto Alargascencia, un directorio recopilado por la ONG Amigos de la Tierra, recoge aquellos negocios que se dedican principalmente a reparar y recuperar objetos. De esta forma, han creado un mapa que señaliza donde están los establecimientos que arreglan desde prendas de vestir hasta bicicletas para seguir usándolas.
La fundación ha pedido a los políticos españoles en una carta que incluyan en sus programas una ley contra la fabricación de productos con fecha de caducidad.
¿Qué ocurre en otros países?
Al igual que sucede en otros asuntos, la legislación española está atrasada respecto a otros países, aunque no es la peor ni mucho menos. Respecto a la lucha contra la obsolescencia programada, es Francia uno de los ejemplos a seguir. Nuestros vecinos aprobaron el pasado año la Ley de Transición Energética.
El futuro de la economía se mueve hacía un tipo de economía basada en los principios de sostenibilidad y ética
Dicha ley, además de recoger muchas medidas para cambiar el modelo energético promoviendo las fuentes renovables, el transporte limpio y la edificación sostenible, incluye una serie de políticas para poner fin a la práctica de la obsolescencia programada. De hecho, las sanciones pueden llegar hasta 300.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los fabricantes que programen de manera consciente el fin del uso de sus productos.
Estas políticas también fueron y son muy defendidas por FACUA-Consumidores en Acción. Para la asociación defensora de los consumidores “la inclusión en electrodomésticos y dispositivos digitales de componentes programados premeditadamente para que dejen de funcionar en un número de usos o tiempo determinados constituye un fraude en toda regla para sus compradores”.
De hecho, Facua va mucho más allá y ve el fin de la obsolescencia programada como una posible solución a la crisis económica. “La solución a la crisis debe pasar por el fomento de una economía basada en un nuevo modelo que esté fundamentado en principios comerciales sostenibles, los cuales propicien una producción responsable de bienes duraderos, respetuosa con los derechos y garantías de los consumidores”, añaden.
En este sentido, existe un gran consenso entre asociaciones y algunas fuerzas políticas para alargar la vida de los productos y luchar contra este mal llamado obsolescencia programada. El futuro de la economía, a fin de cuentas, se mueve hacía un tipo de economía basada en los principios de sostenibilidad y ética. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, especialmente en cuanto a normativa y legislación que ampare los derechos de los consumidores.
