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La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal otorgará a los fiscales la dirección de la investigación

El ministro de Justicia ha señalado que la nueva LECRrim es “una norma de consenso que construye país, que avanza en el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las garantías democráticas”

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que en las próximas semanas llevará el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) al Consejo de Ministros. El ministro ha señalado que la nueva LECRrim es “una norma de consenso que construye país, que avanza en el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las garantías democráticas”. En ese sentido, Campo ha explicado que la nueva norma propondrá una regulación completa y detallada de la información judicial, distinguiendo su alcance en cada fase procesal sin olvidar los derechos de las víctimas o el propio acusado. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal otorgará a los fiscales la dirección de la investigación y además la acusación popular no podrá ser ejercida por partidos políticos

Como novedad, el ministro de Justicia ha destacado que por primera vez la norma regula las comunicaciones con los medios y garantiza su acceso a informaciones de interés social. Del mismo modo, Campo ha explicado que la nueva LECrim establece importantes limitaciones, como son aquellas dirigidas a la protección de la intimidad de las víctimas menores de edad, así como la protección de la integridad, el honor y la intimidad de investigados, testigos, peritos o demás intervinientes, limitando la difusión de sus imágenes cuando no revisten interés informativo o no se trate de un hecho socialmente relevante.

Desde la tribuna, Campo ha mostrado el deseo de que la nueva ley sea “producto de un profundo diálogo con todas las fuerzas políticas y los miembros de la comunidad jurídica”, ya que considera que la nueva LECrim “es una norma medular para nuestro ordenamiento”.

Finalmente, el ministro de Justicia ha señalado que el anteproyecto viene a responder a una demanda histórica en nuestro país: la superación del modelo proceso penal decimonónico, y ha indicado que “tenemos una norma de 138 años que está totalmente desfasada y que no encaja con la realidad social ni jurídica actual. Para poder superarla hace falta entendimiento y construcción colectiva”.

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