Cuando se ha desencadenado la agria polémica sobre la nueva Ley de Educación de la ministra Celaá, la octava de la democracia, las tertulias televisivas y radiadas y los artículos de profesionales de la pedagogía, profesores y políticos proliferan. En todas ellas el lamento de los participantes es unánime sobre la falta de entendimiento y consenso entre los partidos para aprobar una ley que sea la definitiva, tras cuarenta y cinco años de democracia, durante la que se han llevado a cabo algunas reformas de las leyes franquistas, inmediatamente retiradas cuando cambiaba el gobierno.
En Radio Nacional, en el Programa No es un día cualquiera del 28 de noviembre Carles Mesa, el locutor, pregunta por qué es tan difícil que los políticos se pongan de acuerdo en un tema de tanta trascendencia para la gente y el futuro del país. Dos expertos de la educación, Enric Prat, pedagogo, y Carmen Pellicer Iborra, teóloga, directora de Cuadernos de Pedagogía y del Instituto de Escuelas CC Religiosas, concluyen que la dificultad para lograr el consenso entre todas las fuerzas parlamentarias para arbitrar las condiciones generales del sistema educativo y las especiales de cada grado y materia, son los recuerdos que los gobernantes y diputados mantienen de sus años escolares y que provocan sentimientos que influyen en cada uno de los que intervienen en la ardua tarea de redactar la ley.
Todos, argumenta Enric Prat, profesor de pedagogía que ha escrito un libro “L’escola importa”, hemos ido a un colegio de pequeños y los recuerdos emocionados que tenemos de aquellas etapas influyen mucho en las decisiones que más tarde hay que tomar respecto a la clase de escuela y la formación educativa. Carmen Pellicer recuerda que hay que mantener la libertad de los padres para escoger la educación que desean para sus hijos y el profesor añade que si se suprimiera la escuela concertada en un momento, el 35% de los niños se quedarían sin plaza. Y Carmen Pellicer añadió que si no se cobraban algunos extras a las familias la escuela concertada esta no recibe suficientes fondos del Estado ni para pagar la calefacción. Ninguno, ni aún insinuó, que el Estado debería construir la escuela pública que nos falta y dotarla de los fondos suficientes. No es una casualidad que ambos docentes aceptaran como natural que se hubiese suprimido de la Ley la declaración de que el castellano es la lengua vehicular de España. Una es catalana y el otro valenciano, y a pesar de su talante evidentemente conservador deben preferir defender la preeminencia del catalán, al valenciano también le atribuyen la categoría de idioma propio, a la universalidad del español.
Se habló de alguno de los graves problemas que arrastra la enseñanza en España y que aún después de la dictadura nos sitúa entre los países más atrasados en ese sector de la producción. Con un abandono del 17% de los grados primario y secundario es el país con más fracaso escolar que multiplica la media europea situada en el 7%. La brecha digital, que se ha hecho evidente cuando se desencadenó la pandemia, visibilizó más la distancia de preparación y capacitación que separa a las clases trabajadoras de la pequeña y mediana burguesía. El 40% de los niños de los barrios obreros no tiene ordenador en casa, o debe compartirlo con sus padres que están teletrabajando, y ni ellos ni su familia posee los conocimientos suficientes para seguir el método de conexión ni atender con concentración las clases a través de la pantalla.
A la vez, la burguesía envía a sus hijos a las escuelas extranjeras: alemana, suiza, británica, estadounidense, francesa, donde no sólo se aprenden otros idiomas sino que se raciona muy rígidamente el tiempo que los menores dedican a las tareas digitales, dado el resultado de absorción y merma de facultades intelectuales que provoca el uso continuado de los aparatos digitales. (Ver, La fábrica de cretinos digitales – Michel Desmurguet) Por ello, cuando se decretó el confinamiento, esas familias consiguieron los expertos necesarios para que los hijos pudiesen proseguir sus estudios telemáticamente o con clases particulares presenciales.
En esas escuelas, como en otros centros privados, se prepara a los futuros directores de banco, gerentes de empresas, presidentes de consejos de administración, políticos y gobernantes de derecha, ingenieros, investigadores y científicos, que irán a perfeccionar estudios a Alemania y EEUU. Lo escribo en masculino puesto que la última encuesta dice que solamente el 17% de los cargos directivos están ocupados por mujeres.
Una escuela concertada religiosa es el nido de domesticación de los hijos de la mediana y pequeña burguesía, y según la categoría de la misma, de una clase media pretenciosa y reaccionaria que no quiere que sus hijos se mezclen con los que pertenecen a las clases proletarias, los de emigrantes de todas nacionalidades, gitanos, obreros, campesinos, y sin profesión. Por un criterio práctico racional, ya que esos estratos sociales son los que llenan la escuela pública, que acoge el 90% de los hijos de los emigrantes y refugiados extranjeros con lo que el nivel de la enseñanza es el más bajo de todos, con un 30% de abandono escolar en la ESO. Esa escuela concertada que selecciona todo lo rígidamente que puede la matrícula de sus alumnos y de la que 70 colegios segregan por sexos, ha adquirido el prestigio que ha perdido la pública, porque no admite a esa purria de población que tiene refugiarse en esta.
Pero eso no significa que el nivel de la enseñanza sea muy superior, la mayoría de las escuelas religiosas, con la excepción de algunas órdenes de élite, no se distinguen por sus extraordinarios resultados educativos. Lo que si consiguen es adoctrinar a su alumnado que a partir de la mayoría de edad será en buena parte votante de las formaciones políticas de derecha.
Según gobierne el Estado o las Autonomías uno u otro partido, la ley de educación se inclinará a proteger, propiciar y financiar mejor una clase de escuelas que otras, según esté defendiendo los intereses de una u otra clase social.
Cuando se oyen debates como el que han sostenido en Radio Nacional los participantes citados, o se leen las dramáticas declaraciones de los profesores, políticos, periodistas y demás expertos haciendo continuos llamamientos al entendimiento y el acuerdo de los partidos para consensuar una Ley de Educación duradera que beneficie “a toda la sociedad”, me pregunto de qué habrán servido dos siglos de luchas sociales, rebeliones e incluso guerras, entre el Capital y el Trabajo para intentar repartir los beneficios sociales y económicos de que hasta ahora sólo disfrutan los ricos. Estos comentaristas no parecen saber nada de la lucha de clases.
La II República, regida más por intelectuales liberales que por economistas marxistas, intentó transformar el patético sistema educativo que había regido hasta entonces bajo el poder de los partidos liberal y conservador, poco diferentes, y la égida de la Monarquía y la Iglesia. Siguiendo los principios de la Institución Libre de Enseñanza introdujo la igualdad en la escuela, suprimiendo la privada, y quitándole todos los privilegios y beneficios a las órdenes religiosas a las que se prohibió enseñar. E intentó potenciar la investigación y la ciencia. Por eso acabaron con la República. Los grandes investigadores, científicos y humanistas formados en aquella escuela tuvieron que exiliarse y aquí nos quedamos con Ortega y Gasset y Xabier Zubiri y los obispos y religiosos que dictaban la doctrina y las normas de la enseñanza.
Y hoy, la división de clases rige la enseñanza de la misma manera que hace ochenta años. Con la desventaja añadida de que la Unión Europea, ese club de ricos donde son admitidos con desprecio los países pobres como Grecia y España, nos ha adjudicado como fundamental sector de producción el turismo, y por tanto, ¿para qué hay que enseñar filosofía y matemáticas a la mayoría de la población que ha de dedicarse a servir platos? Para cumplir con fidelidad las instrucciones económicas de la UE ya tenemos unos cuantos directivos formados en los centros privados españoles y estadounidenses.
En definitiva, aunque lo pretendan sus redactores la nueva ley de Educación no es tan nueva. Las reformitas que trae no garantizan que se acabe con el fracaso escolar, sólo frena un poco el avance de la escuela concertada quitándole algo del terreno público del que quizá podía beneficiarse, pero en tiempos de crisis económica, que serán largos, y de radical descenso de la natalidad, no se necesitarán muchas más plazas escolares, y como ya me han advertido los conformistas, el castellano no ha sido lengua vehicular en la escuela catalana desde el gobierno de Pujol, de modo que no se notará la diferencia.
Lo peor de este tiempo es que la pandemia del corona virus ha hundido el turismo y habremos de vivir de las limosnas europeas, para lo cual, ciertamente no hace falta acumular mucha sabiduría.
