Por allá por donde pasa el coronavirus solo queda un rastro de enfermedad, muerte y desolación. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, epicentro de la epidemia en España, no se ha salvado del contagio. En las últimas horas, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha retirado a Ciudadanos, su socio en el Ejecutivo regional, las competencias sobre las residencias de ancianos ante la nefasta gestión que ha provocado al menos 1.065 muertos por diferentes causas desde el 1 de marzo. Probablemente resultará imposible saber el alcance real de la tragedia, ya que muchos fallecidos fueron enterrados o incinerados sin ser sometidos a pruebas diagnósticas. En todo caso, el daño que el covid-19 está ocasionando en las residencias de la tercera edad resulta devastador, toca de lleno a la imagen de Díaz Ayuso como máxima responsable de la situación de emergencia que vive Madrid y abre una crisis innegable en la coalición de derechas madrileña sustentada por Vox.

El drama de las residencias de ancianos se ha convertido en una bomba de relojería para Díaz Ayuso. El contagio masivo en los centros asistenciales es de tal magnitud que en los últimos días el Ejército se ha visto obligado a intervenir para desinfectar las instalaciones. Sin embargo, hasta el momento nadie logra atajar el número de infecciones. Ha pasado ya más de una semana desde que comenzó la pesadilla y los abuelos siguen muriendo en estos centros públicos y privados competencia del Gobierno autonómico. El Ejecutivo regional no solo no termina de aclarar el número real de ancianos fallecidos por el virus y por otras dolencias sino que aún no ha transformado las residencias en unidades medicalizadas, una medida crucial para frenar la epidemia, ni ha incrementado los fondos de ayuda para proteger del contagio a todas las instituciones de la tercera edad. A fecha de hoy, lo único que ha hecho Díaz Ayuso −más allá de criticar con tenacidad la gestión de Pedro Sánchez− ha sido proceder a la desinfección de los centros asistenciales, algo que ni siquiera puede atribuirse a su iniciativa, ya que como todo el mundo sabe el Ejército español depende de la Administración central.

Consciente de que la crisis de las residencias le ha explotado en la cara, y en medio de las críticas de todo tipo por el caos y el descontrol de los últimos días, la presidenta regional ha decidido que el PP asuma todas las competencias, ninguneando a Ciudadanos, su principal socio de Gobierno. De esta manera, la Consejería de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz-Escudero (popular), asumirá el control de los geriátricos, que hasta ahora formaban parte del Área de Políticas Sociales, liderada por Alberto Reyero de Cs. En otras palabras, los populares se saltan su acuerdo de Gobierno con la formación naranja en el reparto de competencias, lo cual no ha sentado nada bien a los dirigentes del partido de Inés Arrimadas, según ha podido saber Diario16.

Pese a todo, esta misma mañana Reyero ha querido quitar importancia a la nueva reconfiguración de tareas en el Gobierno regional y ha tratado de dar una imagen de normalidad: “Yo lo llevo pidiendo esto desde hace semanas, que haya más implicación de la Consejería de Sanidad es absolutamente necesario y a partir de ahora se tomarán las medidas sanitarias oportunas”.

La imagen nacional e internacional que ha dado el Gobierno de Díaz Ayuso a cuenta de la gestión de las “residencias del horror” ha sido tercermundista, e incluso ha llegado a las portadas de los periódicos extranjeros, sobre todo anglosajones y alemanes, que se han ocupado ampliamente del asunto. El desastre se completó cuando hace unos días, mientras procedían a la desinfección de las instalaciones, soldados del Ejército hallaban algunos cadáveres de ancianos muertos que convivían con sus compañeros de habitación. Alguien estaba tratando de ocultar la elevada mortalidad en este tipo de centros asistenciales.

Cabe recordar que fue Ciudadanos, el pasado 19 de marzo, quien requirió la presencia de las Fuerzas Armadas para que entrara en las residencias y constatara la realidad de lo que estaba ocurriendo. Curiosamente, Díaz Ayuso se opuso a la medida en un primer momento: “No se va a hacer”, aseguró. Fue una primera desautorización al trabajo de su consejero de Política Social. No obstante, los soldados debidamente protegidos contra el covid-19 accedían finalmente a los hogares de mayores. Lo que los militares se encontraron allí solo puede ser comparado a una película de terror. “Ancianos y mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas (…) personas en situaciones extremas y malas condiciones de salubridad”, según fuentes judiciales.

La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación para determinar si alguien ha cometido un delito. En cualquier caso, la nefasta gestión de las residencias de ancianos madrileñas a cargo del Gobierno autonómico no es nueva. Entre 2014 y 2019, más de un centenar de empresas del sector fueron sancionadas por incumplir la ley. “Así, se evidenció que en los 130 centros sociales sancionados (96 residencias y centros de día, 22 centros de personas con discapacidad y 12 residencias clandestinas) faltaba higiene, había escasez de personal y se descuidaba la asistencia a los mayores”, informa El Plural. Incluso se vio obligado a intervenir el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que abrió una investigación de oficio para que la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid informara sobre los expedientes sancionadores abiertos hasta ese momento. Esta vez a Díaz Ayuso no le bastarán con sus declaraciones habituales más o menos superficiales, como cuando dijo, tras el estallido de la pandemia, que la conexión con el mal de Wuhan era directa. “No tenemos una sola goma del pelo que no sea ‘Made in China‘. Esto se veía venir”, soltó en otra intervención de las suyas propia de Barrio Sésamo. En estos momentos críticos un líder debe demostrar inteligencia, liderazgo, preparación, valentía, templanza y audacia. ¿Adornan esas cualidades a la castiza presidenta?

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