El pasado 3 de abril, entró en vigor el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Todas, todas las administraciones públicas vienen obligadas, sin excepción a trabajar con unos parámetros de transparencia, derecho de acceso y seguridad determinados por el ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.

Pues bien, en su castiza tradición, la administración viene a incumplir lo que a sí misma se obliga. Han pasado 13 meses desde la proclamación del Estado de Alarma por parte del Gobierno de España. Desde entonces, y hasta el momento, hemos pasado por 4 olas de la CoViD-19, cierres perimetrales municipales, comarcales y autonómicos, apertura de fronteras para extranjeros, toques de queda desde Octubre y 2 elecciones autonómicas (Cataluña y Madrid).

El año anterior, el 2020, los opositores de las FSE (Formación Sanitaria Especializada), tuvieron que recurrir al Tribunal Supremo para que les diera la razón acerca del derecho a poder elegir su plaza de manera presencial, con todas las garantías. Sin embargo, este año el Gobierno ha decidido cambiar la ley para que todo el proceso sea telemático sin pensar en las garantías que eso debe conllevar para poder elegir cada plaza de manera adecuada.

El arcaico sistema informático del Ministerio de Sanidad del año pasado dio miles de problemas a cada paso, existiendo pruebas documentales en medios de comunicación y RRSS de la falta de seguridad jurídica del sistema. Y este año, se quiere volver a repetir el mismo error, sin haber implementado ninguna mejora en el sistema y sin capacidad de diálogo con los opositores para cumplir con la obligada transparencia.

El Ministerio se escuda en que no se puede elegir de manera presencial debido a la pandemia, aunque el año pasado, en una situación mucho peor, al final se pudo elegir de manera mixta (telemática y presencial). Del mismo modo, si el Estado es capaz de organizar dos elecciones autonómicas sin perjuicio de la salud de los ciudadanos, y vamos por las terceras en Madrid, vemos complicado que no sea capaz de organizar una elección presencial de una población 1000 veces menor, en cada caso.

Y es que además, las inversiones para alcanzar un nivel mínimo de funcionamiento de los sistemas del Ministerio, han sido esperpènticas. Y más cuando todos los ciudadanos tenemos claro que nuestra salud e integridad depende de un sistema informático, ágil, moderno, seguro y transparente.

Antiguamente, la elección tenía lugar de manera simultánea en Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno; sería una buena medida que evitaria los desplazamientos innecesarios, si eso es lo que el Ministerio de Sanidad pretende.

¿O es que pretende escudarse en la informática para hacer de su capa un sayo?

Lo dicho el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos no pasa, de momento, de ser una broma de mal gusto.

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