El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado ha desencadenado un auténtico terremoto en el siempre hermético e inmovilista mundo de la judicatura española. La decisión de Pedro Sánchez de colocar en el primer puesto del escalafón de la Fiscalía a una mujer de su máxima confianza que hasta hace cinco minutos era ministra de Justicia ha soliviantado a sus señorías togadas, y no solo a las más conservadoras, también a las de ideología o perfil más progresista. En el fondo, lo que se debate es si está en juego el principio de separación de poderes, puntal básico en cualquier Estado de Derecho.
Delgado es una jurista de reconocido prestigio y competencia profesional y eso no lo discute nadie en el estamento judicial. Ahora bien, ¿va a comportarse como un peón al servicio del poder Ejecutivo? ¿Va a erigirse como la “ministra número 23”, tal como denuncian las derechas aquejadas de una preocupante crisis de histeria? Ahí es donde surge la controversia entre jueces y fiscales.
Parece evidente que la apuesta de Sánchez por Delgado trata de avanzar en la “desjudicialización” de la política española con un objetivo principal: controlar la ejecución de la sentencia del “procés”, una causa que para muchos está cerrada y enterrada con la resolución y la aplicación de penas contundentes para todos los líderes soberanistas pero que en realidad sigue más viva que nunca y suscitando un torrente de recursos, contrarrecursos, apelaciones de los encausados ante las cortes judiciales europeas y consecuencias políticas en Bruselas, entre ellas la inmunidad europarlamentaria y el suplicatorio de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.
Lejos de ser un caso cerrado”, como pretende el Tribunal Supremo tras su histórico fallo, el “procés” no ha terminado aún y Sánchez quiere desactivarlo para superar la unilateralidad, revisar la situación penitenciaria de los condenados y reconducir el conflicto por la vía del diálogo y la negociación. Es ahí donde entra Dolores Delgado.
Según fuentes judiciales, el control de la ex ministra de Justicia sobre los cuatro fiscales que tomaron parte en la instrucción y juicio de la macrocausa y que son conocidos como los “indomables” −Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno− podría pasar por la coordinación y supervisión directa de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo. Es en ese escenario donde Delgado podría tratar de imprimir la “filosofía Sánchez” a la forma de reenfocar la delicada cuestión del “procés”. Por tanto, las reuniones para tratar el asunto estarán llenas de tensión. Cualquiera de los cuatro fiscales del caso podrá considerar que su “jefa” le está dando alguna orden ilegal o podría surgir una fuerte discrepancia de fondo sobre la improcedencia o falta de fundamentación de una determinada instrucción recibida.
Cabe recordar que la posición del Gobierno, expresada a través de la Abogacía del Estado, es que los líderes independentistas no cometieron delitos de rebelión sino de sedición, una postura contraria a la que ha venido manteniendo la Fiscalía desde que el Gobierno de Mariano Rajoy dio la orden de llevar el “procés” a los tribunales, iniciando así una caza de brujas “indepe” que ha terminado en rotundo fracaso y en un grave deterioro de la imagen de la Justicia española en Europa. En ese punto, las afinidades o antipatías entre la superiora jerárquica y sus cuatro subordinados jugarán un papel importante a la hora de lidiar con este toro. No falta quien da por seguro futuros enfrentamientos entre Delgado y los “indomables”, que han actuado en este proceso defendiendo a capa y espada su criterio inicial de acusar por rebelión, oponiéndose con dureza a cualquier salida de prisión de los condenados, incluso tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció la condición de europarlamentario del líder de ERC, Oriol Junqueras.
Para el caso de futuras discrepancias, las mismas fuentes aluden al artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite a los fiscales que estimen improcedentes las órdenes de sus superiores hacérselo saber mediante informe razonado y acudir a la Junta de la Fiscalía si las instrucciones les siguen pareciendo insatisfactorias. Esta consulta se hará a la Junta de Fiscales de Sala (la cúpula del organismo) si la orden procede del fiscal general, según informa Europa Press.
En todo caso, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado ha sido recibido con preocupación en la carrera fiscal. La Asociación de Fiscales, mayoritaria y conservadora, considera que el Gobierno pretende tener “sometida” a la Fiscalía. En un comunicado oficial, la asociación mostró “su malestar y preocupación por la imagen de politización y falta de independencia e imparcialidad transmitida al colocar en la cúspide de la carrera fiscal a una persona que ha sido ministra de Justicia hasta hace pocas horas”.
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales puso énfasis en el prestigio profesional de Delgado, una fiscal con una dilatada experiencia jurídica. La UPF pidió “un voto de confianza” para la persona designada al considerar que “va a actuar en beneficio de la carrera y de la justicia con absoluta independencia”, en los términos que prevé el Estatuto del Ministerio Fiscal.
A su vez, en el estamento judicial la noticia del nombramiento también ha caído como una bomba. Magistrados del Tribunal Supremo recibieron con “sorpresa” y cierta incredulidad la decisión del presidente del Gobierno. En la mayor parte de los casos se califica la elección de “desafortunada” y “polémica” al suponer un salto directo desde el Ejecutivo a la cúpula del Ministerio Público. Otros auguran choques con los cuatro fiscales del “procés” respecto a los criterios no solo para gestionar la ejecución de la sentencia sino también de cara a futuros procesos, como los que afectan al ex president de la Generalitat huido a Bélgica, Carles Puigdemont, y a su sucesor Quim Torra.
Las citadas fuentes recuerdan que la Fiscalía será la encargada de decidir, por ejemplo, la procedencia o no de un eventual recurso en el caso de que se acuerde una progresión o cambio de grado en la situación penitenciaria de los presos por sedición internados en cárceles de Cataluña. Además, deberán elaborar informes en relación con la situación policial de Puigdemont y con la resolución de la Junta Electoral Central que retiró la acreditación como diputado al propio Quim Torra.
Increíble lo que pasa en este país de borregos: aquí una ex ministra de izquierdas metida hasta el cuello en los asuntos del delincuente Villarejo, hablando de putas y jueces, de «derecha trifálica» y llamando «maricón» a un compañero suyo….y lo que le habrán tapado a esta tipa. Si llega a ser de Ciudadanos, Vox o del PP, ya la habrían llamado facha, fascista y nazi, y habrían pedido su dimisión, pero como es sociata, el chulo madrileño de falconeti la nombra fiscal general del estado, para mangonear la justicia a placer.
Y el pueblo llano feliz de haber votado a «progresistas». Hale, a disfrutarlo… lo poco que va a durar.
A ver si ahora esta señora fiscal general del estado hace que devuelvan el Banco Popular a sus autenticos dueños,entre ellos mas de 1200.000 españoles robados por el gobierno del PP de Rajoy.