Por primera vez entra en vigor un real decreto sobre los informes de compatibilidad con las estrategias marinas que pone freno a la minería submarina en aguas españolas. De esta forma el Gobierno responde a una demanda de Ecologistas en Acción y otros colectivos ante el creciente interés por los potenciales yacimientos situados en montes submarinos al sur de las Islas Canarias y frente a las costas de Galicia y del Cantábrico.
El nuevo real decreto introduce en la legislación nacional una referencia al llamamiento para una moratoria internacional acordado por el Parlamento Europeo en su resolución de junio pasado sobre la estrategia para la biodiversidad en 2030. Aunque la norma no establece una prohibición absoluta, sí está prevista en la reforma de la ley de minas de 1973 que ha iniciado su trámite parlamentario de forma paralela este mismo mes. Una reforma para la que los grupos ecologistas han reclamado el apoyo a todas las fuerzas políticas democráticas.
Falta de coherencia
Ecologistas en Acción y la red internacional Deep Sea Conservation Coalition, de la que la organización ecologista forma parte, celebran este primer paso, pero advierten «una falta de coherencia en la política española». Apuntan que mientras, en septiembre de 2021, España votó en Marsella a favor de una moción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en las recientes reuniones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos la delegación encabezada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación «no defendió esta posición». El bajo perfil mantenido por el gobierno en este asunto ha sido criticado tanto por colectivos ecologistas como por el sector pesquero y la comunidad científica. «Una falta de coherencia que contrasta con las resoluciones unánimes de los parlamentos autonómicos de Galicia y de Canarias instando al Estado español a prohibir la minería submarina», subrayan.
Liderazgo para una moratoria
Por ello, Ecologistas en Acción demanda al ejecutivo que asuma un papel de liderazgo a favor de una moratoria en las próximas sesiones de la Convención para la Diversidad Biológica y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, organismos responsables por la gobernanza y protección de los fondos marinos en aguas internacionales. De lo contrario, las primeras autorizaciones para explotar minerales en las profundidades oceánicas podrían concederse el próximo año, con devastadoras consecuencias para los ecosistemas marinos, la capacidad de captura de carbono de los océanos y la pesca. Un gravísimo impacto ambiental del que Ecologistas en Acción ya alertó en 2020 en su informe «Minería submarina. Ojos que no ven…».
En 2021, empresas mineras estadounidenses utilizaron el pequeño Estado de la Polinesia, Nauru, para forzar una explotación submarina desregulada si la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos no finalizaba el reglamento de explotación antes de 2023. Antes la falta de certezas sobre la magnitud de los impactos y la falta de conocimiento sobre los ecosistemas de aguas profundas, se suman las críticas por la falta de transparencia de este organismo internacional y la falta de participación pública. España asumirá la condición de miembro del Consejo de la Alta Autoridad de los Fondos Marinos en 2023, momento clave para determinar el futuro de los fondos oceánicos.
