Los acuerdos anunciados entre Estados Unidos, México, Honduras y Guatemala para reforzar la militarización de las fronteras conllevan una mayor criminalización de la población en tránsito y, por ende, una mayor exposición de los migrantes al crimen organizado y a la COVID-19, denuncia Médicos Sin Fronteras (MSF). MSF ha sido testigo de repetidas redadas y detenciones arbitrarias en la frontera sur de México y de deportaciones masivas que desde Estados Unidos se ejecutan en la frontera norte; expulsiones que se escudan en razones de salud pública por la pandemia de COVID-19 y que suponen bloquear de facto el derecho de asilo.
“Estamos viendo de nuevo el levantamiento de muros físicos, policiales y burocráticos al asilo y al libre tránsito de personas que huyen de la violencia en sus países de origen. Esto es evidente tanto en la frontera norte como en la sur de México. Mientras EE.UU. deporta masivamente y en caliente a los recién llegados, México reprime y detiene igualmente de forma masiva”, afirma Antonino Caradonna, coordinador del proyecto de migrantes de MSF en México.
Los equipos de MSF en la frontera sur han denunciado en repetidas ocasiones las redadas masivas y arrestos arbitrarios en zonas de alta concentración de migrantes y solicitantes de asilo, incluso cerca de los puntos de atención médica de la organización, especialmente en Coatzacoalcos (Veracruz), un cruce ferroviario muy usado por la población en tránsito.
“Sin ir más lejos, la semana pasada, se efectuaron redadas en Coatzacoalcos en las vías del tren y fueron detenidos de forma arbitraria alrededor de 50 migrantes, entre ellos, familias con niños. Estaban durmiendo cerca del albergue (Casa del Migrante de la Diócesis) porque este les niega el alojamiento, teóricamente por la pandemia”, explica Caradonna. Muchos albergues en México han cerrado o reducido su capacidad debido a la pandemia. La actuación policial cerca de los refugios o de los lugares donde los migrantes reciben asistencia médica y humanitaria “empuja a las personas en tránsito a esconderse más, a optar por rutas más peligrosas, a ser más vulnerables al crimen organizado y a la extorsión —añade Caradonna—. Tenemos que denunciar la extrema desprotección de estas personas».
Los testimonios recogidos por MSF en la zona corroboran el incremento de redadas y detenciones en la frontera sur, que ponen en riesgo la salud física y mental de los solicitantes de asilo y migrantes. “Venían como unas 400 personas por el monte, pero en la redada capturaron a unas 200. La mitad eran mujeres. Ahora vienen muy poquitas mujeres, porque son las que más agarran porque [viajan] con niños son las que menos corren”, explica el hondureño Levi, que confirma asimismo la ausencia de albergues abiertos, “nos hemos quedado en el puro monte y en las vías porque no hemos encontrado ningún albergue, ninguna casa del migrante”.
“Han pasado 20 días desde que entré a México, hemos dormido en el monte, hemos aguantado hambre y sueño porque la verdad vamos sin dinero. En el albergue de Coatzacoalcos nos dijeron que estaba cerrado, nos brindaron comida y café, pero ya dormir adentro, no”, explica Kimberly, hondureña de 29 años, que viaja con su hijo de 11 años, un hermano y sus hijos. Trabajaba en el campo y tras los huracanes lo perdió todo. “Tengo miedo de quedarnos en la calle porque puede pasarnos cualquier cosa. Tengo miedo de que me arrebaten a mi hijo de las manos. No he podido dormir. Mientras mi hijo duerme, yo vigilo”.
Otros explican que son algunos vecinos los que les dan ayuda: “No hay albergues, solo gente amable que nos acoge, sin ningún problema, en sus casas y eso se agradece porque ya no duerme uno en el monte, ‘peligrando’”, dice Roger, hondureño de 39 años.
Frontera norte
En la frontera norte, en cambio, los equipos de MSF son testigos del incremento de deportaciones masivas desde EE.UU. de solicitantes de asilo y migrantes recién llegados y devueltos ‘en caliente’, con frecuencia a ciudades desconocidas y peligrosas del norte mexicano sin el debido proceso. En Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, los equipos han brindado asistencia médica a centenas de familias deportadas, ahora varadas, a la espera de protección.
“Nuestros equipos dan cuenta de los tratos inhumanos que reciben en los centros de detención en EE.UU. y el impacto que tiene en la salud de los migrantes, el estrés agudo que arrastran. Los deportan a ciudades fronterizas de México, sin ninguna información sobre dónde están y qué van a hacer después. Hay muchas mujeres con niños en brazos, que no han comido ni recibido un trato digno mientras estaban detenidas y sin medidas de prevención de COVID. Atendimos a una niña de 4 años que llegó a Ciudad Juárez en condición de deshidratación, porque no recibió ni agua en las celdas de EE.UU.”, asevera Geaninna Ramos, responsable médica del proyecto de atención de MSF.
“Había entrado por el paso fronterizo de Reynosa y me devolvieron a Nuevo Laredo. No tenía forma de comunicarme con nadie”, se lamenta María, guatemalteca de 33 años que viaja con su hija de 4 años. Fue separada de su marido y de su hijo, quienes están juntos en un albergue en Monterrey. “Los funcionarios de inmigración te tratan mal. Haces una pregunta y te gritan, te empujan. A los menores de edad, para registrarlos, los pusieron a todos contra el autobús con las manos arriba y los empujaron. Yo me imaginaba a mi hijo y yo no quisiera pensar que a mi hijo lo fueran a golpear porque vi como los jaloneaban para registrarlos. Nos tratan mal. Venimos huyendo y no venimos con la intención de dañar a nadie, pero creo que eso no todos lo entienden”.
La falta de protección, de asistencia humanitaria adecuada a la población en tránsito y de inclusión de la población migrante en la prevención de la COVID-19, la criminalización de personas que huyen, y su vulnerabilidad ante las bandas criminales que se dedican al secuestro, la extorsión y el tráfico de personas, no son problemas nuevos para MSF: “Ya hemos visto estas políticas en el pasado, sabemos que no desalientan a los migrantes, sino que solo sirven para que se oculten, vayan por caminos más peligrosos, se tengan que exponer más al crimen organizado, recurran a traficantes de personas y arriesguen sus vidas”, abunda Caradonna.
Como declaró a principios de abril mes un portavoz de la Administración estadounidense, el aumento de la presencia de seguridad en la región pretende disuadir la migración: » El objetivo es dificultar el viaje y hacer más difícil el cruce entre fronteras». Tenemos que ser claros y analizar en profundidad estas políticas», explica Caradonna. «Hacer el viaje más difícil para los migrantes significa hacerlo más letal«.
MSF reclama nuevamente a los gobiernos de la región que pongan fin a estas políticas migratorias represivas. Los solicitantes de asilo y los migrantes deben tener garantizada la protección y la asistencia humanitaria adecuada de acuerdo con las leyes y normas nacionales e internacionales. Asimismo, y en el contexto de la pandemia, MSF demanda que se extremen los esfuerzos para la prevención de la enfermedad entre la población migrante, necesitada de suficientes albergues y espacios seguros que también estén adecuados para evitar la infección.
