Hace varios años, cuando no era más que un adolescente que aún no contaba la mayoría de edad, me aproximé con ilusión al liberalismo. Sumaba unas cuantas lecturas de Hayek, Popper, Revel, Aron y otros, y de todos esos autores me atrajo, por encima de cualquier otra consideración, la constante búsqueda, al menos teórica, de la libertad individual del ser humano. Ese entusiasmo por la libertad encajaba bien con el espíritu contestatario, tan juvenil, de rebelarse (o eso creía yo) ante las limitaciones de la corrupción – que de forma tan pueril relacionaba con el Estado y el exceso de lo público -, o contra una intervención estatal que coartaba nuestra libertad más absoluta, esa que yo entonces concebía, muy en la línea de la tradición liberal, como la inexistencia de interferencias en la libre actuación de los individuos.

Ese entusiasmo no estaba, empero, exento de dudas, que a medida que fui ampliando mis lecturas y mis inquietudes, fueron in crescendo. Yo era un beneficiario de la educación pública, en mi familia había funcionarios que no encajaban con la caricatura liberal de vagos e ineficientes vividores del erario público, y tampoco terminaba de sentirme cómodo con las recetas que desde el minarquismo o, aún peor, desde el anarquismo de mercado, se ofrecían para acometer la sustitución del Estado social por un Estado absolutamente residual en trámites de desaparición. Sin embargo, de la izquierda española me ahuyentaban sus maniqueísmos y sumisiones nacionalistas, del marxismo ortodoxo las cruentas distorsiones totalitarias del siglo XX, y del conservadurismo, la constante letanía moralista. Así las cosas, el liberalismo se me ofrecía como heredero de la modernidad, antídoto contra fundamentalismos de toda clase – aun me eran invisibles los rigores del fundamentalismo de mercado, tan actual – y paradigma basado en la ausencia de verdades absolutas. Siempre más próximo, cabe remarcarlo, a los Revel y Aron, constantes azotes del totalitarismo, que a los economistas austríacos o a los Chicago Boys, cuyas recetas de desregulación y desmantelamiento del Estado de Bienestar parecían una verdadera utopía, y una con bastantes más sombras que luces.

Allá por 2012, tras finalizar mis estudios de Derecho, empecé a ejercer como abogado por cuenta propia, en un despacho de abogados de barrio. Por aquel entonces, había descubierto que también el liberalismo, en especial su vertiente económica, escondía verdaderas fallas estructurales, y que la falta de regulación pública había desencadenado una crisis económica de magnitudes incalculables y efectos más que devastadores. Por la mesa de reuniones del despacho empezaron a desfilar personas de toda clase y condición, y, especialmente, ciudadanos que estaban sufriendo los cruentos efectos de la crisis, así como otros que, directamente, luchaban para no ser relegados a la marginalidad del sistema. En este contexto, comencé a colaborar como abogado de la Asociación de Vecinos de unos de los barrios más depauperados de Puente de Vallecas, distrito obrero de Madrid.

Por la mesa del humilde despachito donde atendía – y aún hoy atiendo con gusto – a los vecinos de Vallecas, pasaban toda suerte de consultas jurídicas de muy diversa y variada índole, pero todas cortadas por un patrón compartido: la más absoluta precariedad laboral, las condiciones de vida extremadamente degradadas, cuando no directamente la más lampante pobreza. Allí comprobé de primera mano – yo, beneficiario de la educación y la sanidad públicas, sí, pero al fin y al cabo hijo de una familia de clase media acomodada – que hay personas que no llegan a mitad de mes, que las pensiones de viudedad son una auténtica miseria, que muchos trabajadores desarrollan jornadas intensivas de 12 horas aunque tal vez estén dados de alta por 3, que los falsos autónomos son el pan nuestro de cada día, y que la pobreza energética y los obscenos abusos bancarios han conducido a cientos de miles de personas a la exclusión, y, por qué no decirlo, a vivir instalados en formas contemporáneas de esclavitud. Desde luego, quienes acudían a mi despacho golpeados por las circunstancias de la vida eran personas de carne y hueso, como usted o como yo, ni mejores ni peores. Había y hay de todo. No se trata de dibujar una fábula de bondad extrema en relación a los de abajo, sino de denunciar que todas esas personas, tan imperfectas y perfectibles como cualquiera de los que disfrutan de confortables posiciones de bienestar o riqueza, parten en la vida de una situación de origen tremendamente lastrada y con enormes condicionantes. Se antojaba – y se antoja – indispensable trazar un diseño institucional y social que no permitiera su caída definitiva a las catacumbas de la miseria y la exclusión, y ese diseño debía ser por definición público. Precisamente, porque la clave de una sociedad civilizada es que ese diseño esté coordinado por criterios de solidaridad, y no dejado al libre y voluble arbitrio de la caridad privada.

No, la mano invisible no ha hecho acto de presencia en ninguna de esas reuniones, en ninguna de las situaciones de injusticia que sigo observando. Allí, el Estado no es un inhumano chupóptero que saquea a la población, sino más bien – con todos sus peros, que no son pocos – el último dique de contención (a veces tibio, lento, ortopédico y timorato) frente a las arbitrariedades del mercado, el último asidero contra las más lacerantes desigualdades. Tampoco la presión fiscal es la preocupación de quien vive en la economía sumergida o a través de formas de contratación fraudulentas y sin ninguna clase de tuición, puesto que esas formas espurias y abusivas de contratación no son, en su abrumadora mayoría, elegidas por el empleado, sino por el empleador. Quien percibe una pequeña retribución, tampoco da especiales gracias al cielo por pagar ínfimos impuestos – como debe ser, por cierto – sino que, más bien, echa de menos que los que más tienen paguen más, precisamente para garantizar unos servicios sociales de calidad, inclusivos y sostenibles… que no les dejen en la estacada, puesto que los bajos emolumentos, por más que estén en sus bolsillos, no les alcanzan para sufragar las mínimas cotas exigibles de dignidad. Para aquellos que me formulan consultas, que me desvelan sus dramas familiares y miserias, la libertad no consiste en que el Estado se abstenga de interferir en sus vidas, sino más bien al contrario, consiste en que interfiera cuanto antes para permitirles escapar de sus cárceles particulares. Como bien explicó la tradición del republicanismo cívico, la libertad no puede entenderse como ausencia de interferencias, sino como no dominación. La verdadera libertad consiste en que nadie tenga tanto como para poder arrodillar a otro ser humano, y nadie tan poco como para tener que arrodillarse ante alguien.

Con el tiempo fui confirmando algunos tremendos errores del pasado. No había nada de contestatario ni de emancipador en reducir la libertad a una categoría nominal y abstracta, arbitrariamente desprovista de contenido sustantivo. No se trataba de blindar formalmente una libertad más propia del estado de naturaleza, en que los más fuertes impusieran su voluntad, y no hubiese más ley que la ley de la selva. La libertad que merecía la pena, la única admisible en democracia, era la igual libertad de todos los seres humanos, inseparable de una intervención pública suficiente y necesaria. Por aquel entonces, mis lecturas me permitieron acercarme a otros autores, y siempre desde la honradez intelectual, traté de someter las convicciones alcanzadas a la luz implacable de la realidad. Porque como dijo Aron, precisamente Aron, tal vez una de las más honradas y preclaras mentes del liberalismo, se trata de “bajar la poesía de la ideología al nivel de la prosa de la realidad”. Que una determinada cosmovisión, por mucho que pudo atraerte en una etapa de tu vida, no te impida deslindarte de ella si algunos de sus dogmas andan reñidos con la realidad. Y precisamente ésta, la realidad, fue la que me permitió interiorizar algo que ya barruntaba casi desde el principio: una sociedad a oscuras, la sociedad fantaseada por los prebostes del neoliberalismo, aquella en la cual los ciudadanos juegan con cartas marcadas, es una sociedad fallida e invivible.

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Nací en Madrid en noviembre de 1989. Me licencié en Derecho en 2011 por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Práctica Jurídica por la EPJ de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2013. Desde hace más de cinco años me dedico al ejercicio libre de la abogacía en las jurisdicciones civil, penal y social, así como en el Turno de Oficio. Curso estudios de Ciencias Políticas en la UNED. Formé parte del Consejo de Dirección de Unión Progreso y Democracia. En la actualidad, soy portavoz adjunto de Plataforma Ahora y su responsable de ideas políticas. Creo firmemente en un proyecto destinado a recuperar una izquierda igualitaria y transformadora, alejada de toda tentación identitaria o nacionalista. Estoy convencido de que la izquierda debe plantear de forma decidida soluciones alternativas a los procesos de desregulación neoliberal, pero para ello es imprescindible que se desembarace de toda alianza con el nacionalismo, fuerza reaccionaria y en las antípodas de los valores más elementales de la izquierda.

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