La manipulación de mercado fue un elemento clave para la crisis de liquidez del Popular

El análisis del informe presentado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ante la Audiencia Nacional muestra cómo la caída del valor en bolsa de Banco Popular tuvo una conexión directa con la resolución de la entidad.

Resulta increíble que el informe de la CNMV no haga referencia a la resolución, es decir, que la manipulación del mercado fue un elemento necesario para la resolución, porque la presión continuada sobre la cotización fue un elemento determinante para la creación del pánico necesario que, finalmente, provocó la salida de los depositantes minoristas y, de este modo, justificó la fuga de los clientes institucionales.

No se puede desconectar un informe sobre manipulación de mercado de la resolución, dado que ésta provocó pérdidas absolutas para los inversores (accionistas y bonistas) del Popular, dado que las acciones y los bonos desaparecieron y, por contra, además del beneficio obtenido por el Santander, todos los cortos ganaron una inmensidad de dinero: los que permanecían cortos antes de la resolución ganaron todo lo que apostaron a la baja.

Por tanto, aunque parezca evidente que la acción fue manipulada, la CNMV concluyó que no había evidencias de ello, pese a la existencia de una concentración inusitada de cortos y una abundancia de noticias negativas, algunas falsas, otras imprudentes y otras que no tendrían por qué haber determinado la resolución.

Las posiciones en corto -es decir, acciones que se venden en el mercado a la baja y que provienen de un préstamo de acciones al vendedor de las acciones que tiene que devolver acciones y por tanto que se lucra cuando más baja la acción- fueron determinantes en la bajada en Bolsa del Popular y en la creación del pánico que determinó la salida de los depósitos.

Para provocar un Bank Run, una salida descontrolada de liquidez que acabaría con cualquier banco del mundo, hay que generar desconfianza en los depositantes, para lo que hacen falta dos elementos:

• una publicación intensa de noticias negativas;
• la caída sistemática del valor de la acción, siempre más fuerte que la evolución del mercado.

Como ese entorno favorece la especulación con motivos espurios, la CNMV, en vez de pedir transparencia a los actores del mercado, es decir, investigar a fondo sobre las instituciones o fondos que se ponen cortos, los que los financian (bancos de inversión o Hedge Funds), confirmar si los accionistas que prestan lo han autorizado y lo sabían, ha optado en el pasado por suspender transitoriamente la actividad en corto con carácter general, o sobre determinados valores, especialmente durante las crisis financieras.

Esas prohibiciones transitorias han tenido efectos sobre las entidades afectadas, porque los cortos normalmente han deshecho las posiciones cortas, para lo que han tenido que comprar acciones para devolver los préstamos. En el caso del Popular en 2017 la CNMV decidió no prohibir los cortos y, muy poco después, prohibió los cortos sobre una entidad muy pequeña, Liberbank, pero con claras concomitancias políticas.

Se echó escandalosamente de menos una investigación sobre las posiciones cortas más relevantes (AQR, Marshall Wace, este último un Hedge Fun financiado por JP Morgan, el banco del que provenía Saracho), si hubo reuniones con la dirección del Popular y quién o quiénes financiaron esas posiciones.

La CNMV podría haber alegado que no tiene todos los medios para investigar quiénes estuvieron detrás de los movimientos en corto, pero no lo hizo. Si no lo averiguó porque no llegaba al titular real, dado que no aclara si se trata de meros intermediarios o titulares reales o porque se encuentra una cuenta ómnibus sin identificación de titulares finales o una cuenta residenciada en un paraíso fiscal, no puede decir que no encuentra evidencias de manipulación de mercado y dar por buenas sus conclusiones. Es más, esa falta de transparencia es un indicio de una irregularidad. Pero es que ni siquiera se ve en el informe de la CNMV referencia a estos cortos o a su posible relación con el Popular o con sus directivos.

Es un hecho ya incuestionable que el Banco Popular fue en todo momento una entidad solvente, tal y como han reconocido tanto los peritos del Banco de España o las declaraciones de las autoridades, y que fue resuelto por un problema de liquidez. Esa crisis de liquidez fue una crisis idiosincrásica desarrollada en el segundo trimestre de 2017 bajo una cobertura mediática negativa, con tres hitos concretos:

• el hecho relevante de la reexpresión de cuentas del 3 de abril de 2017 y el incendiario discurso de Emilio Saracho en la Junta General de Accionistas del 10 de abril de 2017,
• la noticia de El Confidencial del 11 de mayo de 2017 sobre la puesta en venta del Banco ante el riesgo de quiebra y desmentida por el propio banco el mismo día,
• las declaraciones de Elke König en Bloomberg TV y la filtración de la JUR a Reuters a finales de mayo que dispararon la salida de los depósitos institucionales, acompañada de una evolución persistente a la baja de las acciones del Banco, que acabaron por asustar a los depositantes.

Sin la combinación de estos factores –difusión de noticias falsas y caída persistente de la cotización de la acción-, no habría habido resolución. Dicho de otra forma, las posiciones cortas fueron determinantes en la caída de la acción, y es conocido que quienes las detentan estimulan y propician las noticias negativas que retroalimentan la caída de las acciones en bolsa. Es decir, las posiciones cortas fueron un instrumento para conseguir el objetivo de llevar al Popular a una posición de debilidad en bolsa, de deteriorar la confianza y conseguir el objetivo perseguido por Saracho de vender el banco a bajo precio…, o regalarlo.