Los primeros días tras el estallido de una pandemia vienen marcados por el desconocimiento del enemigo, el caos y la confusión. Es como un ataque por sorpresa de una fuerza hostil que no se esperaba. Ningún país del mundo está preparado para un brote tan gigantesco y rápido en su propagación, ni siquiera China, que tras semanas de sufrimiento y decisiones difíciles por fin parece controlar la tasa de contagios. Pero pasada la primera semana de lógica imprevisión, es hora de reaccionar. Los sindicatos médicos y sanitarios se quejan de que faltan mascarillas, test de detección, vestuario apropiado, equipos de oxígeno, alcohol, desinfectantes. Más de 3.000 profesionales han caído contagiados por el coronavirus debido a que son ellos los que están en las trincheras de los hospitales, en primera línea de combate. Los agentes de policía y Guardia Civil –elementos fundamentales para garantizar la seguridad−, también están expuestos por falta de vestuario apropiado, tal como denuncian los sindicatos. Proteger a nuestros profesionales de todas las áreas de Protección Civil, evitar que caigan enfermos, es prioritario para que los servicios del Estado no colapsen. Sin personal sanitario, sin policías y sin equipos de desinfección la batalla contra el virus se perdería sin remedio. Es de vital importancia garantizar la integridad de quienes deben proteger al resto de la sociedad.
Por todo ello, ha llegado la hora de que “los gobiernos”, no solo el central de Pedro Sánchez, sino también los municipales y autonómicos del signo político contrario, adopten medidas mucho más drásticas que pasan inevitablemente por poner todos los recursos industriales disponibles, públicos y privados, al servicio de la fabricación del material necesario. Estamos en economía de guerra, una guerra contra un enemigo invisible, y la nacionalización de empresas por parte del Estado es una de las primeras medidas que se adoptan en ese escenario bélico. También la creación de fábricas con inversión y finalidad públicas, es decir, de titularidad cien por cien estatal.
En cualquier caso, resulta esencial que todos los sectores privados estratégicos se pongan en marcha ya, a pleno rendimiento, para la producción de ingentes cantidades de material que llegue no solo a los hospitales sino a la población en general (ahora mismo millones de ciudadanos sanos se encuentran en indefensión, sin mascarillas ni trajes especiales). El objetivo principal es la fabricación en serie enfocada única y exclusivamente a producir productos que ante la avalancha de contagiados escasean en los centros sanitarios y residencias de ancianos. El ejemplo de esas costureras y aparadoras de Elda (Alicante), que han pasado el fin de semana cosiendo mascarillas con tela, marca el camino a seguir. Solo ellas han llegado a producir 4.000 unidades de ese producto de primera necesidad en esta crisis. A gran escala, la multinacional Inditex ya ha anunciado que pondrá a disposición del Gobierno toda su capacidad logística para aprovisionar a los hospitales españoles del material sanitario y textil que necesitan con urgencia. La compañía ha donado 10.000 mascarillas quirúrgicas protectoras y a finales de esta semana prevé enviar otras 300.000. También trabaja para traer material del extranjero, sobre todo de China: máscaras, guantes, gafas protectoras, gorros y calzas.
Sin entrar en cuestiones morales o políticas sobre el perfil de Amancio Ortega, propietario de Inditex −que deben ser aparcadas por puro pragmatismo− no cabe duda de que la compañía española se está volcando en esta crisis. Pero no basta con la puesta a disposición del Estado, más o menos altruista, de una o dos multinacionales punteras. Urge que todo el sector textil, desde pequeñas y medianas empresas hasta las más grandes que hasta ahora permanecen en un segundo plano, empiecen a coordinarse entre ellas y a colaborar sin reticencias y sin importar si tendrán o no beneficios empresariales con su aportación. Toda aquella compañía que no ponga su maquinaria y personal al servicio del Estado debería ser inmediatamente intervenida, nacionalizada, y reenfocar su actividad a la lucha contra el virus.
Lo que vale para el sector textil vale también para las empresas químicas y farmacéuticas. En los supermercados y grandes superficies empiezan a notarse los efectos del desabastecimiento. Falta lejía, desinfectantes, geles, jabones, las mejores y más eficaces armas contra el Covid-19. Las compañías de droguería y limpieza son piezas fundamentales para la producción de estos materiales. Deben unirse al plan especial, al igual que las empresas papeleras. Y por supuesto, las grandes farmacéuticas son las únicas que pueden redoblar la fabricación de medicamentos de todo tipo, primero los más necesarios para paliar los efectos de la epidemia como el paracetamol (que también escasea ya), pero en segundo lugar todos aquellos fármacos de los que depende la vida de miles de pacientes crónicos de los que no debemos olvidarnos, ya que de prolongarse la situación de crisis en el tiempo podrían convertirse en víctimas colaterales de la pandemia.
La situación es crítica y si el país no reacciona con medidas intervencionistas contundentes corremos serio riesgo de llegar a cientos de miles de contagiados y decenas de miles de muertos en solo unas pocas semanas. Hay que dejar atrás los complejos y actuar con firmeza. Aquí no valen dogmatismos de casino, mojigaterías ideológicas o nacionalismos localistas contra medidas como la orden de intervención del Ejército. Tampoco sirven tibiezas a la hora de aprovisonar el país de grandes estocajes de material de primera necesidad. Hay que buscar todo lo que nos haga falta allá donde sea, en España o en el mercado internacional. Lo peor, la inevitable y más violenta oleada vírica, está aún por llegar. Que nos pille protegidos.
