América Latina no logra salir de la zona roja del índice sobre percepción de corrupción. La organización alemana Transparencia Internacional reveló en su informe para el año 2017 que la corrupción en el sector público en los países latinoamericanos sigue muy alta a pesar de ciertos avances.

La organización resaltó que la creación de legislaciones fuertes, como en Chile, y la investigación a altos personajes de poder como en Ecuador y Perú, no son avances generalizados y “no constituyen políticas integrales que aborden las causas históricas y estructurales de la corrupción en la región”.

El  actual presidente del Perú, Martín Vizcarra, prometió  «tiempos mejores» luego de que el Congreso aceptara la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a quien la fiscalía pasó a calidad de investigado por el Caso Odebrecht.

«Seremos firmes en la lucha contra la corrupción. La transparencia será un pilar de nuestro mandato», prometió Martín Vizcarra. «Van a venir tiempos mejores», había dicho al ingresar a prestar juramento en el Congreso, donde fue recibido con aplausos, inclusive por la oposición liderada por Keiko Fujimori, hija del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien huyó del país cargado  de fondos fiscales y al volver fue condenado a prisión e indultado fingiendo gravedad de su salud.

Ahora, 11 de julio, Vizcarra anuncia  que el Poder Ejecutivo conformará una comisión de personas notables para elaborar un proyecto  con el fin de reformar el Poder Judicial, comprometiéndose a presentarlo el próximo 28 de julio al Congreso de la República, como parte de su Mensaje a la Nación.

Esta reacción es consecuencia de “los graves hechos conocidos en los últimos días y que involucran a magistrados del Poder Judicial y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que revelan el “enorme grado de inmoralidad” con el que actúan quienes están llamados a administrar justicia”, según reza la versión oficial.

Enfatiza el gobernante que la existencia de “mecanismos, prácticas y vicios” que pervierten y contaminan la administración judicial, los cuales deben ser erradicados. Pide al Congreso aplicar artículo 157 de Constitución y remover miembros del CNM.

El gobierno acepta que todas las medidas dispuestas para solucionar este problema resultarán insuficientes si se mantienen las mismas redes y prácticas que corrompen y envilecen a la administración judicial. Enfatiza en que ninguna fuerza política, ningún miembro de la administración judicial y ningún peruano de buena voluntad podrían oponerse a una reforma de fondo del Estado y de la justicia.

Más allá de las palabras y los voces encendidas de algunos parlamentarios, que resaltan el trabajo periodístico del Instituto de Defensa Legal-IDL, dando cuenta de audios que vinculan el  turbio manejo de la justicia por parte  fiscales de la Corte Suprema de Justicia  y el  Consejo Nacional de la Magistratura, el país percibe la anomia de la maquinaria estatal para abordar con seriedad este flagelo  de la corrupción.

Por ello, lo que afirma el economista Manuel  Romero Caro,  fundador de Gestión, diario peruano, desde su columna  Atalaya Económica, los lectores advierten los peligros de que la corrupción siga latente, en tanto los Poderes del Estado no emprendan serias reformas  desde las raíces, empezando por el Poder Judicial. La prensa libre ratifica la necesidad de reestructurar desde las  bases  esta administración  nacional:

La empresa Odebrecht y los gobiernos del Perú   muestran los más grande escándalos de corrupción en el último  cuarto de siglo.

“Cuatro son los objetivos de Odb : 1) Vender rápidamente sus proyectos. 2) Pagar lo menos posible por reparaciones. 3) Quedarse a trabajar aquí. 4) Que no los penalicen judicialmente”.

Las autoridades brasileñas han suspendido la cooperación judicial con sus pares peruanos ante el reclamo de los abogados de Odebrecht (Odb) sobre que se les persigue judicialmente a pesar de la colaboración que están brindando.

Como primera medida, suspendieron las declaraciones que iba a prestar el exdirector del Departamento de Operaciones Estructuradas (daba los sobornos) de Odb. Y correría igual suerte el nuevo interrogatorio a Jorge Barata y la entrega de una copia de los archivos encriptados de la Caja 2 de Odebrecht.

Y aunque el todavía fiscal de la Nación Sánchez ha manifestado que “superarán el impasse” y que sí llegará la copia de los servidores de Odb, la verdad es que ya en diversas oportunidades ha anunciado lo mismo y nunca ha llegado dicha valiosa información.

Otros factores que contribuyen a este bajón en la lucha contra la corrupción (LCC) son la falta de liderazgo efectivo y públicas descoordinaciones entre los dos equipos que investigan el caso Odebrecht en la Fiscalía; las críticas que recibe esta última del Poder Judicial (PJ); la falta de armonía entre las labores de la Procuraduría, PJ y Fiscalía, y la ausencia de una estrategia efectiva de esta última frente al caso Odb. Ya en más de una oportunidad hemos advertido que la LCC había decaído.

Por ejemplo, desde hace muchos meses Odb decidió dejar de enviar informaciones sensibles sobre megaproyectos y se concentró en delatar solo sobre los muy publicitados aportes electorales. La razón es muy sencilla: si seguía delatando sobornos en otros megaproyectos, el monto de las reparaciones se elevaría muy significativamente, y eso no le convenía.

Por su parte, la Fiscalía no ha estado haciendo nada efectivo para contrarrestar esa estrategia. Y tampoco tiene una buena capacidad investigatoria, por lo que  depende fundamentalmente  de lo que le pueda dar Odb. El proceso de caída en la LCC estuvo acompañado de una aguda etapa de inestabilidad política.

Posteriormente llegó la distracción generada por las peripecias de nuestro seleccionado de fútbol. Y finalmente el Mundial de Rusia, que prácticamente monopolizó la atención de los medios de comunicación. Pero ya regresó a casa nuestra selección y la Copa del Mundo está por concluir. Por lo que se espera que se reactive la lucha contra la corrupción.

En realidad, todas las movidas de Odebrecht, de sus funcionarios actuales y sus exfuncionarios responden a un cuidadosamente elaborado plan, el que responde a cuatro objetivos:

1) Vender rápidamente sus proyectos (hidroeléctrica de Chaglla, Olmos, etcétera).

2) Pagar lo menos posible por las reparaciones (compensaciones al Estado por los delitos incurridos, sobrecostos, ganancias ilícitas, etcétera).

3) Quedarse a trabajar en el Perú y reanudar sus actividades normalmente.

4) Que a cambio de su colaboración no se penalice judicialmente ni a la constructora ni a ninguno de sus directivos o ex directivos.

Por lo que debemos concluir que el partido por el Lava Jato peruano lo está ganando Odb por goleada: tienen estrategia, equipo cohesionado y liderazgo. Mientras que el equipo local es obvio que no tiene liderazgo ni estrategia, y hay frecuentes peleas entre los principales jugadores.

¿Qué esperan para cambiar, o es que les interesa mantener la situación actual?

¿A quién beneficia el statu quo?

Es indispensable que terminen las dos estrategias diferentes en la Fiscalía y se concentren en la cooperación eficaz de Odb, a la vez que le exijan que entregue toda la documentación sustentatoria de sus delaciones y refuercen significativamente su capacidad investigatoria.

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