Foto: Agustín Millán.

Las Comunidades Autónomas siguen sin concretar medidas que aborden la violencia sexual. Pese a que se están poniendo en marcha algunas iniciativas, lo cierto es que apenas hay políticas públicas y son insuficientes los recursos especializados para prevenir, proteger y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en España. Un problema que podría afectar al 13,7% de las mujeres de más 16 años en España (unos 3 millones), según los datos de la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres de 2015.

«Un año después de que Amnistía Internacional denunciara que las mujeres se enfrentan a distintos tipos de atención según en la comunidad autónoma en la que hayan sido agredidas, la situación no ha mejorado. Ninguna comunidad cuenta con un centro de crisis que atienda de manera integral a las mujeres víctimas de violencia sexual las 24 horas del día, todos los días de la semana, tal y como recomienda el Consejo de Europa; solo 10 comunidades autónomas cuentan con centros especializados; y nada más que 11 tienen en marcha protocolos de actuación ante la violencia sexual», señala Verónica Barroso, responsable de relaciones institucionales de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional valora positivamente algunas medidas anunciadas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. El pasado mes de octubre en la Conferencia Sectorial de Igualdad se acordaba ampliar las competencias del 016 (teléfono de emergencia para las víctimas de violencia de género) a todo tipo de violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, tal y como indica el Convenio de Estambul. Amnistía Internacional espera que los y las profesionales que atiendan estos teléfonos tengan la formación adecuada para hacer frente a todo tipo de violencia. 11 comunidades han puesto en marcha un teléfono de emergencia específico o han ampliado las funciones del teléfono general de atención a víctimas de violencia de género, aunque no todos estos teléfonos atienden las 24 horas al día.

Son un paso importante algunas de las iniciativas propuestas por distintas comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid aprobaba en octubre una Proposición No de Ley para abordar la violencia sexual, la Comunidad Valenciana anunciaba que trabajará en una Estrategia contra la Violencia Sexual, o La Rioja, entre otras, que impulsará la creación de un centro de crisis y la elaboración de protocolos de actuación para todos los profesionales implicados.

«Pero cuando la actuación es tan arbitraria de unas comunidades a otras, e incluso existen distintas formas de atención en una misma comunidad, como es el caso de la Comunidad de Madrid, no solo no se están garantizando los derechos de la mujer que ha sufrido algún tipo de agresión sexual, sino que se la está revictimizando. También se las revictimiza cuando se enfrentan a profesionales sin formación en violencia sexual desde una perspectiva de género y de derechos humanos, algo que por el momento no se está impulsando desde las comunidades autónomas», manifestó Verónica Barroso.

En la Comunidad de Madrid, no se están garantizando los derechos de la mujer que ha sufrido algún tipo de agresión sexual, además se las están revictimizando

Amnistía Internacional valora positivamente campañas de sensibilización impulsadas tanto por el Ministerio de Presidencia como por comunidades autónomas como Cataluña, Baleares, o Cantabria, basadas en la libertad sexual y seguridad de las mujeres. Pero siguen faltado campañas con información clara sobre qué es lo que tiene que hacer una mujer en caso de haber sufrido una agresión sexual.

Datos para visibilizar

Amnistía Internacional viene denunciando la invisibilidad de la violencia sexual, al no existir datos claros que nos ayuden a identificar la magnitud del problema, salvo los que aporta la Macroencuesta de 2015. Valoramos positivamente que se están impulsando medidas para recopilar datos sobre los distintos tipos de violencia sobre la mujer, incluida la sexual, tal y como se anunció en la Conferencia Sectorial de Igualdad, una información imprescindible para el desarrollo de políticas públicas.

Lo que sí se está recogiendo es del número de denuncias presentadas por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Solo en los primeros 6 meses de 2019, según datos del Ministerio del Interior se han registrado 7.258 denuncias por delitos sexuales, 40 por día. Lo que ha supuesto un incremento del 11,8 por ciento con respecto al mismo periodo en 2018. Un aumento que se viene produciendo en los últimos años y que muestra que las mujeres están dispuestas a pedir protección y atención a las autoridades. Sin embargo, no hay que olvidar que España sigue estando a la cola de los países europeos, ocupa el puesto 25 de 32, en cuanto al número de denuncias presentadas por violencia sexual, 2,65 por cada 100.000 habitantes, según datos de Eurostat en 2015.

«Poder contar con estadísticas desagregadas y periódicas nos permite, entre otras cosas, identificar que el 75% de las denuncias se corresponde a delitos repartidos entre el abuso o la agresión sexual. Con la sentencia de La Manada de Manresa hemos visto una vez más como esta distinción del Código Penal, basada en si se ha usado fuerza o no, debe ser reformada urgentemente. Y esta reforma debe centrarse en el consentimiento libre y expreso dado por la mujer, tal y como establece el Convenio de Estambul», señaló Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.

«Estadísticas como ésta nos permiten también combatir discursos falsos y racistas sobre la autoría de las agresiones sexuales. En 2017, el perfil de los detenidos, un total de 5.918 se correspondía con hombres (96%) de entre 41-64 años (2.005), seguidos de los de entre 18-30 años (1.684), y en el 70’1% de los casos eran españoles. La mayoría de los agresores no son ni menores, ni extranjeros. Pero más allá de la edad y la nacionalidad, y sin recurrir a los discursos de odio, se deben impulsar medidas eficaces que prevengan la violencia sexual y proteja a las mujeres de todo tipo de violencia», manifestó Virginia Álvarez.

Siete medidas urgentes para avanzar

Por eso es imprescindible que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas den pasos rápidos para, entre otros:

Impulsar la creación de centros de crisis multidisciplinares que atiendan de manera permanente a las mujeres, y apoyar la consolidación de centros especializados.

  1. Establecer un teléfono de atención especializada en casos de violencia sexual, 24 horas al día.
  2. Incluir en las estadísticas de género, datos sobre violencia sexual, que nos permitan reconocer la dimensión de este problema para promover políticas públicas acertadas.
  3. Impulsar campañas para la prevención de la violencia sexual y campañas con información sobre qué hacer en caso de sufrir una agresión sexual.
  4. Abordar la formación con enfoque de género a los profesionales con los que se encuentranlas mujeres que han sufrido una agresión sexual.
  5. Reformar el Código Penal, centrándose en el consentimiento libre y expreso dado por la mujer, tal y como establecen los estándares internacionales.
  6. Impulsar la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia Sexual.

 

1027 mujeres asesinadas merecen un compromiso contra la violencia de género

En el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, es necesario recordar que, desde el 1 de enero de 2003 hasta hoy, 1.027 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Y 34 menores fueron víctimas de violencia de género desde 2013.

«En lo que va de año, ya han sido asesinadas 51 mujeres, 1 más que en 2018. No se puede retroceder en violencia de género, una violencia que se comete contra las mujeres por el hecho de serlo. Es necesario acelerar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con un compromiso sin fisuras de los partidos políticos que aprobaron este pacto en septiembre de 2017, para que la violencia de género no vuelva a quedar relegada al ámbito familiar».

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