La ley Wert tiene los días contados. El Gobierno de coalición ya ha comunicado a sindicatos y organizaciones docentes que llevará al Congreso, “cuanto antes”, su proyecto de reforma educativa para derogar la vigente Lomce, aprobada por el Partido Popular en 2013. El proyecto cuenta ya con “todos los informes preceptivos” y previsiblemente comenzará su trámite parlamentario en breve, de modo que la reforma puede ser inminente.
La ley Wert fue uno de los textos legales más criticados, contestados y controvertidos no solo por la oposición política, sino por la comunidad educativa y buena parte de la opinión pública. Durante su tramitación en las Cortes, la reforma del PP no fue apoyada por ningún grupo parlamentario salvo el popular. Hoy puede decirse que la Lomce fue uno de los más sonados fracasos de los Gobiernos conservadores impulsados por Mariano Rajoy. Pocos objetivos con los que se puso en marcha se han cumplido: la tasa de abandono escolar en España sigue siendo de las más altas de Europa; no se ha conseguido homologar la calidad de la enseñanza ni la competitividad, según los estándares internacionales; el paro juvenil sigue estando desbocado (tampoco se ha logrado que la Universidad y la FP sean puentes eficaces hacia el mercado laboral); y en general no se ha estimulado el espíritu emprendedor de los estudiantes. Eso sí, la asignatura de Religión –que con la ley Wert cuenta en el expediente académico y contabiliza para cuestiones como solicitar una beca, por ejemplo− ha dejado su huella nacionalcatolicista, borrando el carácter aconfesional y laico que debe tener la enseñanza pública, mientras asignaturas imprescindibles para la formación de los escolares como Educación para la Ciudadanía han quedado desterradas de las aulas.
En la reunión que el Gobierno ha mantenido estos días para iniciar los trámites de la enésima reforma educativa se ha tratado de contar con todos los agentes sociales implicados: los sindicatos UGT, CC.OO y STEs; las organizaciones de padres y madres de alumnos; y las asociaciones de inspectores, entre otras. El Ejecutivo de Pedro Sánchez busca el mayor consenso posible y la inclusión de las propuestas de los expertos, mediante enmiendas, en el nuevo texto legal que será llevado a la Comisión de Educación del Congreso, cuya constitución tendrá lugar la semana próxima.
El proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), denominado también como “Ley Celaá”, lleva casi un año esperando para entrar en el Congreso de los Diputados, después de que fuese aprobado en Consejo de Ministros el 15 de febrero de 2019, justo el mismo día que Pedro Sánchez adelantaba las elecciones generales al 28 de abril, lo que provocaría meses de interinidad en el Gobierno, según informa Europa Press. La Lomloe contempla la eliminación de la asignatura de Religión en el cómputo de la nota media de los estudiantes, algo que figuraba en el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. También incorpora la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5º o 6º de Primaria, así como en 1º, 2º o 3º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Además recoge, entre otras novedades, la posibilidad de cursar Bachillerato con una asignatura suspendida y elimina el concepto de “demanda social” introducido por la ley Wert como criterio para la planificación escolar. Las organizaciones que han participado en el encuentro, entre las que no había apenas representación de la escuela privada y concertada, han trasladado a la ministra de Educación que comparten la necesidad de superar la Lomce, “una ley promovida por el entonces ministro José Ignacio Wert que se topó con un gran rechazo entre la comunidad educativa”.
Al mismo tiempo, el Gobierno de coalición registrará una proposición no de ley, tanto en el Congreso como en los parlamentos autonómicos, contra el “veto parental” que defiende Vox. El Gobierno advirtió hace dos semanas que llevará a los tribunales, si es necesario, esta censura de la ultraderecha a actividades complementarias (educación sexual y cívica) que ya se ha puesto en marcha en la Región de Murcia. En los últimos días el ministerio ha requerido al Ejecutivo murciano para que retire de los planes de estudio un “pin”, como lo denomina Vox, que Celaá considera “ilegal”.
La ultraderecha ya ha anunciado que presentará batalla en todos los frentes contra la ley educativa que prepara el Gobierno de coalición. La Iglesia se ha mostrado abiertamente en contra mientras las asociaciones ultraconservadoras previsiblemente promoverán manifestaciones que recordarán a aquellas que se organizaban los domingos por la mañana en defensa de la familia, contra el aborto y sobre todo contra el Gobierno Zapatero. La Educación será, una vez más, motivo de enfrentamiento político en España, como lo ha sido siempre a lo largo de 40 años de democracia. El pacto por la educación se antoja hoy más ciencia ficción que nunca.
