La Ley del Suelo aprobada por el Ejecutivo de Canarias no ha convencido a Bruselas, y “ha fracasado como texto legislativo en Europa”, según explican los denunciantes de esta ley, al acordar la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la continuación y ampliación del procedimiento iniciado por una denuncia contra esta Ley por incumplimiento en protección del medio ambiente. Este apoyo a la denuncia por parte de la Unión Europea deja al descubierto al Gobierno de Canarias en minoría liderado por el nacionalista Fernando Clavijo (CC), y al Partido Popular, que respaldó para aprobar esta Ley a los 18 escaños de Coalición Canaria con sus 12 escaños populares en el Parlamento de Canarias. Sin los votos del PP, – y de ASG-, está ley no habría salido adelante, dado que el PSOE, Podemos y Nueva Canarias se posicionaron en contra.
Tras escuchar en esta comisión al profesor de Derecho Constitucional en la Universidad ULL, Santiago Pérez, -concejal en La Laguna por Nueva Canarias-, y a algunos miembros de la Plataforma “Canarias Por Un Territorio Sostenible”, -ambos firmantes de esta denuncia-, la UE se ha pronunciado por estimar la denuncia contra la Ley del Suelo del Ejecutivo del presidente Fernando Clavijo (CC), sobre la vulneración en materia medioambiental y de la tutela judicial en la elaboración de la Ley turística de las Islas Verdes y la Ley del Suelo.
La intervención en Bruselas del experto jurista Santiago Pérez, contrario a los postulados de la Ley del Suelo de Canarias -avanzada por Diario 16 https://diario16.com/la-union-europea-admite-la-denuncia-la-ley-del-suelo-canarias-violar-derechos-fundamentales/-, ha supuesto un éxito ante la Comisión europea, en su alegato jurídico en defensa del medio ambiente de Canarias, así como su advertencia a la sociedad canaria y ante las instituciones públicas acerca de “la flagrante vulneración de principios fundamentales por la Ley del Suelo”.
Pérez explica a Diario 16 que “la Ley del Suelo deja la puerta abierta a expropiaciones forzosas a los terrenos privados de los ciudadanos por parte de las instituciones públicas, -arbitrariedad y discrecionalidad-, sin que los propietarios tengan muchas opciones de defender sus derechos”, y argumenta que “esta ley parece un retroceso a la Edad Media en cuanto al sentido de la propiedad y posesión se refiere”. Además, este concejal de NC, asegura que “el Gobierno de Canarias ha fracasado en su estrategia de dar carpetazo a las denuncias”, y subraya “la investigación sigue abierta, y también se remiten a la Comisión de Medio Ambiente de Europa”.
El profesor de Constitucional en la Universidad de La Laguna, se siente muy satisfecho con las intervenciones de todos los denunciantes de la Ley del Suelo ante Bruselas, e indica a este medio que “ha podido cerrar este debate”, en contra del criterio del Gobierno de Canarias, que aunque ha acudido a la cita ante Europa con cinco representantes “las explicaciones en nombre del Ejecutivo no han convencido a los eurodiputados”.
Cristina de León, secretaria general técnica del Gobierno canario, argumentó un posicionamiento en la Comisión europea que incluso, según sus informes técnicos, contradicen al dictamen emitido por el propio Consejo Consultivo en Canarias, explica Santiago Pérez. Este edil lagunero también ha puesto de manifiesto que “la comitiva del Ejecutivo canario, vinculado a política territorial fueron como un factótum del presidente Fernando Clavijo (CC), mientras el eurodiputado del PP, Gabriel Mato, aunque “trató de dar carpetazo a la Ley turística de las Islas Verdes y a la Ley del Suelo, el resto de eurodiputados no se lo han permitido”.
El argumento esgrimido por los denunciantes es que la Ley del Suelo va en contra de algunos derechos fundamentales, no sólo de la legislación ambiental europea, sino de algunos derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico europeo, y en particular por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como son el derecho al Medioambiente, el derecho a la Igualdad ante la Ley y a la no discriminación, y el derecho de Propiedad.
La Plataforma Canarias Por un Territorio Sostenible ha remitido un comunicado en el que considera un logro que “las denuncias se remitan a la comisión de Medio Ambiente del Parlamento europeo que analizará si contravienen, o no, las normas comunitarias sobre la protección del medio ambiente”. Esta Plataforma explica que “la presidenta de esta comisión europarlamentaria, la sueca Cecilia Wikström, tomó esta decisión tras escuchar las peticiones de Santiago Pérez, Vanesa Catalán, Rubén Martínez, Juan Ramón González y Antonio Pérez, miembros de este colectivo.
La amplia delegación del Gobierno canario, “contó con el apoyo de los eurodiputados Gabriel Mato (PP), que incluso cuestionó al comienzo de su exposición la intervención de los peticionarios, -los denunciantes-, y de la veterana política Izaskun Bilbao (PNV), vicepresidenta de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) -formación a la que apoyó Coalición Canaria en las últimas elecciones europeas- exigió el archivo y el consecuente el cierre de los dos expedientes”, señala este Plataforma. “Todo ello, a pesar de las implicaciones territoriales y ambientales de la Ley del Suelo, que reforma todo el sistema legislativo canario en materia de ordenación del territorio”, subrayan los denunciantes.
Durante el debate en la comisión en Bruselas, el resto de los grupos parlamentarios mostraron sus dudas sobre la legalidad de ambas leyes del Gobierno de Canarias, y apoyaron que las peticiones continuasen abiertas.
Desde la Plataforma Canarias Por Un Territorio Sostenible se quiere agradecer el apoyo prestado para la presentación de estas peticiones por parte de Ángela Vallina, eurodiputada de IU, y por Elvira Hernández, consejera política del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL).
Tal como resaltaba Catalán, «la Ley de Islas Verdes va en contra de los marcos de acción de la Unión Europea«, y da rienda suelta a la especulación en territorios y enclaves protegidos de Canarias, advierte la Plataforma. «La Palma es uno de los lugares de la UE con mayor concentración de biodiversidad, y corre un severo peligro con la implantación de esta normativa que puede vulnerar diferentes Directivas europeas”, han argumentado.
La Plataforma confirma que Cristina de León, -como representante del Gobierno de Canarias-, ha aseverado que la Ley del Suelo «asegurará que se cumpla la legislación» y ha defendido que «habrá un sistema de evaluación con la normativa europea y de participación ciudadana». Por ello, ha puesto sobre la mesa el cierre de las cinco peticiones elevadas por la plataforma ciudadana. Mientras, el representante socialista Juan Fernando López Aguilar ha solicitado que “se mantenga abierta únicamente la petición de la Ley del Suelo, ya que multiplica las escotillas por las que se puede violar la seguridad política«, y solicita el cierre las otras cuatro peticiones sobre la Ley de Islas Verdes debido a que puede «compensar el retraso económico de La Palma, la Gomera y El Hierro».
Ante lo expuesto, la Comisión de Medio Ambiente ha resaltado la escasez de tiempo que han tenido para poder estudiar y evaluar todo el material que ha sido aportado por la Plataforma. No obstante, y así lo ha resaltado la eurodiputada por IU, Ángela Vallina, «la primera pregunta a esta Comisión de Medio Ambiente fue registrada hace un año, y ya el 17 de marzo de 2017 contestaban que disponían de toda la documentación requerida al Gobierno de Canarias, por lo que resulta realmente difícil que aún no hayan podido elaborar un informe desde la Comisión», a lo que añade que «lamentablemente aquí hay otro ejemplo del poco respeto por el medio ambiente«.
“La posibilidad de que se permitan vulneraciones de las normativas de medio ambiente en Canarias es algo que no se puede consentir desde la Unión Europea”, por lo que la eurodiputada de izquierdas ha solicitado además que «se aplique el principio de precaución (del que aún no se ha hecho uso), de que las cinco peticiones continúen abiertas y enviadas a la Comisión de Medio Ambiente«.
Tras un intenso debate, en el que participaron otros miembros del Parlamento Europeo, se ha decidido que las cinco peticiones continúen abiertas, de manera que se investigará sobre la viabilidad de unas normativas que han sido ya aprobadas en el Parlamento canario y que pueden dar a lugar a diferentes vulneraciones de la legislación europea en materia de medio ambiente.
