Hace tres meses que se aprobó la ley conocida como «Del sí es sí«, la ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, y desde el primer momento ha generado polémica por establecer unos márgenes para las condenas por delitos sexuales que han permitido beneficiar a quienes habían sido ya condenados o estaban siendo procesados.
En un primer momento, la reacción de los socios del gobierno socialista, Unidas Podemos, que pilotan el ministerio de Igualdad, señalaron a los jueces «por machistas» en su manera de interpretar y aplicar la norma. Hoy soy más de doscientos los casos en los que la modificación legislativa que permite la ley ha hecho posible la reducción de la condena a culpables por delitos contra la libertad sexual.
En un primer momento, la confusión del Gobierno fue evidente. Mientras, por un lado, los de Podemos le echaban la culpa a cualquiera que osara a criticar su falta de cuidado y la soberbia que les llevó a desoír los consejos dados por el Consejo de Estado, entre otros; desde el PSOE pudimos escuchar argumentos como el de Patxi López, que vino a decir que si la ley estaba mal hecha, se modificaba y se solucionaba el asunto. De hecho, llegó a plantear algo así como que, «de la misma manera que se le habían rebajado las penas a estos delincuentes, se podía modificar la ley y volverlas a subir». Un comentario absolutamente nefasto que demuestra que de Derecho controla muy poco el señor Lopez, algo preocupante porque un legislador debe saber que no, que la ley ahora no se podría cambiar para volver a subirle la condena a los más de doscientos que han visto rebajadas las que tenían previstas para ellos.
Lo que había quedado claro es que la ley del «sí es sí» ha sido un despropósito, y que la «culpa» no era de los jueces, que se tienen que ceñir a la aplicación de la ley, y a lo que profesionalmente pidan los abogados defensores. Tampoco cuela el argumento de la Secretaria de Estado de Igualdad, que hace poquitos días decía que no es para tanto, pues hay más sentencias donde las penas se mantienen en comparación a las sentencias que se rebajan. Y se quedó tan a gusto.
El pasado sábado conocimos que el Gobierno ya está rumbo a modificar la ley del sí es sí. No se sabe ni cómo ni cuándo.
Decían en El País que Sánchez ha forzado a Irene Montero, que se habría resistido durante semanas a este cambio. Dicen, y es cierto, que Montero ha rechazado públicamente la posibilidad en varias ocasiones hasta que Moncloa ha emitido un comunicado público. De momento, lo que está claro es que el PSOE ya ha anunciado que habrá cambios y Montero sigue sosteniendo, ahora más suave, que habrá que hacer mejoras para que la ley se aplique correctamente.
Está por verse en qué consisten los cambios pero, sin duda, ha quedado claro que a Montero le toca rebajar el tono y tratar de «desfacer este entuerto». Y al olor del conflicto, cómo no, aparece Gamarra, dispuesta a ayudar a Sánchez si esto supone despeñar a los morados por el camino.
Así, en su mitin en Burgos le sobró tiempo para lanzar la manzana de la discordia y anunciarle al PSOE que, si le faltan los votos de Podemos para corregir la ley, el PP estará encantado de dárselos.
Decía esta semana Borja Sémper, la voz sensata que ha tenido que rescatar el PP para ver si así vuelven a generar confianza, que hay que hacer cambios en la política española ante el rechazo que está produciendo en la sociedad. Sin ánimo de pedirle peras al olmo, tampoco hace falta partirse la crisma para darse cuenta de lo que necesita la Política de este país: perfiles que vengan a servir y no a servirse. Profesionalidad y respeto a toda la ciudadanía, dejando atrás las trincheras, los bandos, los odios y tanto ego insoportable. Necesitamos políticos que escuchen más y hablen menos. Que sean humildes y reconozcan sus limitaciones y sobre todo, que sean transparentes, pues les mantenemos para que rindan cuentas de su gestión. Y no para que nos traten como si fuéramos estúpidos, que es, fundamentalmente, la actitud de la mayoría de ellos.
