La ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2010 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero pudo haber evitado la muerte por ahogamiento en el río Besòs del bebé arrojado el pasado 24 de septiembre de 2019 por su progenitor, también menor de edad como la madre, de 16 años, que pidió ayuda a una funcionaria municipal de L’Hospitalet de Llobregat para poder abortar.
La pareja ocultó el embarazo a todos y el parto se produjo en una pensión con la única presencia del progenitor
La polémica reforma de la ley de 2015 que acabó con el cese del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, suprimió el apartado concreto de la ley de Zapatero que permitía eludir el permiso de los padres para poder interrumpir voluntariamente el embarazo. La madre del menor ahogado en el Besòs intentó eludir sin éxito este requisito, asegurando a los funcionarios municipales que la atendieron que sus padres se encontraban en Bolivia, según adelanta en exclusiva El Periódico.
Desde el servicio municipal se derivó a esta menor a un centro médico para que la atendieran, pero ella nunca dio el paso y decidió ocultar el embarazo a todos con su pareja, también menor de edad. El parto se produjo en una pensión con la única presencia de la pareja y sin los más mínimos requisitos sanitarios más allá de unas mínimas nociones de parto leídas por internet. Una vez nacido, el bebé fue arrojado presuntamente al río Besòs sin que la madre tuviera conocimiento de ello.
Con el bebé en brazos, la pareja tomó el metro en Sant Adrià del Besòs y decidió separarse. Ella ha declarado a los mossos que investigan el caso que estaba convencida de que su pareja iba a entregar la criatura en adopción.
