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La Ley de Partidos

Un partido político será declarado ilegal cuando...

Francisco Silverahttp://www.quenosenada.blogspot.com.es
Escritor y profesor, licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla y Doctor por la Universidad de Valladolid. He sido gestor cultural, lógicamente frustrado, y soy profesor funcionario de Enseñanza Secundaria, de Filosofía, hasta donde lo permitan los gobiernos actuales.
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Intelectualmente, vivimos una época de nuevos ricos decaídos, venidos a menos y proclamando esa riqueza ya perdida, pero estamos fuera de combate. Si no tenemos una visión crítica de la democracia, ésta se pervierte; no hay Libertad sin una continua reflexión que la redescubra, que la vaya afinando. Aclaro: la democracia es un marco de actuaciones, no un hecho en sí misma: es ética en su versión política, nada más; en su nombre se cometen crímenes aberrantes y una masa indeterminada pero grande la usa para su propio provecho sin vergüenza… pero nada de esto la deslegitima, muchas de sus consecuencias son atroces pero nos permite la autorregulación, por eso me gusta. Otros sistemas pueden incluso funcionar correctamente, pero mi librepensamiento no tolera la perspectiva de la Verdad: ese lecho en el que todo lo que sobresalga es amputado.

No soporto la regulación de las ideas o el lenguaje; por burdas que sean, prohibirlas es reprimir; como con el sexo: la presión surte por algún lado y no siempre para mejor. Nunca estuve de acuerdo con la Ley de Partidos, redactada ad hoc contra el mundo abertzale; no vamos a negar su eficacia, pero fue un atajo indigno. Eso no significa que yo defienda las posiciones nacionalistas, a mí Euskadi, Catalunya, Gibraltar o España me la reflonflinflan ampliamente. Defiendo que respecto de la palabra o las ideas expresadas, la Ley debe penar hechos, daños constatables, nunca establecer una censura previa que nos obligue a medir qué se puede o no decir. Lo peor para una Ley es la arbitrariedad en su interpretación, y cuando se juega con ideas es imposible no caer en ella. El apartado 2 del artículo 9 de la citada dice [si lo desea puede saltar toda esta cita en cursivas y continuar leyendo el texto en redondas]:

Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.

b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas.

c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma.

Se entenderá que en un partido político concurren las circunstancias del apartado anterior cuando se produzca la repetición o acumulación de alguna de las conductas siguientes:

a) Dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta.

b) Acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a la actividad de los terroristas, o que persiguen intimidar, hacer desistir, neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a la misma, haciéndoles vivir cotidianamente en un ambiente de coacción, miedo, exclusión o privación básica de las libertades y, en particular, de la libertad para opinar y para participar libre y democráticamente en los asuntos públicos.

c) Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión.

d) Utilizar como instrumentos de la actividad del partido, conjuntamente con los propios o en sustitución de los mismos, símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con el terrorismo o la violencia y con las conductas asociadas al mismo.

e) Ceder, en favor de los terroristas o de quienes colaboran con ellos, los derechos y prerrogativas que el ordenamiento, y concretamente la legislación electoral, conceden a los partidos políticos.

f) Colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúen de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas.

g) Apoyar desde las instituciones en las que se gobierna, con medidas administrativas, económicas o de cualquier otro orden, a las entidades mencionadas en el párrafo anterior.

h) Promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas.

i) Dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia”.

Perdonen la cita larga. Si España fuera una democracia completa, incluido el haber deslegitimado a la dictadura como Gobierno del Estado y haber reconocido su carácter violento, criminal y represor, ¿no les parece a ustedes que, por arte de birlibirloque, esta Ley pensada contra los separatistas violentos debería servir para ilegalizar ya a algunos partidos unitaristas y ultras? O sea, ¿por qué no actúa la fiscalía de oficio proponiendo la ilegalización de VOX y llamando la atención permanentemente con expedientes a quienes disculpan dictaduras por acción u omisión en los demás partidos?

El caso de VOX es flagrante, no hay un sólo punto en el que no se pueda comprobar su contraria actuación contra la Constitución española: tiene todos los requisitos para ser ilegalizado. En el caso de otros partidos, y sálvese quien pueda, pues ya me dirán: ningún totalitarismo puede ser excusado… El problema es que la arbitrariedad en su aplicación lleva a la deslegitimación del Estado como tal, nada más y nada menos; o sea, estamos echando leña a la maquinaria desmembradora de España porque, con razón, se puede colegir que la Ley ataca y defiende interesadamente, que la Justicia está politizada y se aplica donde el poder dominante (económico y tradicionalista, casi siempre) calcule que se pueda afianzar con su servilismo.

¿Cómo puede en Andalucía este innombrable juez sancionado por mal ejercicio en su cargo decir las barbaridades que dice? ¿Cómo pueden estar trasladando el guion de El cuento de la criada o Los niños del Brasil a los foros públicos de nuestro país transformados en doctrina pseudodemocrática? ¿Cómo se puede transmitir la idea permanentemente de que la Ley se publica sólo para quitar de en medio o explotar sólo a una parte de la población y querer que se siga confiando en nuestra democracia?

Conste que yo estoy en contra de esta Ley. Pero conste, también, que sancionaría de oficio e impediría la llegada a lo Público del persiguedráculas ése del crucifijo jurando su cargo que todo el mundo ha visto, la fe ha hecho más daño a este país que la política, ¿o son lo mismo? Conste igualmente que yo estoy convencido de que la aplicación firme y con criterio de unas cuantas normativas que den pie a la libertad de decidir del individuo, obligándonos a formarnos y a pensar para actuar, son la base de una democracia verdadera. Lo otro, ensueños de folkloristas que terminan buscando una solución final.

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