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La Ley de Mercado Abierto de Ayuso, una norma que hace dumping a las empresas y trabajadores de la Comunidad de Madrid

La ley autoriza a cualquier empresa española a operar en la Comunidad de Madrid sin necesidad de cumplir los requisitos establecidos por la normativa regional

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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El sindicato CCOO de Madrid denuncia que la Ley de Mercado Abierto aprobada el jueves pasado en la Asamblea abre la puerta a una desregulación indiscriminada de la normativa económica regional.

La ley presenta dos novedades. En primer lugar, autoriza a cualquier empresa española a operar en la Comunidad de Madrid sin necesidad de cumplir los requisitos establecidos por la normativa regional. La segunda, impone a la Comunidad de Madrid revisar su normativa para que nunca vaya más allá de la existente en otras comunidades autónomas.

En la práctica, la norma exige que el Gobierno regional renuncie a ejercer sus competencias regulatorias en todos aquellos ámbitos en los que otra comunidad autónoma establezca una regulación más laxa o carezca de ella, al tener que adaptar su normativa a este estándar más bajo.

Con ello, se antepone la actividad económica a cualquier otro interés general: están en peligro las normas de la Comunidad de Madrid que protejan los derechos de las personas consumidoras; que ordenen el uso del territorio y los sectores productivos (comercio, servicios, industria, minería, agricultura…); que establezcan protecciones específicas para el medio ambiente, la sanidad, la cultura etc., por encima de los estándares de otras comunidades autónomas.

Como antecedente, en 2013 el Gobierno de Rajoy impulsó la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, entre cuyos potenciales efectos estaba el de impulsar una convergencia a la baja de la normativa autonómica relativa a la actividad económica, lo que fue frenado por sentencia del Tribunal Constitucional. La Ley de Mercado Abierto del Gobierno de Ayuso supone que la Comunidad de Madrid se impone a sí misma las consecuencias de aquella fallida reforma legal.

Asimismo, esta normativa supone desde su aprobación una desventaja para las empresas establecidas en la Comunidad de Madrid y para sus trabajadoras y trabajadores, ya que las mismas deberán operar de acuerdo con la normativa regional, requisito que no se impone a las empresas que operan desde otras comunidades autónomas. Para CCOO de Madrid, esto supone un claro ejemplo del radicalismo neoliberal del Gobierno regional, que no teme perjudicar al tejido productivo madrileño para avanzar en su agenda desregulatoria.

La secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, ha subrayado que con esta medida la Comunidad de Madrid profundiza en las medidas desregulatorias, como la Ley Ómnibus, por lo que “CCOO seguirá movilizado contra cualquier iniciativa que suponga desmantelar los derechos de la ciudadanía madrileña”.

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