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La Ley de Memoria Democrática condena el golpe de Estado del 36 y anula las sentencias contra los represaliados

La norma, aprobada hoy en el Consejo de Ministros, plantea reconocer el trabajo de mujeres en la defensa y conquista de los valores democráticos y los derechos fundamentales.

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, presenta la Ley de Memoria Democrática aprobada hoy en el Consejo de Ministros. Una norma, que tras su cauce parlamentario, condena el golpe de Estado del 36 y anula las sentencias contra los represaliados.

El ministro de Presidencia no ha nombrado a su antecesora, Carmen Calvo, quien hasta la semana pasado preparó con su equipo esta norma por encargo del presidente del Gobierno.

Salvaguardar los valores democráticos

El ministro Bolaños ha insistido en la importancia de esta ley para para salvaguardar y dar difusión de los valores democráticos y derechos fundamentales. El Segundo objetivo, explica, es el «reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado del 36 y la dictadura posterior».

La norma también cambiará el contenido curricular en la formación. Se estudiarán los valores democráticos y lo que realmente pasó en el golpe de estado y la dictadura.

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El Valle de los Caídos, además, no podrá tener ningún cuerpo de los protagonistas en ningún lugar preponderante. Claro ejemplo será José Antonio Primo de Rivera, cuyos restos tendrán que salir del recinto, como ya lo hicieron los de Franco.

Se creará, según confirma Bolaños, el Centro Documental de la Memoria Democrática en Salamanca, donde están los legajos desde el 36 de la Guerra Civil. Además, se prohibirá la Fundación Francisco Franco y se extingue la fundación Del Valle de los Caídos y se aprobará un real decreto que establezca un nuevo régimen jurídico Del Valle.

Las víctimas, en primer plano

La norma pretende, según el Ejecutivo, «situar en primer plano a las víctimas de la guerra civil y la dictadura». Hay medidas específicas de reconocimiento y reparación: se fijan, por ejemplo, dos días oficiales para la memoria que serán el 31 de octubre de recuerdo y homenaje a todas las víctimas y el 8 de mayo para las del exilio.

También pone en valor el papel del movimiento memorialista durante estos años y plantea reconocer el trabajo de mujeres en la defensa y conquista de los valores democráticos y los derechos fundamentales. Bolaños ha recordado cómo muchas de las víctimas mujeres de la represión franquista lo fueron tan solo por ser pareja, madre o hija de hombres comprometidos políticamente.

Secundaria, Bachillerato y FP

La ley establece la actualización de los contenidos educativos en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En 2014 el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff lamentaba en su informe sobre España que «algunos libros de texto» continuaban refiriéndose a la Guerra Civil «en términos genéricos, perpetuando la idea de una responsabilidad simétrica», según recuerda Bolaños.

En este sentido, el Ministerio de Educación tiene en marcha una reforma del currículo educativo. En anteproyecto de ley, que se presentó en septiembre, incluía también cambios en estos contenidos en la formación del profesorado. El punto 2 del artículo 45 de ese anteproyecto establecía que «las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática».

Acceso a los archivos históricos

Además, se pretende facilitar el acceso a los archivos históricos para la investigación y divulgación desde 1936 hasta 1978. Para hacerlo se establece la creación de un censo de fondos documentales para la memoria democrática y la declaración de Lugar de Memoria el Centro Documental de Memoria Democrática con sede en Salamanca.

Se establece por primera vez un régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros por infracciones muy graves entre las que se incluyen trasladar restos de víctimas de la Guerra Civil sin autorización, destruir fosas comunes, lugares de memoria y homenaje y los «actos de exaltación» del franquismo que conlleven un grave menosprecio a las víctimas.

El Gobierno se marca como objetivo que sea el Estado el que suma las tareas de exhumación de fosas involucrando a las distintas administraciones. Así, este esfuerzo económico y personal ya no dependerá de las familias. Aunque, al menos en un primer momento, se mantendrá el actual sistema de subvenciones lo que ha provocado las críticas de asociaciones de víctimas. Para facilitar la identificación se plantea la creación de un banco de ADN y una fiscalía especial en el Tribunal Supremo para atender la búsqueda de desaparecidos.

Nacionalidad española a los hijos del exilio

La norma, según Bolaños, permitirá conceder la nacionalidad española para los hijos e hijas que nacieron en el exilio porque sus padres tuvieron que huir de España tras el golpe del 36.

El ministro de Presidencia centra los ejes de la ley: poner a las víctimas en el centro de la acción política del Gobierno. Injustas, ilegítimos aquellos tribunales de excepción. Todas esas sentencias se declaran nulas en la ley de memoria democrática.

Explica Bolaños también que «queremos que las miles de familias que siguen buscando los restos de sus familiares sepan que cuentan con el Gobierno para ayudarles en esa misión». Recuerda que son personas que solo quieren saber dónde yacen los restos de sus antepasados.

Insiste Bolaós en que queremos que «esas miles de familias sepan que van a contar con nosotros». Los principios fundamentales de la norma son «la verdad, justicia, reparación y deber de memoria. Como obligación para no repetir los hechos que ocurrieron», explica.

La ministra Portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, han comparecido hoy en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros .

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