La ley agraria que ultima el Gobierno regulará la “venta a pérdidas”, un mal endémico del sector

Los profesionales del campo ya no pueden más. Hartos de la crisis endémica que sufre el sector y que ningún Gobierno ha sabido (ni ha querido) resolver hasta el momento, los agricultores se han visto obligados a echarse a las calles y carreteras en todas las comunidades autónomas para defender su futuro y el de sus familias. La “tractorada” ha paralizado el país en una movilización que ha recordado mucho a las manifestaciones de los chalecos amarillos que se están produciendo en Francia. En ese escenario convulso, Pedro Sánchez ha llegado a Bruselas con la intención de negociar un buen acuerdo agrario con la Unión Europea. La empresa no es fácil, ya que los países más ricos, aunque pequeños y con escaso peso en el sector agrario como Holanda, Suecia o Dinamarca, ya han expresado su intención de bloquear cualquier presupuesto que suponga más inversión y ayudas a los fondos de cohesión para solventar los problemas de los sectores agrícola y ganadero. El asunto es de una trascendencia máxima para el futuro de la UE, y no solo afecta a España, también a los demás países mediterráneos exportadores, que atraviesan por una crisis sin precedentes.

Lo que se debate en Bruselas estos días es ni más ni menos si se rompe Europa como gran espacio de economía solidaria y de progreso y donde todos los países compiten en igualdad de condiciones, o si se avanza hacia un club elitista dividido en estados de primera y de segunda, donde las posiciones euroescépticas de la ultraderecha xenófoba, reacias a aportar más dinero a los parientes pobres del sur, se acaben imponiendo. A fin de cuentas España es una de las grandes despensas del viejo continente y si los países opulentos del centro y del norte de Europa, con rentas per cápita muy superiores a la media española, quieren seguir consumiendo buenos aceites, buenos tomates y naranjas de calidad, lo lógico es que el presupuesto agrario para el próximo año contemple una sensible mejora en las ayudas e inversiones. Baste solo un ejemplo para entender lo que está ocurriendo en los campos españoles: mientras productos agrarios como los cereales, la carne de vaca y la leche gozan de subvenciones oficiales desde la fundación del “mercado común” tras la Segunda Guerra Mundial, las frutas y hortalizas del Mediterráneo, básicas en la alimentación de los europeos, siguen sufriendo una desatención incomprensible por parte de Bruselas.

No cabe duda de que el Gobierno de coalición se ha encontrado con una crisis de inmenso calado. La “tractorada” le ha explotado a Sánchez en la cara justo en el momento de empezar a negociar los presupuestos europeos para los próximos años, pese a que las raíces del problema vienen de lejos y forman parte de esa herencia de gobiernos conservadores del PP cuyas políticas se volcaron con las grandes superficies y centros comerciales, olvidándose de los pequeños y medianos agricultores. Además, la salida del Reino Unido de la UE, el famoso Brexit que supondrá un recorte de 70.000 millones de euros a las arcas europeas, no ayuda precisamente a crear un clima de cooperación internacional. Con todo, el Ejecutivo PSOE/Unidas Podemos ha reaccionado con rapidez ante un conflicto laboral que, de enquistarse, podría conducirnos a protestas mucho más radicales, como las vividas estos meses en Francia con los chalecos amarillos. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ya ha confirmado que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes, día 25, un real decreto que transformará la Ley de la cadena alimentaria y que permitirá a los agricultores “tomar decisiones donde les hace falta”. En una entrevista a La Sexta recogida por Europa Press, la ministra de Presidencia ha asegurado que el Gobierno liderado por Sánchez está “muy atento” a las reclamaciones del sector de la agricultura porque sus demandas son “legítimas”. Y añade: en el Consejo de Ministros se tomarán “decisiones importantes” que harán “la vida más fácil” a los agricultores, al tiempo que anuncia una medida “muy interesante” por parte del Ministerio de Hacienda y que está aún por confirmar.

La Ley de la cadena alimentaria data de 2013, es decir, de los años de Gobiernos de Rajoy, y no ha servido para resolver el grave problema agrario que sufre España. Según ha podido saber Diario16, el borrador que prepara el gabinete Sánchez incluye una estricta regulación de “la venta a pérdidas”, es decir la comercialización de los productos agrarios con las grandes superficies por debajo de los costes de producción, una práctica que ha terminado por asfixiar a los agricultores. Esta es una de las principales reclamaciones del sector agroalimentario y uno de los grandes motivos que ha llevado al sector a su movilización. A su vez, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras mantener el primer encuentro de la mesa de diálogo agrario con las organizaciones Asaja, COAG y UPA, también ha apuntado que la ley irá en esa línea de prohibir los abusos a los profesionales.

El Gobierno trabaja en otro interesante paquete de propuestas que incluye revisar la Ley de organizaciones interprofesionales o intentar aumentar la dotación para los seguros agrarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Mientras tanto, el Ejecutivo tendrá que reunirse también con las grandes superficies y cadenas de supermercados, el otro gran agente afectado por el conflicto, para contribuir “a valorizar el trabajo de los agricultores”, que están preocupados por “la espiral en la caída de los precios”. Según ha apuntado el ministro, la ley incluirá “todas” las figuras relativas a las prácticas de competencia desleal registradas en la norma comunitaria. El objetivo de esta reforma será adaptar la normativa a la directiva europea y darle un “papel más significativo a cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria”.

Por otro lado, Planas pretende reunir la semana próxima el Observatorio de Precios para determinar qué sectores son los que se encuentran en una peor situación (entre ellos el hortofrutícola y el del aceite de oliva). Finalmente se debatirá sobre la reciente subida del salario mínimo interprofesional, un “compromiso político y social del Gobierno”, pero que se estudiará por si “puede generar algún impacto en la rentabilidad de las explotaciones” y en su caso “arbitrar” las medidas correctoras que fueran necesarias.

Con todo, el ministro ha reconocido que el Gobierno no puede fijar precios en un mercado donde rige la ley de oferta y demanda. Y ahí es donde está, quizá, la clave para resolver el conflicto. Un Estado social y democrático de derecho no puede dejar al arbitrio de los mercados algo tan básico y elemental como la producción de la comida que consumen los españoles y un mínimo de intervencionismo estatal para evitar la especulación, que ha campado a sus anchas en los últimos años, se antoja necesario. También será importante que el sector empresarial, las empresas intermediarias y de distribución y también los consumidores se conciencien de que este problema atañe a toda la sociedad.

El borrador del anteproyecto de ley para la mejora de la cadena alimentaria se someterá a exposición pública en las “próximas semanas”, según el ministro, quien confía en que pueda llegar al Congreso de los Diputados en los próximos once meses. Pero mientras el Gobierno consigue apaciguar a los profesionales del campo damnificados, la gran batalla se está librando en Bruselas, donde España solo puede tener un objetivo: conseguir un buen reparto de fondos y un plan estratégico para la futura Política Agraria Común (PAC), además de ampliar los mercados de destino esenciales para la exportación y la revitalización del sector.