Quien haya estado alguna vez en el Congreso de los Diputados, no sólo en el hemiciclo, habrá visto en el hall que da acceso al patio desde donde acceden los diputados al Palacio hay una estatua del anterior Jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón y Borbón.
En estos días de la investidura fallida de Pedro Sánchez, nuestro fotógrafo, Agustín Millán, pudo captar una imagen en la que se puede ver entre sombras esa escultura, entre sombras, y en la que se puede percibir cómo aún la sombra del Rey Emérito sobrevuela sobre la política actual.
La Transición fue un momento histórico necesario. Había que poner los cimientos para construir una democracia parlamentaria partiendo de una dictadura fascista de casi cuarenta años en la que las libertades y los derechos de la ciudadanía eran vulnerados todos los días o, directamente, no existían más que en el papel de las Leyes Fundamentales del Reino y en los Principios del Movimiento Nacional. Además, los franquistas ocupaban importantes puestos en la administración e intentaron ejercer su poder para evitar que se impusiera el franquismo sin Franco tras la muerte del dictador.
Para evitar que ese aparato del Movimiento pudiera ejercitar su poder e influencia en, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, se realizó un proceso para derogar las leyes franquistas utilizando los canales legales disponibles. De ahí partió la Ley de Reforma Política que fue el inicio del fin de la dictadura y que fue votado, precisamente, por los procuradores del régimen. Hay que recordar aquella portada de Diario16 del día después de la votación: «Adiós Dictadura, Adiós».
Una vez aprobada la reforma política y convocadas las primeras elecciones, se diseñó una Constitución de mínimos donde los derechos fundamentales de la ciudadanía quedaban supeditados a su desarrollo en leyes orgánicas. Además, se pusieron suficientes cortapisas para que ese aparato creado bajo la supervisión de Juan Carlos de Borbón fuera inamovible o que fuese imposible cualquier reforma. Hay que recordar que, por ejemplo, sólo ha habido dos reformas constitucionales desde 1978 y las dos han tenido como consecuencia la pérdida de soberanía de nuestro país.
La Transición fue necesaria pero ya es un hecho histórico más, es el pasado, no puede llevarse a la actualidad todos los días porque la realidad de los años 70 del siglo pasado no tiene ni punto de comparación con lo que el pueblo necesita a finales de la segunda década del siglo XXI. Y todo lo que ha ocurrido en la sesión de investidura fallida de Pedro Sánchez es consecuencia directa de la falta de las reformas que el país necesita, unas reformas que no pueden dejarse en manos sólo de la clase política, sino que debe tener la presencia activa de la sociedad civil. Ese fue uno de los grandes errores de la Transición: ser un cambio político impuesto desde los poderes del Estado, tal y como han reconocido la gran mayoría de los protagonistas de aquellos años.
El tiempo de la Segunda Transición ya ha pasado y es necesaria una ruptura absoluta con el modelo de Estado creado tras la muerte de Franco, la España creada por Juan Carlos de Borbón y la clase política de la época. La democracia española está en una crisis absoluta, no sólo por el crecimiento de los populismos de extrema derecha o por la sublimación del nacionalismo español. La ciudadanía está absolutamente dividida entre las élites y las víctimas de esos poderes que, a medida que pasa el tiempo sin reformas, van adquiriendo tics dictatoriales.
España, además de un gobierno, necesita la creación de una legislatura constituyente en la que todas las fuerzas políticas, junto a los representantes de todos los sectores de la sociedad civil, diseñen y aprueben una nueva Constitución que aborde las profundas reformas que precisan los tres poderes básicos de la democracia, sobre todo el judicial.
Una democracia no puede permitir que el gobierno del país esté sustentado por el poder oculto de las élites financieras, económicas y empresariales. Este hecho deja al pueblo absolutamente indefenso ante los intereses de quienes sólo buscan ampliar sus beneficios por encima de lo que sea, aunque para ello tengan que dejar a un 25% de la población en situación de exclusión social.
Una democracia moderna no puede permitir que se vulneren derechos constitucionales sólo porque las leyes aprobadas por el Legislativo lo permitan. Una democracia no puede quedarse de brazos cruzados ante el terrorismo machista porque dejar indefensa a la mitad de la población ante la amenaza de los asesinos. Una democracia no puede permitirse el lujo de no poder controlar los actos del Jefe del Estado como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia, por citar dos ejemplos de países con gran tradición democrática. Una democracia no puede dejar a sus ciudadanos desamparados ante el ataque de las élites económicas, financieras y empresariales.
Esta situación que el pueblo español vive día a día es consecuencia del fracaso del modelo democrático diseñado e implementado por Juan Carlos de Borbón y por su clase política. Sin embargo, la larga sombra del anterior Jefe del Estado sigue flotando por encima del país impidiendo el desarrollo hacia una democracia plena que favorezca al pueblo y no sólo a las élites.
