La situación de Venezuela no se centra sólo en la rivalidad entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, sino que hay un movimiento a nivel judicial por el que los departamentos de Justicia de distintos países están colaborando para la detención y extradición de los ciudadanos venezolanos que se convirtieron en multimillonarios gracias a la corrupción y a la impunidad para hacer negocios con el dinero del pueblo.
Una de las redes que más está siendo investigada es la creada por el ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez quien, junto a sus socios, expolió al pueblo venezolano de más de 60.000 millones de dólares.
En los últimos tiempos hemos visto cómo la Justicia española ha ido deteniendo a muchos de los hombres que trabajaron de manera directa o indirecta junto a Ramírez. Nombres como el de Nervis Villalobos, Luis Carlos de León, César David Rincón o Rafael Reiter. Entre los detenidos también destaca el yerno del opositor Antonio Ledezma, Fernando Vuteff, quien está acusado de blanqueo de capitales en Andorra. El último capturado por la policía ha sido el ex ministro venezolano de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado.
La Justicia también tiene puestos los ojos en otros de los socios de Ramírez que tuvieron un papel fundamental para traer sus petrodólares por medio de una red de empresas interpuestas o de transferencias internacionales desde paraísos fiscales que se inicia en Hong Kong y llega a Europa a través de Luxemburgo o Andorra para, finalmente, terminar en España, lugar donde se utilizan operaciones corporativas y/o empresariales o inversiones inmobiliarias para la conversión del dinero en patrimonio.
Muchos de los que aún viven libres en España están reclamados por la Justicia de los Estados Unidos por diferentes delitos, que van desde el presunto blanqueo de capitales hasta el narcotráfico. Estas reclamaciones de los tribunales federales estadounidenses son consecuencia del tiempo en que estos bolichicos decidieron establecerse en el Estado de Florida, principalmente en Miami. Cuando la Justicia los fue acorralando, salieron hacia diferentes países, principalmente España desde donde están operando con total impunidad…, de momento.
El propio Ramírez fue condenado recientemente por un tribunal de Texas al pago de 1.400 millones de dólares por el fraude cometido a los accionistas de la compañía Harvest Natural Resources. Además, se determinó que la red de Ramírez exigió a esa compañía sobornos por valor de 10 millones de dólares.
Mientras que varios fiscales federales de los Estados Unidos han confirmado la existencia de la red de corrupción de Ramírez, en España se le protege, tal y como ocurre cada vez que visita Ávila y es agasajado por importantes dirigentes del Partido Popular de esa provincia. Lo mismo ocurre con socios como, por ejemplo, Nervis Villalobos, Baldo Sansó o Jorge Neri, quienes se enfrentan a acusaciones por diferentes delitos económicos. A pesar de que Villalobos ha sido detenido varias veces y que la Audiencia Nacional aceptó su extradición a Estados Unidos, está actualmente en libertad.
En el caso de Neri, en los últimos tiempos ha realizado movimientos de capital de sus empresas en Luxemburgo a España y de aquí a Panamá. Sorprende que su abogado en España, Javier Cremades, continúe negando que Jorge Neri sea un bolichico o que, a pesar de las vinculaciones con el régimen de Nicolás Maduro, el letrado malagueño calificara a Neri como «gran adversario intelectual del régimen de Maduro». A modo de curiosidad, habría que decir que este letrado también tiene un bufete en Panamá.
Por otro lado, en el Congreso Mundial del Derecho de Madrid, Javier Cremades fue nombrado presidente de la World Jurist Asociation, sustituyendo, casualmente, a otro importante letrado venezolano, Franklin Hoet, quien ayudó en el año 2016 a la redacción de una ley de la Asamblea Nacional para la incautación de los bienes de los bolichicos, algo que, de momento, no se ha llevado a efecto.
Sin embargo, todo indica que la situación actual en Venezuela y el reconocimiento internacional a Juan Guaidó está acelerando las investigaciones contra quienes expoliaron los recursos del pueblo venezolano.
