La guerra del taxi ha llegado también a los tribunales. De la decisión de los jueces y magistrados en este conflicto dependerá en buena medida el futuro de miles de familias que viven del sector. Y en esa batalla legal que acaba de comenzar, el taxi tradicional parece estar perdiendo terreno mientras lo ganan las plataformas de vehículos de alquiler con conductor (VTC). El último revés al sector se lo ha dado la Audiencia Provincial de Madrid al desestimar en su integridad el recurso de apelación que presentó la Federación Profesional del Taxi de Madrid contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil Número 12, que estableció, entre otros puntos, que la empresa Maxi Mobility no ejercita su actividad, a través de la plataforma Cabify, en régimen de competencia desleal, “dada su condición de mera mediadora entre el cliente y el conductor del vehículo”.
Los magistrados de la Sección 28 de la Audiencia Provincial confirman también, tal como se señaló en primera instancia, que Maxi Mobility pueda obtener “una ventaja competitiva” frente a sus rivales en el mercado al utilizar la citada plataforma. En su demanda, los taxistas acusaban a la compañía de competencia desleal y de violación de las normas de transporte, por lo que denunciaron la situación. Ahora el colectivo no solo pierde el juicio sino que es condenado al pago de las costas.
La Audiencia madrileña aclara que “la catalogación de las actividades de mediación como categoría autónoma de ‘servicios en el ámbito de los transportes’ encuentra claro reflejo en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), que dedica a las mismas un capítulo específico”. En la redacción originaria de esta normativa –“la vigente cuando Maxi Mobility comenzó sus operaciones”, continúa la resolución judicial−, uno de los artículos establecía que las funciones de mediación entre los usuarios del transporte y los transportistas “únicamente podían ser realizadas por las agencias de transporte debidamente autorizadas”, para precisar, más adelante, en el artículo 122, que el “ejercicio de las funciones correspondientes a la actividad de agencia de viajeros será realizado por las agencias de viaje”. Es decir, la Justicia da la razón a Maxi Mobility, que según informaciones publicadas por El Español es la principal sociedad con la que Cabify opera en España. La empresa “fue constituida en el año 2011, el mismo en el que arrancó su actividad en el país. Tiene su matriz en el estado norteamericano de Delaware y gestiona toda la actividad del servicio de transporte en el mercado español”, añade El Español.
Pero más allá de los complicados entramados empresariales que dirigen las plataformas VTC y que se pierden en lejanos países, lo realmente importante es que la Justicia española empieza a fijar posiciones y criterios jurídicos en torno a la “guerra del taxi”. El pasado año se dictó un rosario de sentencias en los tribunales ordinarios sobre este conflicto y la mayoría de ellas han empezado a anular las duras restricciones y sanciones que regularmente suelen imponer las Administraciones públicas a empresas como Uber y Cabify.
Un dato resulta revelador: en 2017 las sanciones a las VTC aumentaron un 350%, y las inspecciones un 1.500% respecto a 2016. El incremento en las denuncias de los taxistas, que dicen sentirse hartos por la competencia desleal, y un mayor control de las administraciones públicas a la hora de vigilar las actividades de estas corporaciones trasnacionales estarían detrás de la fuerte subida en el número de sanciones. De modo que la lucha en la Administración la tienen ganada los taxistas. Cuestión distinta es lo que sucede después, cuando esos expedientes llegan a los tribunales. Ahí es donde las sanciones suelen tumbarse. Así, la multa más habitual contra las VTC que está siendo anulada en los juzgados es la de captación ilegal de clientes en la vía pública. “Ya hay varias sentencias de juzgados madrileños que han revocado sanciones de la Comunidad de Madrid al rechazar los criterios de la Administración a la hora de definir el concepto de “captación ilícita” por no tener ningún respaldo jurídico y porque la actividad probatoria ha sido insuficiente”, publicaba El País en su edición digital del pasado 28 de diciembre. Según el rotativo madrileño, en este momento hay al menos 2.000 reclamaciones y recursos pendientes de las VTC por esta causa que pueden seguir el mismo camino del archivo o la revocación en vía judicial, lo cual supondría otro serio varapalo para los taxistas en la lucha que han iniciado por la reivindicación de sus derechos.
Todo esto lleva a pensar que la guerra por la supervivencia del taxi se juega en varios frentes: en la calle, en el mundo de la política, en las oficinas de Ayuntamientos y comunidades autónomas, en los despachos de los consejos de administración de los grandes bancos y empresas, en los medios de comunicación y por supuesto también en los juzgados y tribunales, que empiezan a sentar jurisprudencia a favor de las VTC en un asunto que hasta ahora adolecía de un gran vacío legal. Esa postura judicial podría desequilibrar la balanza definitivamente de lado de Uber y Cabify.
De momento, en previsión de la tormenta que se avecina, el Ministerio de Fomento prevé aprobar próximamente nuevas sanciones para las VTC, que se impondrán en el caso de que estos vehículos no presten servicio de acuerdo a lo establecido en la ley. Además, el ministerio ha advertido de que las VTC dejarán de operar en las ciudades en que están presentes en cuatro años si, antes de este plazo, los gobiernos regionales y los ayuntamientos no regulan el servicio de transporte de vehículos de alquiler con conductor en sus territorios.
esa justicia d la banca y sus partidos hay que cambiarla