El juez Fernando Presencia en su despacho. Foto: Confilegal

Otro ámbito donde se están desarrollando comportamientos presuntamente corruptos es en la Administración de Justicia y ahí el mayor referente de denunciante de la misma es el juez Fernando Presencia Crespo quien ha sufrido las represalias del aparato corrupto del Estado a través de su inhabilitación por una causa en la que, posteriormente, se ha sabido que actuó de manera diligente a pesar de que continúan condenándole.

Todo empezó por la denuncia que presentó Presencia por un presunto pelotazo urbanístico en un pueblo de la provincia de Toledo, enviando pruebas a la UDEF que sustanciaban su denuncia sobre la existencia de una presunta «trama de corrupción» en los Juzgados de Talavera de la Reina. Las mencionadas pruebas se refieren al «pelotazo urbanístico» de Pepino, localidad cercana a Talavera, el epicentro de la mencionada trama, que es donde el fiscal decano de la Fiscalía de esa ciudad, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, tiene su chalet, construido en una zona ilegal, tal y como publicó Diario16. Dicho chalet es consecuencia directa de ese “pelotazo urbanístico”, de acuerdo con el magistrado. En las pruebas aportadas se puede comprobar, según el juez Presencia, que la plica presentada como oferta de quien luego resultó adjudicataria del concurso público –la mercantil Hervasán- «no se hizo en sobre lacrado, como exigía la convocatoria, sino en sobre abierto y dejando en blanco el espacio correspondiente, con la finalidad de amañar el concurso público». La cantidad que finalmente «refleja el documento fue rellenada luego ‘a mano’ por alguno de los funcionarios intervinientes en la mesa de licitación», afirma el juez a Diario16.

Presencia también entregó a la UDEF el acta de la mesa de licitación «en la que no aparece la firma del tesorero, intentando con ello evitar las necesarias responsabilidades penales».

La información entregada fue facilitada por el letrado Carlos Lucas Cifuentes, quien recibió autorización de su cliente, Francisco Sánchez Gil, concejal del Ayuntamiento de Pepino en la época en la que él mismo denunció el pelotazo urbanístico, bajo la sospecha inevitable de presuntos sobornos en la urbanización en torno a la cual se construyó después el chalet ilegal, «en medio de un cauce fluvial y en contra de la prohibición ordenada por al Confederación Hidrográfica del Tajo». Presencia esperaba que «con esa información se pudiera desenredar este nudo gordiano que, hasta ahora, ha impedido que se conozca la verdad de lo que he venido denunciando sobre la ‘trama de corrupción’ en los Juzgados de Talavera, y de la cual el fiscal De la Cruz Andrade es un beneficiado directo”, afirma el juez Presencia.

A partir de ese momento, Fernando Presencia fue objeto de todo tipo de ataques y maniobras para acabar con su carrera. Ataques que culminaron con una manifestación de medio centenar de personas, casi todas ellas abogados, bajo el lema «Por la dignidad de la Justicia». Una manifestación convocada a título personal, según sus propias declaraciones, por la decana del Colegio de Abogados, Margarita Cerro.

Fernando Presencia presentó su candidatura a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en claro enfrentamiento con el que luego sería reelegido, Vicente Rouco. Y, por si esto fuera poco, el juez se enfrentó en el Supremo al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. El máximo órgano de los jueces le sancionó en varias ocasiones. En una de ellas, un expediente acabó con su carrera como titular del juzgado mercantil nº 2 de Valencia siendo trasladado forzosamente a Talavera de la Reina. En otras palabras, tiene demasiados enemigos de todos los colectivos de la carrera judicial.

Las maniobras para silenciarle han llegado, incluso, a un intento de agresión por parte de los abogados del fiscal Demetrio de la Cruz Andrade, según denunció Presencia en comisaría. El juez se hallaba practicando deporte en las inmediaciones del puente de Castilla la Mancha de Talavera de la Reina y puso a la altura de una persona que se hallaba sentada en un banco y que le hacía fotos. Según la denuncia, Presencia reconoció a esta persona: Francisco Javier González de Rivera, uno de los abogados del Fiscal de Talavera.

Sin embargo, no era el único presente allí que tenía relación con los denunciados por Presencia ya que «en el otro carril de la calzada y a la misma altura se encontraba un vehículo con placas […] pertenece y conducido por Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, encontrándose en los asientos traseros el letrado Victoriano de la Cruz del Valle». Cuando Presencia se dio cuenta de que le estaban haciendo fotos, se detuvo, «momento en el que Francisco Javier se le ha encarado, llamándolo “delincuente”, a lo que [Presencia] le ha contestado que estaba cometiendo un delito contra la Administración de Justicia y que iba a llamar a la Policía», afirmaba la denuncia.

El juez cogió su teléfono móvil y, en ese instante, el abogado le acometió «mediante un puñetazo, cayendo el teléfono al suelo, intentando Francisco Javier pisarlo, iniciando un forcejeo entre ambos con el afán de recuperar el móvil». Cuando Presencia logra quitarse de encima al presunto agresor, éste se va corriendo al coche anteriormente descrito.

Fue en ese instante cuando Presencia pidió ayuda y paró a una ambulancia que no le puede socorrer puesto que llevaba las sirenas activadas porque debía llevar a un enfermo al hospital. El juez se dirigió entonces hacia el vehículo en el que se montó González de Rivera y realizó tres fotografías que ya han sido puestas a disposición de la Policía Nacional. Al llegar al vehículo «ha podido ver quién lo conducía y lo ocupaba».

Este hecho se produjo un día antes de que tanto el juez Presencia como Ángel Demetrio de la Cruz Andrade se vieran en los juzgados y muestra cómo los denunciantes de corrupción están totalmente desprotegidos ante las posibles represalias que puedan recibir por parte de los denunciados.

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