Hoy se cumple el noveno aniversario de la tragedia de la que casi nadie se acuerda. Cinco militares, que se encontraban con otros compañeros, en unas prácticas para desactivar explosivos ante su inminente misión en Líbano, murieron en el campo de prácticas de El Palancar, en Hoyo de Manzanares del cuartel de Ingenieros en Madrid. El Ejército, a través de la firma de un general, decidió utilizar explosivos inútiles para las prácticas. Una decisión que llevó a la muerte a cinco hombres jóvenes y destrozó la vida del teniente Candón, quien aún tiene metralla en el cuerpo, perdió un ojo y está prácticamente ciego. Pero tuvo más suerte que el resto, tras 30 días en coma, consiguió sobrevivir.
Y nueve años después, el teniente Candón no ha conseguido que la Justicia militar reconozca la «grave negligencia del Ejército” por permitir que material clasificado por las Fuerzas Armadas como “inútil” se utilice para las prácticas.
De hecho, dos años después de la tragedia de Guadarrama, otros tres militares legionarios murieron por el mismo motivo en Almería.
Carta
El teniente Candón, de la Unidad de Infantería Marina, a través de un carta que adjuntamos en esta noticia en PDF, reclama justicia, “que se reconozca la sucedido y que no vuelva a ocurrir”, explica a diario16.com.
A esta reivindicación se une también la Asociación de militares 45 sin Despidos, que pretenden que esas muertes no sean inútiles y se les haga justicia, según confirma a Diario16 su presidente, Jenner López.
En su misiva, Candón destaca que “se cuentan ya, 3287 días de encarnizada lucha judicial, y varapalo tras varapalo los familiares de los fallecidos y los supervivientes del mal llamado “accidente” de Hoyo de Manzanares no hacemos más que fortalecer los deseos de obtener la justicia que el Ministerio de Defensa y su Justicia Militar nos llevan negando 470 semanas”.
En la carta, el teniente Candón denuncia también que “Más de 2000 folios de instrucción y casi 365 días después de nuestra última petición por escrito al Juzgado Togado, en la cual solicitábamos una serie de actuaciones y pruebas documentales a la Justicia Militar, representada por el Juzgado Togado Militar nº 11 de Madrid, al frente del cual se encuentra la prestigiosa Magistrada Militar Comandante Doña Patricia Moncada, auditora que puso en duda en alguna ocasión la imparcialidad de los informes militares en accidentes, aun así siguen sin pronunciarse al respecto. Mención aparte merece la Fiscalía Militar ausente en todo momento y de manera pasiva excepto para situarse en nuestra contra como segundo Abogado del Estado oponiéndose a nuestros escritos y sin intención alguna de esclarecer lo sucedido. Casi 365 días de dilación tras nuestra última comunicación con el Juzgado que bajo ningún criterio ni notificación han sido explicadas, ni argumentadas jurídicamente hasta el día de la fecha.”
Los hechos
Se trataba de un ejercicio de adiestramiento de desactivación de explosivos, en el marco de su instrucción con vistas a participar en el próximo relevo de las Fuerzas Armadas españolas en la misión que la ONU desarrollaba en el Líbano, en la que una de las tareas principales de los militares españoles es el desminado de la zona.
El accidente ocurrió a las 10.30 horas, cuando se estaba realizando un ejercicio de desactivación de explosivos en este recinto que alberga la Academia de Ingenieros. Durante el ejercicio se produjo una fuerte explosión que ha afectado de lleno a los fallecidos, cuyos cuerpos quedaron destrozados.
En el comunicado que entonces envió el Misterio de Defensa, con Carme Chacón al frente, se evitó reconocer que los trágicos sucesos ocurrieron por el mal estado de las minas que estaban desactivando y que, de hecho, habían sido declaradas “inútiles” por el propio Ejército.
Desde entonces, ningún ministro -ni del PP ni del PSOE- ha recibido al teniente Candón, a pesar de haberlo solicitado en varios ocasiones.
Tan sólo 34 años tenía José Manuel Cardón cuando ocurrió la explosión. Su hija sólo contaba con seis meses de edad y el mayor de 8 años. No recuerdan a su padre sin las terribles consecuencias físicas de aquella explosión que casi acaba con su vida.
Este militar confirma a Diario16 que aquellos explosivos que manipulaba en las prácticas -de aquel nefasto día de hace hoy nueve años – “estaba catalogado desde diciembre del año anterior como inútil y estado 40”. Según explica, la jueza que archiva la causa en el 2013 lo archiva porque no ve responsabilidad penal y llega a decir frases como “el material es fiable y estable a pesar de ser inútil”.
Candón recuerda que hay un manual que prohíbe el uso de material inútil para prácticas por su peligrosidad. “No sabemos por qué un general en 2007, mediante un mensaje autoriza este material para unas maniobras en Zaragoza porque no existe munición para prácticas, para ahorrar”. Desde entonces, fue ya práctica habitual en el Ejército, a pesar de que se haya cobrado ya tantas víctimas mortales.
