En referencia a esta presunta utilización de información privilegiada, el pasado mes de mayo fue presentada una querella en la Audiencia Nacional contra los principales responsables de esas administraciones que retiraron sus depósitos del Popular en los días previos a la resolución por la presunta comisión de hechos constitutivos de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos; de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función; delito relativo al mercado y a los consumidores, y delito de sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural.

El día 4 de enero de 2019, la Sala de lo Penal de la Audiencia ha decidido desestimar los autos de desestimación de Fernando Andreu y el nuevo juez de instrucción, José Luis Calama Teixeira, en un auto fechado en el día de ayer, ha decidido trasladar esta querella al decanato de la Audiencia Nacional para que pase a reparto y se inicie la investigación de los hechos querellados, es decir, del uso de información privilegiada por parte de las instituciones públicas a la hora de retirar depósitos del Banco Popular, en una causa separada de la que se está instruyendo en el Juzgado Central de Instrucción 4.

Diario16 lleva meses insistiendo en el hecho de que la retirada masiva de depósitos del Banco Popular por parte de las instituciones, organismos y empresas públicas ejecutada en los días previos a la resolución de la entidad pudo haberse producido por una presunta transmisión de información privilegiada.

La cronología de los hechos da pie para ello. El día 3 de junio de 2017 la JUR y el FROB decidieron que el Popular tenía que ser resuelto y enviaron, a través de Arcano Jeffreis cartas para las principales entidades financieras españolas para informarles del asunto y para que informaran si estaban en condiciones de presentar ofertas en un proceso de subasta que tendría lugar el día 7 de junio. A partir del lunes de esa semana comenzó una retirada de depósitos que llegó a alcanzar los 7000 millones de euros. Sólo ese lunes esas administraciones retiraron casi 5000 millones, tal y como reflejan los propios datos internos del Popular:

En el segundo trimestre, es decir, durante la gestión de Emilio Saracho, fueron retirados más de 15000 millones de euros. Casualmente, la gran retirada se produjo cuando la resolución ya estaba aprobada y programada. Han sido muchas las excusas puestas por estas instituciones: prudencia, responsabilidad, las calificaciones de rating, etc.

Esto da un vuelco importante al Caso Banco Popular puesto que el inicio de esta investigación abre una nueva vía para esclarecer lo que realmente ocurrió en junio de 2017 para que más de 305000 familias quedaran arruinadas.

7 COMENTARIOS

  1. Pero por Dios!!si es que esto es una claridad meridiana, que todas las instituciones retiraron el dinero con informacion privilegiada, dejandonos a los demas desprotegidos, ningun juez en sus cabales puede desestimar esta informacion!!.CLAMA AL CIELO

  2. También podrían investigar porque el segundo mayor accionista de banco popular, CREDIT MUTUEL, abandona el Consejo 2 días antes de la resolucion, sin saber si vende a mercado su participación. ¿Al tratarse de una entidad financiera podría estar conocer las intenciones de la JUR?.
    Gracias Diario16 por no abandonarnos.

  3. También es interesante revisar el volumen de contratación de las acciones negociadas los días anteriores a la resolución para comprobar que la información disponible no era simétrica, como decía la CNMV para permitir las posiciones cortas en el valor.

  4. Algún día habrá que pasar por el filtro de la justicia actuaciones de jueces instructores, por que esto no podía ser un cúmulo de casualidades de ninguna de las maneras.
    Saludos a Garzón (mi querido Emilio) y compadres amigos.

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