ACODAP, la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por Fernando Presencia, el ex juez decano de Talavera de la Reina, denunció en el juzgado de guardia indiscutibles evidencias de la existencia de “una banda de perfil claramente criminal que se dedica a amañar concursos de acreedores en los juzgados de lo Mercantil de Valencia. La banda es tan “profesional” que tiene constituida una S.L. (Sociedad Limitada mercantil) que utiliza para la operativa de sus delictivos manejos. Es una empresa empleada como tapadera de sus fraudes, indica la denuncia a la que Diario16 ha tenido acceso.

El juzgado de instrucción nº 4 de Valencia ha incoado las Diligencias Previas 66/2021 donde se investigará el presunto saqueo de las empresas concursadas “Patrimonial Espacial 47 S.L.”, “Ingrade, S.L.” y “Freepublic, S.L.”.

La citada sociedad, constituida al efecto, se denomina “Barbeta y Jover Concursales S.L.” y su objeto social (no se andan con disimulo) consiste en: “el asesoramiento, preparación, documentación, preparación de solicitudes de declaraciones de concurso de los clientes, y presentación de las mismas en su representación. Y el ejercicio del cargo de administrador concursal”.

La denuncia resalta que: En principio el objeto social de la mercantil denunciada podría parecer normal si no fuera por un detalle, y es que lo que se pretendía realmente era que, una vez se presentaban las solicitudes de concurso en nombre de sus clientes, los denunciados debían perseguir también que se les nombrara como administradores concursales, lo que no solo está prohibido por la Ley Concursal (art. 65.1 TRLC), sino que además constituye un delito de corrupción en los negocios castigado en el artículo 286 bis del Código Penal.

Esto que aparece puntualizado en el anterior párrafo es precisamente el escenario que se materializó en el caso de Julio Insa. El abogado ahora denunciado, Francisco Javier Jover Sáez, decidió presuntamente urdir la supuesta trama delictiva cuando el juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia le nombró administrador concursal de una pequeña empresa perteneciente a este locutor deportivo damnificado (“Patrimonial Espacial, 47 S.L.”) que prácticamente no tenía activos (bienes) en su balance. El abogado comprobó, según la denuncia, que el grueso del patrimonio inmobiliario del periodista estaba repartido entre dos empresas más. Unas sociedades limitadas que hasta ese momento no estaban en concurso de acreedores. Eran las mercantiles “Ingrade, S.L.” y “Freepublic, S.L.”

El administrador concursal Jover convenció a Insa, mediante supuestos engaños, para que fuera su cliente. A renglón seguido le presentó a quien debía ser su “asesor financiero y económico”, Francisco Javier Barbeta Rubio, el segundo de los denunciados. En este entramado Barbeta debía ser contratado a través de su empresa “Centifec, S.L.”, la misma que recibiría los pagos.

Con objetivo de repartirse los pagos, Jover y Barbeta constituyeron la empresa “Barbeta y Jover Concursales, S.L.”. Más tarde presentarían los concursos voluntarios de “Ingrade, S.L.” y “Freepublic, S.L.”, utilizando para hacerlo la firma de un testaferro.

Según lo que habían planeado entre ellos, los concursos voluntarios se unieron y acumularon al que ya se estaba tramitando en el juzgado Mercantil nº 3 de Valencia, con Jover como único administrador concursal. Entonces, según la denuncia, el abogado ralentizó el procedimiento mientras los socios se apropiaban de los alquileres y las rentas procedentes de los bienes del concurso, incluyendo hasta del coche del periodista.

La anormal y embaucadora situación se prolongó durante cuatro años hasta que Julio Insa fue consciente del engaño y en 2016 contrató a un nuevo abogado. Entonces denunció a Jover y Barbeta en el juzgado de guardia.

A raíz de esa denuncia comenzaron a llegarle las represalias. En los cinco meses siguientes a la presentación de la denuncia Jover formuló, contra los intereses del locutor de radio y televisión, trece procedimientos incidentales y cuatro querellas criminales. Todas ellas fueron archivadas.

Además, el administrador concursal propuso que se calificara como culpable al locutor deportivo. Gravísimo asunto teniendo en cuenta que quien preparó la documentación de esos concursos fue el propio Jover.

Lo más preocupante en estos momentos es la situación provocada por las subastas de los inmuebles en los que el periodista lleva a cabo su actividad profesional. En ellos tiene también su domicilio familiar. Los letrados de Julio Insa deben conseguir que sea expulsado de los juzgados de lo Mercantil el iracundo administrador concursal y paralizar unas subastas que más tarde o más temprano deberán anularse. La situación personal y profesional a la que están sometiendo al periodista pudiera resultar francamente dramática.

Es evidente – dice la denuncia– que el administrador concursal Francisco Javier Jover Sáez está dispuesto a dejar sin vivienda y sin trabajo a quien previamente le denunció por corrupción, represalia que está expresamente prohibido por la DIRECTIVA (UE) 2019/1937”.

Hay que tener en cuenta que la Directiva de la UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, entró en vigor el pasado 17 de diciembre de 2019 y prohíbe todo tipo de represalias a los denunciantes y alertadores de corrupción. Además obliga a los poderes públicos a la investigación de todos los delitos denunciados.

ACODAP termina pidiendo en su denuncia dirigida al juzgado de guardia de Valencia que se ordenara la detención inmediata de Jover, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dada la extrema gravedad de los hechos denunciados, que podrían ser constitutivos de un “delito continuado de corrupción en los negocios castigado en el artículo 286 bis del Código Penal, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos cometidos por administrador concursal, administración desleal, falsedad en documento público y de comercio, y tráfico de influencias”. Para la sociedad “Barbeta y Jover Concursales S.L.” se pedía en el escrito como medida cautelar la suspensión de sus funciones “hasta tanto se acuerde lo necesario sobre ella en resolución definitiva y firme dictada en el correspondiente procedimiento penal”.

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