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La Justicia imputa por homicidio a la directora de una residencia pública de Madrid y complica la impunidad de Ayuso

La Comunidad de Madrid prohibió a las residencias derivar a los mayores al hospital, lo que generó miles de muertes que, probablemente, podrían haberse evitado

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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La Justicia imputa por homicidio a la directora de una residencia pública de Madrid y complica por primera vez la impunidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, En abril de 2020, en plena primera ola de la Covid-19 se comunicó que, en el Centro de Mayores Gran Residencia, en el distrito madrileño de Carabanchel, habían fallecido 70 residentes y había más de 120 contagiados, detectados con test PCR.

La Consejería de Sanidad, prohibió a través de unos protocolos, a las residencias derivar a los mayores al hospital, lo que generó miles de muertes en los centros de mayores de la región que, probablemente, podrían haberse evitado

Esta es la primera vez que un juzgado cita como investigada a la directora de una residencia por el fallecimiento de una mujer que no fue derivada a un hospital. R. M. M. G., directora del Centro de Mayores Gran Residencia por el presunto delito de homicidio el próximo día 26 de febrero de 2021 a las 10 de la mañana.

En el auto el juez afirma que, “conforme a lo dispuesto en el artículo 299 y concordantes de la citada ley procesal, es procedente acordar la incoación del oportuno sumario para averiguar y hacer constar la perpetración del delito, las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de las personas responsables, asegurando su disponibilidad a resultas de esta causas y las responsabilidades pecuniarias que se deriven» cuyos hechos «revisten caracteres de presunto delito de homicidio”.

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La hija de una mujer residente, Vicenta C. M., que falleció el 27 de marzo en el centro público sin haber sido derivada a un hospital se querelló contra esa decisión.

El pasado 11 de mayo de 2020, la Marea de Residencias, que agrupa a familiares de personas mayores en residencias, presentaron una querella criminal colectiva contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10 directores de residencias con fallecidos o mal atendidos durante esta crisis sanitaria.

Carlos Vila, abogado de Mareas Residencias está satisfecho porque “se abre la primera investigación sobre residencias y nuestra labor es llegar al final del todo. Es decir, saber primero si hay responsables y después saber si hay más responsables a parte de los directos, de la directora de la residencia. Si hay responsabilidades mayores del consejero de Sanidad, del consejero de Justicia o de la propia presidenta de la Comunidad.

En abril: “Nos prohibieron usar mascarillas para no alarmar”

Varias trabajadoras sanitarias con amplia experiencia en este centro, denunciaron en abril de 2020 que “al principio, la directora prohibió usar mascarillas a algunos compañeros que las llevaron por propia iniciativa, porque decía que se alarmaba a los residentes. Luego nos dieron una mascarilla para una semana y bolsas de basura para ponernos encima del uniforme porque no teníamos bata. A partir de ahí empezaron los síntomas en algunos residentes y en compañeros”.

“Algunos residentes fueron trasladados al hospital, pero han vuelto al centro porque los hospitales estaban saturados y había que aligerar camas. Nuestro hospital de referencia es el Gómez Ulla. Trajeron de allí a un residente que venía fatal, para que falleciera en el centro. A otro lo devolvieron diciendo que sólo tenía neumonía y ha seguido en contacto con el resto de los residentes y con el personal. Luego resultó estar contagiado”, explicó por aquel entonces a El Plural la trabajadora.

Esta trabajadora que no quiere ser identificada no adivinaba por qué Fiscalía no investiga: “Los trabajadores no quieren denunciar porque siempre te están amenazando con sanciones, y claro la gente tiene su familia, es su trabajo. Deberían entrar y ver cómo está funcionando el centro. Siempre ha funcionado mal, con poco personal y la higiene no es la adecuada”.

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