Los vaivenes de la Justicia en pandemia ponen de manifiesto un sistema que no responde a las necesidades ni expectativas de los ciudadanos. Así, estos días, además de ver cómo unos tribunales Superiores permiten medidas antiCovid a unas comunidades y las prohíben a otras, nos encontramos también con la imputación a la directora de Salud Pública de Baleares por confinar a los estudiantes en un hotel. Ningún tribunal investiga, sin embargo, los protocolos de Ayuso en las residencias durante la pandemia.
Declaración en septiembre
Así las cosas, la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, está siendo investigada por un juzgado de Palma por un presunto delito de prevaricación y detención ilegal.
Font ordenó el confinamiento forzoso y bajo custodia policial de 270 estudiantes que se encontraban en Mallorca en viaje de estudios a finales de junio, tras detectarse un megabrote de Covid. Font tendrá que declarar el próximo 7 de septiembre.
Por su parte, más suerte tiene Isabel Díaz Ayuso. En lo político, porque consigue colar el bulo entre su ciudadanía de que lo que ocurrió en las residencias de mayores en Madrid, donde la comunidad tiene todas las competencias, fue culpa de Pablo Iglesias. En lo jurídico, porque se ha librado de imputación alguna, por el momento.
Además, Ayuso, con su mayoría parlamentaria gracias a Vox, ha impedido el paso a la propuesta conjunta de los partidos de izquierda para la creación de una comisión que investigue la gestión de las residencias de mayores, realizada por la Comunidad durante la pandemia tras el fallecimiento de 6.209 usuarios.
Lo cierto es que en la anterior legislatura, hasta sus socios de Gobierno, Ciudadanos, reconocieron la decisión de Ayuso de impedir el traslado de los residentes de los centros geriátricos a los hospitales.
