Sorprendente, muy sorprendente, que la Justicia haya dictaminado en contra de un miembro de la familia Botín. En España sólo hay dos familias que son impunes a la Justicia: los Borbón y los Botín.

Sin embargo, la Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación planteados por Jaime Botín y la empresa Euroshipping Charter Company contra las sentencias de la Audiencia Nacional que confirmaron las resoluciones del Ministerio de Cultura por las que se denegó el permiso de exportación del cuadro de Picasso Head of a Young Woman y se declaró expresamente su inexportabilidad como medida cautelar. El tío de Ana Patricia Botín hizo caso omiso a esta resolución, intentó sacar de España dicha obra de arte y le pillaron, hecho por el que fue condenado.

Dichas órdenes de Cultura fueron dictadas en los años 2012 y 2013. La Audiencia Nacional rechazó el recurso de Jaime Botín contras las mismas en 2015. El Supremo suspendió en enero de 2017 la tramitación de los recursos ahora resueltos por prejudicialidad penal, es decir, hasta que hubiese resolución en las diligencias penales que se siguieron por un Juzgado de Instrucción de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por presunto delito de contrabando del citado cuadro, y que concluyó con sentencia condenatoria de 3 años de prisión y una multa de 91,7 millones de euros.

La decisión del Tribunal Supremo allana el camino para que un Botín entre en la cárcel, algo insólito en España y que, según han confirmado distintas fuentes a Diario16, ha causado un verdadero shock en una parte de la población de Cantabria que no se puede creer que un Botín pueda entrar en prisión.

La defensa de Jaime Botín, liderada por el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, presentó un incidente de nulidad a la sentencia del Juzgado de lo Penal. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por este medio señalan que la decisión de Tribunal Supremo deja muy difícil que pueda ser aceptado.

La actitud que hasta ahora han tenido algunos miembros del Poder Judicial con la familia Botín provocaba un daño que durante años ha sido irreparable, no sólo a la Administración de Justicia, sino a todo el sistema democrático. A lo largo de los años hemos visto cómo el actual abogado de Jaime Botín, el ex magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez fue el ponente que consagró la «doctrina Botín» que absolvió a Emilio Botín de la acusación de las cesiones de crédito.

Recordemos que gracias a la «doctrina Botín» Emilio Botín, Rodrigo Echenique Gordillo e Ignacio Uclés Romero, presidente, consejero delegado y jefe de asesoría jurídica del Santander respectivamente, fueron absueltos por fraude fiscal y falsedad documental por motivos puramente procesales gracias a una discutida interpretación de la institución de la acusación popular, instituida en el artículo 125 de la Constitución.

También en relación con el Santander y Emilio Botín, Gómez Bermúdez se auto nombró presidente de la sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que iba a juzgar el caso de las jubilaciones multimillonarias en el que estaba acusado el entonces presidente de la entidad cántabra por haber pagado a José María Amusátegui 50 millones de euros más una pensión vitalicia de 7 millones anuales y a Ángel Corcóstegui 108 millones de euros por su jubilación anticipada para no entorpecer la carrera de Emilio Botín como presidente en solitario del Santander, entonces BSCH.

La Sala de la Audiencia Nacional estimó la recusación de la acusación de don Rafael Pérez Escolar y apartó a Gómez Bermúdez de la causa. El cuestionado autonombramiento de Gómez Bermúdez como presidente y ponente de la causa, no tenía explicación, desconociéndose con que propósito realizó el mismo, aunque la posterior «doctrina Botín» podría ser un indicativo.

Tampoco se puede olvidar cómo tres generaciones de la familia botín ocultaron al Estado español durante más de 70 años parte de su patrimonio de 2.000 millones de euros en Suiza con la utilización de entramados societarios de paraísos fiscales. Esta cantidad suponía el 60% de todos los fondos ocultos desvelados por la Lista Falciani

Estos hechos fueron reconocidos por la familia Botín en comunicaciones a la Agencia Tributaria recogidas en un auto de junio de 2011 del Juzgado Central de Instrucción nº 4 (Fernando Andreu) de la Audiencia Nacional tras la aparición de la Lista Falciani resultan el gran escándalo de la oligarquía española.

Que tres generaciones de la familia Botín, desde don Emilio Botín-Sanz de Sautuola y López, pasando por Emilio Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos, pasando por Jaime Botín y terminando en Ana Patricia Botín O’Shea, en 70 años no tuviesen tiempo de regularizar su patrimonio oculto al fisco español, no fue muy creíble. Como tampoco fue muy beneficioso para la democracia el archivo por parte de Andreu con el argumento de que se había pagado la multa, lo mismo que puede ocurrir con el rey emérito. Estos son los privilegios de las personas y las familias que disponen de facto inmunidad e inviolabilidad ante la Justicia.

En consecuencia, esta sorprendente decisión del Supremo respecto al procedimiento contencioso administrativo, la condena y la posible entrada en prisión de Jaime Botín, ¿puede ser el comienzo de una nueva era para España en la que se haya terminado de manera definitiva la inviolabilidad de la familia Botín ante la Justicia? El tiempo y los tribunales lo dirán.

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