En 2006, la Comisión Europea recibió varias denuncias sobre la aplicación del «sistema español de arrendamiento fiscal» (SEAF) a determinados contratos de arrendamiento financiero, ya que permitían que las empresas navieras adquirieran buques construidos por astilleros españoles con un descuento de entre un 20 % y un 30 % de su precio. Según la Comisión, el objetivo del SEAF consistía en hacer que agrupaciones de interés económico (AIE) y los inversores que participan en la misma se beneficiaran de determinadas medidas fiscales y en permitir que estos trasladaran posteriormente parte de esas ventajas a las empresas navieras que adquirían un nuevo buque.
En julio de 2013, la Comisión consideró que el SEAF constituía una ayuda estatal que revestía la forma de ventaja fiscal selectiva parcialmente incompatible con el mercado interior. Dado que este régimen de ayudas se había ejecutado desde el 1 de enero de 2002 incumpliendo la obligación de notificación, la Comisión ordenó a las autoridades nacionales que recuperaran estas ayudas de los inversores, esto es, los miembros de las AIE.
En septiembre de 2013, El Reino de España, Lico Leasing, S. A., y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S. A. interpusieron recursos de anulación contra la Decisión de la Comisión. En una sentencia de 17 de diciembre de 2015, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) resolvió que la ventaja percibida por los inversores de las AIE no tenía carácter selectivo y que la motivación acerca de los criterios de distorsión de la competencia y de la afectación de los intercambios era insuficiente. En consecuencia, la Decisión de la Comisión fue anulada sin que se estimara procedente pronunciarse sobre los demás motivos y argumentos formulados por los demandantes.
A raíz del recurso de casación interpuesto por la Comisión, el 25 de julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló la sentencia del TGUE al considerar que, al realizar su análisis del carácter selectivo de las medidas fiscales, había hecho una aplicación errónea de las disposiciones del Tratado relativas a las ayudas estatales y que, en contra de sus conclusiones, la Decisión de la Comisión no adolecía de un defecto de motivación.
Tras señalar que el TGUE no se había pronunciado sobre la totalidad de los motivos formulados ante él, el TJUE consideró que el estado del litigio no permitía resolverlo y, por lo tanto, devolvió los asuntos al TGUE.
En la sentencia dictada hoy, el Tribunal ha desestimado los recursos presentados por los demandantes.
El TGUE ha examinado, en primer lugar, la calificación de las medidas fiscales como ayudas estatales. En este contexto, comprobó, en primer lugar, si la Comisión pudiera concluir que las ventajas concedidas en virtud del SEAF, considerado en su conjunto, tenían carácter selectivo. Tras recordar la jurisprudencia acerca del carácter selectivo derivado de las facultades discrecionales de las administraciones nacionales cuando ejercen sus competencias en materia de fiscalidad, el TGUE ha observado que el beneficio del régimen fiscal en cuestión se concedía por la Administración tributaria en el marco de un régimen de autorización previa, basado en criterios vagos que requerían una interpretación que podía llevarse a cabo sin quedar sujeta a ninguna directriz.
Así, la Administración Tributaria podía fijar la fecha de inicio de la amortización en función de circunstancias definidas en términos que conferían a la Administración un amplio margen discrecional. Según el Tribunal General, la existencia de estos aspectos discrecionales permitía dar a los beneficiarios un trato más favorable que el deparado a otros sujetos pasivos que se encontraban en una situación fáctica y jurídica comparable.
En particular, era posible que otras AIE no hubieran podido acogerse a la amortización anticipada en las mismas condiciones. Asimismo, para rechazar el argumento según el cual la autorización se concedía en la práctica a todas las AIE que operaban en el sector en cuestión, el Tribunal General ha destacado que, habida cuenta del carácter discrecional que reviste de iure la normativa, poco importaba que su aplicación hubiera sido o no discrecional de facto.
El TGUE ha deducido de lo anterior que, dado que una de las medidas que permitían beneficiarse del SEAF en su conjunto era selectiva ―esto es, la autorización de la amortización anticipada―, la Comisión no incurrió en error al considerar que el sistema era selectivo en su conjunto.
El Tribunal General ha destacado seguidamente que el mercado de la adquisición y la venta de buques de navegación marítima estaba abierto al comercio entre los Estados miembros y que una reducción de entre el 20 % y el 30 % del precio de un buque suponía una amenaza de que se falseara la competencia en este mercado en el cual operaban las AIE.
De ese modo, concurrían los requisitos relativos al riesgo de la distorsión de la competencia y de la afectación de los intercambios entre Estados miembros. En consecuencia, el Tribunal General ha rechazado el motivo basado en la incorrecta calificación de una medida como ayuda estatal.
El TGUE ha examinado, en segundo lugar, la cuestión de la recuperación de las ayudas ilegales y ha desestimado los diferentes motivos planteados por los demandantes a este respecto.
En particular, ha descartado que se hubiera producido una supuesta vulneración del principio de confianza legítima. En efecto, los demandantes no habían logrado demostrar que hubiesen obtenido de la Comisión garantías concretas, incondicionales y concordantes de las que resultara que el régimen en cuestión no encajaba en el concepto de «ayuda estatal».
Por otra parte, el Tribunal General ha hecho constar que la Comisión había tomado debidamente en cuenta la exigencia de seguridad jurídica, motivo por el que había limitado en el tiempo la recuperación de las ayudas ilegales. En efecto, la recuperación de las ayudas se limitó a las concedidas tras la publicación de la Decisión sobre las AIE fiscales francesas que puso fin a la situación de inseguridad jurídica generada por la Decisión Brittany Ferries.
A este respecto, el TGUE ha indicado que la Comisión no había incurrido en error al considerar que la publicación de esta Decisión había disipado cualquier inseguridad jurídica dado que, en esta Decisión, un régimen comparable al SEAF había sido calificado como ayuda estatal.
Asimismo, el Tribunal General ha destacado que esta apreciación no quedaba invalidada por circunstancias posteriores, como una supuesta inactividad de la Comisión en relación con el régimen en cuestión.
Por último, el Tribunal General también ha desestimado el motivo basado en la vulneración de los principios aplicables a la recuperación. Los demandantes censuraban la Decisión de la Comisión en cuanto ordenaba la recuperación de la ayuda en su totalidad de los inversores (los miembros de las AIE), pese a que una parte de la ventaja fiscal hubiera sido transferida a las empresas navieras.
En efecto, la Comisión había decidido que las empresas navieras no eran los beneficiarios de la ayuda, de forma que la orden de recuperación se refería exclusiva e íntegramente a los inversores, únicos beneficiarios de la totalidad de la ayuda por mor de la transparencia fiscal de las AIE.
El Tribunal General ha resuelto que la Comisión no incurrió en error al ordenar la recuperación de la ayuda en su integridad de los inversores, pese a que estos hubieran transferido una parte de la ventaja a otros operadores, dado que estos últimos no podían ser considerados beneficiarios de la ayuda. En efecto, los inversores fueron quienes tuvieron el disfrute efectivo de la ayuda, dado que la normativa aplicable no les obligaba a transferir a terceros una parte de la ayuda.
