El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) considera contraria al derecho de la Unión el régimen vigente en Polonia de elección de jueces, que permite que el ministro de Justicia, que es a la vez el fiscal general, adscriba a jueces a tribunales de lo penal superiores mediante comisiones de servicio a las que puede poner fin en cualquier momento sin tener que justificarse.
Y es que, en efecto, la exigencia de independencia judicial obliga a que las normas relativas a esas comisiones de servicio presenten las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que se utilicen como medio para controlar políticamente el contenido de las resoluciones judiciales, en particular en el ámbito penal.
El TJUE destaca que, aunque el ministro de Justicia solamente pueda adscribir a jueces en comisión de servicio a otro tribunal, previo consentimiento de estos, constituye una salvaguardia procedimental importante, existe una serie de elementos que, según el tribunal remitente, posibilitan que aquel influya en esos jueces y que pueden suscitar dudas en cuanto a la independencia de los mismos.
El Tribunal de Justicia también señala que, para evitar la arbitrariedad y el riesgo de manipulación, la decisión mediante la que se confiere a un juez una comisión de servicio y, la decisión por la que se le pone fin deben adoptarse con arreglo a criterios conocidos de antemano y motivarse debidamente.
La Justicia europea ya impuso en octubre una multa de un millón de euros diario a Polonia por incumplir una sentencia europea anterior que le obliga a suspender la aplicación del régimen disciplinario que impone a los jueces del país y que la UE considera una amenaza para la independencia judicial.
El pasado julio, el tribunal europeo dictó la suspensión cautelar de la controvertida corte disciplinaria del Tribunal Supremo polaco pero las autoridades nacionales ignoraron el fallo, razón por la que la Comisión Europea volvió a denunciar el caso y reclamó una sanción financiera.
