La Justicia española también es racista

Un informe de Open Society desvela que los no nacionales no gozan del mismo nivel de protección de sus derechos una vez que son arrestados

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No pasa la Justicia española por su mejor momento en popularidad. Y para acabar de rematar la mala prensa, según un informe de Open Society España se encuentra entre los doce países de la UE con tintes racistas, tanto en el ámbito de jueces, fiscales y abogados.

En España, los investigadores han constatado la existencia de un sesgo institucional claro. Ponen como ejemplo la representación desproporcionada de los no nacionales en las estadísticas de índices de criminalidad, estadísticas previas al juicio o estadísticas de población carcelaria. También se critica a nuestro país  por recopilar estadísticas de justicia penal que se desglosan por nacionalidad, “pero sobre todo de manera selectiva e inconsistente”, según informa La Celosía.

En el Reino Unido, la policía utiliza los estereotipos étnicos como una táctica evidente. Las personas negras, por ejemplo, tienen cuatro veces más probabilidades de ser detenidas y registradas por la policía que las personas blancas. Las disparidades étnicas introducidas por la detención y el registro, y otras formas de actividad policial, siguen siendo significativas durante todo el proceso, la condena y la sentencia.

 

Discriminación

La investigación demostró claramente que los no nacionales no gozan del mismo nivel de protección de sus derechos una vez que son arrestados, principalmente debido a la falta de acceso a intérpretes, y a la información sobre sus derechos procesales en su propio idioma. La situación se ve además exacerbada por la falta de provisión efectiva de asistencia legal en la mayoría de los 12 países objeto de la encuesta. Si bien esto afecta a los detenidos y sospechosos, independientemente de su identidad étnica o estatus nacional, claramente se convierte en un desafío mucho mayor cuando las barreras del idioma también están involucradas.

A pesar de los esfuerzos para garantizar que los miembros de la UE apliquen estándares comunes en su sistema de justicia en términos de derechos de arresto, tales como garantizar el acceso temprano a un abogado, la cuestión de los estándares de prejuicio étnico o racial no ha estado en la agenda. Los investigadores subrayan que no hay regulaciones a nivel de la UE que tengan una recopilación de datos estandarizada y un seguimiento de los resultados en los sistemas de justicia penal, con especial atención a las minorías étnicas y raciales, y a los no nacionales.

Además, en la mayoría de los países incluidos en el estudio, faltaban datos étnicos y raciales. Incluso cuando se recopilaron estos datos, se observó una falta de métodos consistentes para su recopilación y aplicación de conceptos de raza, etnia y origen nacional.

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