jueves, 23septiembre, 2021
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La justicia española se queja ante Europa

Manel Mas
Estudié contabilidad y economía, fui perito y profesor mercantil, ejercí de profesor en Alesco (Altos Estudios Comerciales) en Barcelona dando clases de contabilidad, cálculo y derecho mercantil.
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análisis

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El problema evidente de los hechos acontecidos en otoño del 2017 en Cataluña ha sido el protagonismo que ha adquirido el poder judicial y, como se ha descompensado absolutamente el lógico y necesario equilibrio entre los poderes del Estado. La inacción de M. Rajoy, como presidente del gobierno, a la hora de encarar políticamente   las demandas del independentismo catalán y su fracaso internacional a la hora de encontrar las urnas de la votación del 1 de octubre llevó a un paso adelante el deep state que se concretó el día 3 de octubre con el discurso de Felipe VI y un re-alineamiento de los poderes del Estado.

Nadie duda a estas alturas que el poder judicial ha conseguido la preeminencia del poder, con mayúsculas,   ante el legislativo y el ejecutivo. Lo sufre el independentismo, en el día a día, con sentencias absolutamente desproporcionadas y una represión sin un final en el horizonte, puesto que el Estado -bien sea a través del Supremo, la Audiencia Nacional, el TSJC o el Tribunal de Cuentas- no cesa de registrar causas nuevas con qué poder iniciar nuevos procedimientos con nuevos investigados y seguir con la represión.

No estaría de más recordar cómo hemos llegado a esta situación. Rajoy como jefe de la oposición, en el gobierno de Rodríguez Zapatero ya dio muestras de su ineptitud por la política cuando recogió firmas por toda la península, para después presentar ante el Constitucional un recurso por inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, aprobado por el Parlamento, las Cortes españolas y votado en referéndum por la ciudadanía.

Esta situación de un poder judicial omnímodo y omnipresente no podía conformarse, está claro, con reinar tan solo en Cataluña. ¿Por qué no también en España? ¿Por qué no aprovechar el momento para llevar su pulso a un duelo a cara descubierta con el gobierno de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias? El momento ha llegado en la peor situación para el Ejecutivo español, que de un tiempo a esta parte parece carecer de brújula y perdido en sus encuestas. Con un Sánchez empecinado en una lucha con Isabel Díaz Ayuso por la Comunidad de Madrid en la cual tiene mucho a perder, y un Pablo Iglesias en su papel de candidato que parece querer quemar su último cartucho en los comicios del 4 de mayo y una derecha más envalentonada que nunca.

¿Qué responsabilidad tiene la justicia? ¿Quién ha explicado que determinados artículos del Estatuto catalán son inconstitucionales y, en cambio «los mismos» artículos son plenamente válidos en los estatutos valenciano y andaluz? ¿Es consciente la justicia española que el estatuto de Cataluña se encuentra al margen de la Constitución? Cuando un político comete un acto al margen de la ley la justicia actúa en su contra y recibe la condena que le corresponde. ¿Cuándo es la justicia la causante del problema se actúa con la misma severidad o no se le exige ninguna responsabilidad?

Que más de 2.500 jueces acudan en la UE y a la CE a denunciar el gobierno español por riesgo de violación grave del estado de derecho no es ninguna broma. Los jueces a través de sus asociaciados lo han hecho. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI). Que tres de la cuatro asociaciones de jueces españolas, soliciten a la Comisión Europea que inicie el procedimiento establecido en el artículo siete del tratado de la UE para sancionar un Estado miembro por violar valores básicos de la UE como son los derechos humanos o el imperio de la ley es grave. Cosa que, en función de cual sea la resolución, podría implicar para España la pérdida de los derechos de voto al Consejo Europeo. Puede que no se llegue a este extremo, pero por si no estaba ya bastante malograda la imagen de España al exterior, solo faltaba este episodio.

El capital político que Pedro Sánchez ha dinamitado desde que ganó la moción de censura a Mariano Rajoy no tiene ningún parangón en los últimos años. El incumplimiento permanente de todo el que ha acordado lo ha dejado en un terreno de nadie, con lo cual el hecho de acercarse a pactar con él acaba convirtiéndose en una operación de alta toxicidad. En este pulso, los jueces no tienen buena parte de la razón, puesto que el Parlamento español ha de poder decidir cómo se renueva su máximo órgano de gobierno, el CGPJ. Lo que sucede es que la incomprensible forma de hacer las cosas del Ejecutivo, incapaz de negociar cuando no puede imponer sus tesis, les da una carta importante para revolverse ante el poder político.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Qué pensarán en Europa cuando tres de las cuatro asociaciones de jueces que hay en España y que representan a más de 2500 magistrados se quejan? ¿Cuántas veces Europa ha  intervenido quitándole la razón a la justicia española? Es preciso no olvidar que España se autodefine como una «democracia plena», aunque 2.500 magistrados expresen sus dudas al respecto.

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1 Comentario

  1. No engañe a la gente señor Más.

    La queja de los jueces es porque el PSOE y Podemos (los amigos de los independentistas) quieren meter mano en la justicia, y ponerla a su servicio para así poder hacer y deshacer a su antojo, no por «violar los derechos humanos». De dónde ha sacado usted semejante cuento.

    Los que se quejan son los constitucionalistas, los defensores del 155 y de la ley. Los que quieren meter mano en la justicia son sus amigos Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

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