La situación de la Justicia en España puede poner en peligro la llegada de los fondos europeos de recuperación y no sólo es a consecuencia del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La realidad es que la situación de la Justicia en España es crítica, con una presunta corrupción creciente, un escenario de precariedad de los jueces y fiscales, y, sobre todo, un posicionamiento frentista contra las resoluciones del Tribunal de Justicia.
Ayer, la Comisión Europea, a través de su vicepresidenta, Vera Jourová, fue contundente al afirmar que la renovación del CGPJ es un tema prioritario y urgente porque «el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate», algo que es, al entender de la política checa, «perjudicial para el Estado de Derecho».
Sin embargo, la renovación del CGPJ no es el gran problema de la Justicia española, hay otros muchos más graves que podrían poner en peligro que España recibiera miles de millones de los fondos europeos de recuperación.
La ciudadanía española despertó hace años y presenta anualmente miles de denuncias contra el Estado ante los organismos europeos por corrupción judicial, sobre todo en el ámbito de la sumisión del tercer poder a los intereses de las entidades financieras y de las grandes corporaciones.
No todos los jueces y fiscales son iguales ni, por supuestos, son corruptos. Sin embargo, es tal la situación de emergencia democrática que están generando determinados elementos de la jerarquía judicial que, por ejemplo, una jueza llegó a afirmar en un auto presentado ante Europa que la doctrina del Supremo respecto al IRPH giró «jurídicamente en 180 grados el sentido protector de los consumidores recogida en la Directiva, en exclusivo beneficio de las entidades financieras […] Esta tramitación acelerada de recursos de casación para intentar que queden inadmitidos no se ha conocido nunca en la historia del Tribunal Supremo español, que escapa a toda lógica jurídica y a los principios de protección de los derechos de los consumidores, que provoca necesariamente un enriquecimiento y beneficio de las entidades financieras».
Resolución del Europarlamento sobre fondos europeos
El 10 de junio de 2021 el Parlamento Europeo aprobó una resolución aprobada por el Parlamento Europeo en la que se reitera en el hecho de que el acceso a los fondos europeos está condicionado al respeto a los valores que sostienen al Estado de Derecho.
Por tanto, la corrupción judicial de España es aplicable en todos sus elementos en la Unión Europea y en cada Estado miembro para todos los fondos del presupuesto de la Unión, incluidos los recursos asignados a través del Instrumento de Recuperación de la UE.
El Europarlamento pidió a la Comisión y al Consejo el reconocimiento de que es urgente la aplicación de medidas para defender los valores que sostienen al Estado de Derecho. La corrupción judicial, evidentemente, socava los pilares de la democracia, sobre todo si la Justicia está entregada a los intereses del sector financiero y de las grandes corporaciones, tal y como ocurre en España.
Por otro lado, la resolución instaba a la Comisión a reaccionar rápidamente a las graves violaciones que se están produciendo de los principios del Estado de Derecho en algunos Estados miembros y a llevar a cabo un análisis exhaustivo de la necesidad de iniciar, sin demora injustificada, el procedimiento previsto en el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho.
Además, el Parlamento Europeo «reitera su petición a la Comisión para que cumpla inmediatamente sus obligaciones en virtud de dicho Reglamento de informar debidamente al Parlamento de las notificaciones escritas a los Estados miembros afectados, en las que exponga los elementos objetivos y los motivos específicos de las violaciones del Estado de Derecho, o de las investigaciones en curso», afirmaba la resolución.
España, en el punto de mira
Esta resolución estaba orientada, principalmente, al comportamiento de Polonia y de Hungría. Sin embargo, fuentes del Europarlamento confirmaron a Diario16 que, teniendo en cuenta el estado de la Justicia española, se están produciendo movimientos entre los europarlamentarios para que España fuera incluida en esa lista negra de países cuyas instituciones socavan la democracia y los derechos reconocidos a los ciudadanos.
Oposición a Europa y posibilidad de intervención de la Justicia
Otro de los graves problemas de la Justicia española es la constante oposición, sobre todo del Tribunal Supremo, a aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El abogado José María Erausquin, en una entrevista concedida a Diario16, contó lo que le dijeron en Luxemburgo en los momentos previos a la vista sobre el IRPH: « en esos momentos previos de tensión a la espera de que se inicie la vista, nerviosos, comenté que por fin se acababa este asunto, que para bien o para mal ya finalizaba, y que fuera lo que Dios quisiera, pero que acabara de una vez. ¿Qué te crees que nos dijo una de las personas allí presentes? ‘Amigo, las cosas de España no se acaban nunca. Esto necesita tiempo porque irá, volverá, irá, volverá’. Esta persona nos recordó que los jueces españoles no acostumbran a aplicar directamente las resoluciones del TJUE, que esperan a que el Tribunal Supremo les diga cómo tienen que hacerlo, y que como siempre hay algún juez díscolo que no acepta esa interpretación y eleva nueva cuestión con dudas, el tema va y viene hasta el aburrimiento. Y ahora te sientas a pensar y te das cuenta de que es verdad, que con la cláusula suelo, con el vencimiento anticipado, y con la comisión de apertura ha ocurrido lo mismo».
Esa constante rebelión de la Justicia española frente a la aplicación de una jurisprudencia europea que es prevalente sobre la nacional podría llevar, según han indicado a Diario16 diferentes expertos en Derecho Comunitario, a que Europa podría llegar a intervenir el Supremo si incumple la sentencia del TJUE. «La Comisión podría enviar ‘hombres de negro’ al Consejo General del Poder Judicial, y desde allí sancionar a los jueces que no apliquen derecho de la Unión, al igual que pasó con la economía», afirma uno de estos expertos.
Una sentencia del TJUE, en referencia a los tribunales de Polonia, indicaba claramente que los jueces de los distintos países miembros ya no lo eran en exclusiva de los Estados, sino que todos los jueces, por la cesión de soberanía, lo son, con prevalencia, de la Unión Europea.
Por tanto, están obligados a cumplir de manera estricta las decisiones adoptadas por el TJUE que van en contra del derecho comunitario y, en multitud de casos, sobre todo los relacionados con los que afectaban al sector financiero y las grandes corporaciones, el Supremo se rebeló contra la decisión de los tribunales europeos.
«La sentencia de Polonia afirma que los jueces de cada país son jueces de la Unión. No hay más jueces españoles, belgas o franceses. Hay jueces de la Unión de Bélgica, España o Francia, que aplican el derecho de la Unión y el del país. Para hacer un paralelismo, es el mismo caso que el de un juez de Madrid que va a Barcelona y ha de aplicar el derecho español y el derecho foral catalán», afirman las mismas fuentes judiciales.
Por tanto, a partir de ahí, y sumado a los diferentes toques de atención sobre la renovación y el modelo de elección de los miembros del CGPJ, se puede esperar cualquier reacción de Europa, incluida la de la intervención de la Justicia española, porque en Luxemburgo ya tienen que estar muy hartos de estar recibiendo cada año miles de cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación que algunos tribunales españoles, sobre todo el Supremo, hacen de los derechos de la ciudadanía.
