El Rey Emérito

Demostrar si el rey emérito cobró comisiones por su intermediación en las obras del tren AVE a la Meca será prácticamente imposible, según reconocen fuentes de la Fiscalía Anticorrupción ratificadas por reconocidos inspectores de Hacienda. La experiencia nos dice que cuando se trata de proyectos de grandes infraestructuras, como el que se llevó a cabo en el desierto saudí, las mordidas, comisiones y sobrecostes suelen estar a la orden del día. Ahí están los ingentes sumarios de corrupción que se instruyeron en España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Otra cosa es que se pueda demostrar con pruebas que hubo pagos en B a repartir entre diferentes comisionistas e intermediarios. El dinero negro no suele dejar rastro documental. No hay contratos, ni cheques, ni albaranes. El maletín o la bolsa de plástico suele sustituir al contrato por escrito y las comisiones a menudo se pierden en una maraña de empresas interpuestas, sociedades offshore y cuentas opacas en paraísos fiscales. El asunto que persigue al rey emérito es un ejemplo de manual, ya que han trascendido al menos dos compañías o fundaciones (Lucum y Zagatka) una en Panamá y otra en Liechtenstein (países habitualmente empleados por las grandes fortunas de todo el mundo para ocultar patrimonios de dudoso origen y procedencia).   

En el caso que nos ocupa hay además otro problema añadido. El emérito era inviolable –según establece la Constitución Española− cuando se produjeron los hechos que serán objeto de investigación. En efecto, si es cierto que Juan Carlos I cobró 100 millones de dólares en el año 2008 a cambio de sus gestiones con la Monarquía de Arabia Saudí para que el proyecto en el que participaron grandes constructoras y empresas españolas pudiera hacerse realidad, ese delito es legalmente inimputable, ya que la abdicación no se produjo hasta el 2 de junio de 2014. Así que a la dificultad técnica que encontrarán los peritos de la Fiscalía −demostrar que hubo pagos en negro entre los jeques árabes y el emérito, tal como ha confesado Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la amiga del rey− se sumará sin duda el impedimento legal derivado del privilegio del que gozaba el ilustre contribuyente investigado. Nunca antes los investigadores se han encontrado con un caso así porque nunca antes se han tropezado con un presunto evasor que esté por encima de la ley. Es como tratar de perseguir a un fantasma, a un ser invisible, a un marciano. De hecho, la Fiscalía ha descartado oficialmente investigar a Juan Carlos I por el cobro de las supuestas comisiones.

Capítulo aparte es si se puede seguir el rastro del dinero y abrir proceso judicial por la no declaración del patrimonio oculto después de la famosa abdicación real. Y ahí sí cabe cierto margen de maniobra, pero siempre desde el punto de vista del dinero no declarado, lo cual no deja de ser una infracción administrativa aunque con consecuencias penales en función del dinero defraudado. De momento, técnicos del sindicato de funcionarios de Hacienda (Gestha) consideran que Juan Carlos I podría haber incurrido en ilícitos tributarios muy graves: un posible delito de fraude fiscal agravado y otro de blanqueo, si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza se hicieron transferencias a terceros. Gestha, además, exige que se aclare si el monarca rellenó el impreso del modelo 720 sobre bienes de los contribuyentes en el extranjero, tal como es preceptivo según la ley tributaria española.

En todo caso, cualquier hecho que se le pretenda imputar a Juan Carlos I tendrá que probarse que fue cometido a partir de 2014, fecha de la abdicación. En esa línea, el rey emérito tiene un problema si es cierto que ha recurrido a testaferros como Arturo Fasana y Dante Canonica, dos expertos gestores e intermediarios de grandes fortunas. En general, recurrir a “hombres de paja” o personajes interpuestos suele ser un claro indicio de opacidad a la hora de rendir cuentas con Hacienda. Incluso cabe la posibilidad de que existan otros testaferros. La propia Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en las grabaciones del comisario José Villarejo hoy en prisión, llega a afirmar que “ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro de Orleans-Borbón, que también vive en Mónaco. Ahora están tratando que yo pase estas cosas a Álvaro a través de Dante”, afirma la empresaria alemana. De confirmarse el testimonio de la aristócrata bávara, quedaría acreditado que Juan Carlos I quiso utilizarla a ella y a Álvaro de Orleans para blanquear propiedades.

Pero más allá de los datos de la investigación que se van conociendo con cuentagotas, cabe preguntarse si la Justicia española es lo suficientemente madura e independiente como para llegar hasta el final en un asunto que puede cambiar la historia del país, o si finalmente todo quedará en un archivo en falso de la causa con el argumento de la prescripción de los delitos, de la inviolabilidad del monarca o de la escasa “solidez de las pruebas”, un argumento que ya fue empleado por los jueces para desacreditar el testimonio de parte de Corinna zu Sayn-Wittgenstein y dar carpetazo al expediente. El Poder Judicial va a tener que someterse a un test de estrés de consecuencias imprevisibles y tendrá que demostrar si sigue sintiendo un miedo reverencial ante el artífice de la Transición española o está liberado del yugo. Cuesta trabajo creer que Juan Carlos I pueda sentarse en el banquillo finalmente. La Fiscalía General del Estado ha puesto la investigación en manos del fiscal de sala del Tribunal Supremo especializado en delitos económicos Juan Ignacio Campos. Se trata de un funcionario veterano, un técnico avezado con conocimiento exhaustivo de la materia tributaria, además de un hombre discreto y con fama de progresista. Quizá por eso precisamente las derechas ya han puesto la diana en él, máxime teniendo en cuenta que goza de la plena confianza de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Sin duda, un nuevo episodio de politización de la Justicia está servido (no podía ser de otra manera tratándose de una acusación contra el exjefe del Estado), de modo que todo apunta a que tendrá que ser el fiscal suizo Yves Bertossa −que ha abierto una investigación paralela sobre las cuentas opacas del monarca español en bancos de Ginebra−, quien aclare de una vez por todas este inmenso escándalo que amenaza con socavar los cimientos de la cada vez más debilitada y cuestionada monarquía española.

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2 Comentarios

  1. Somos unos simples vasallos si consentimos que una familia se enriquezca con el dinero de todos. En fin, mientras los partidos del Régimen sostenga a este Estado corrupto en todos los niveles, no pasaremos de ser una put. colonia tecnológica, política, y económica.

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