El año 2019 no se iba a ir sin dejar ocultos los múltiples actos de autarquía que, a lo largo de muchos años, pero más aún de los cuatro últimos, ha venido ejerciendo el Supremo libremente sin ningún freno por el resto de poderes, legislativo y ejecutivo, ni mucho menos por el teórico cuarto poder, los medios de comunicación liderados por editores y directores muy beneficiados por el quinto poder, el económico, que les pone el liderazgo de la visibilidad y la alfombra de los privilegios. El Capital, las dictaduras privadas —aunque está muy claro y diáfano que el quinto es el primero— están en contra el pueblo en general. La Monarquia, en estos casos, ejerce de «maceta de Navidad» en estos tiempos y en la democracia real.
El escrito de la Abogacía del Estado que indica que se debe permitir a Oriol Junqueras acudir a recoger su acta de eurodiputado está provocando reacciones que parece que buscan más defender una decisión adoptada en base a presiones sociopolíticas que fundamentada sobre el cumplimiento de la ley. Esto es muy grave, no sólo porque el desprestigio de la Justicia está alcanzando niveles intolerables para un sistema democrático que los defensores del inmovilismo creen que está maduro porque, en realidad, no hace otra cosa que defender los intereses de las élites y los poderes ocultos en vez de los del pueblo.
Oriol Junqueras ha sido víctima de un grupo de profesionales de la Justicia que son rehenes de las presiones de facciones ideológicas que no dudan en utilizar los poderes democráticos en su favor. En el caso del líder de ERC se está intentando saltarse una decisión judicial del TJUE, del máximo órgano jurídico de la Unión cuyas decisiones son prevalentes a las de los tribunales nacionales, en este caso de España.
En este caso el TJUE ha sido lo suficientemente claro como para que no existan interpretaciones o retorcimientos de la ley tan propios de la Justicia española. No en vano, para salvar de la cárcel a un banquero, no se dudó en crear una doctrina jurídica que no es más que una patente de corso para los desmanes de los poderosos.
Según el Alto Tribunal europeo, Oriol Junqueras disponía de la inmunidad que le confiere el cargo de eurodiputado cuando fue dictada la sentencia del juicio del procés. No hay interpretaciones, hay que cumplir con las sentencias y, como tal, Oriol Junqueras debió ser puesto en libertad desde el mismo momento en que el TJUE se pronunció.
Sin embargo, desde la Fiscalía, los partidos que sólo defienden la Constitución cuando se trata de salvaguardar los intereses de los poderosos (PP, Ciudadanos, Vox y la facción ultraconservadora del PSOE liderada por Felipe González, Rodríguez Ibarra o Emiliano García-Page), y los grandes medios de comunicación, tanto conservadores como los que perdieron su progresismo cuando los bancos entraron su accionariado, se están atrincherando en la sentencia del Supremo y defendiendo que los tribunales españoles se enfrenten a los europeos.
Es un hecho que cuando Oriol Junqueras se presentó a las elecciones europeas tenía los mismos derechos políticos que cualquier ciudadano. Por esta razón, una vez que el líder de ERC fue elegido como eurodiputado contaba con las mismas atribuciones que cualquier otro cargo electo. Fue el pueblo español y catalán quien decidió que Junqueras fuera su representante en Bruselas y Luxemburgo. Por tanto, Oriol Junqueras dispone de la inmunidad de cualquier europarlamentario y, en consecuencia, debe recoger su acta y ejercer su labor legislativa. Por otro lado, fue el propio juez Marchena quien afirmó, por escrito, que acataría la decisión del TJUE. ¿Por qué no lo hace? ¿Hay presiones políticas, incluso desde los más altos poderes de Estado, para que no cumpla con lo que el tribunal prevalente indicó en su sentencia?
A la Fiscalía, a los magistrados rebeldes, a los políticos, habría que recordarles que en cuanto existe una prejudicialidad en Europa, las decisiones de los tribunales españoles se paralizan y, en este caso, la propia sentencia del procés tendría que haberse frenado en espera de la decisión de Europa. Sin embargo, se siguió adelante. ¿Los tribunales españoles tienen miedo a cumplir con la ley?
En Diario16 ya publicamos lo que indica el derecho comunitario respecto a una rebelión de los tribunales españoles: la Comisión Europea tiene la potestad para intervenir el Consejo General del Poder Judicial, del mismo modo en que se intervino a los países que incumplieron con los requerimientos económicos austericidas. Hay quien piensa que, tal y como se encuentra la Justicia española, una intervención europea del tercer poder sería un adelanto para la democracia española.
La situación de la Justicia española es la consecuencia de la revolución pendiente del tercer poder de la democracia española porque, en realidad, mientras el ejecutivo y el legislativo han ido adoptando una apariencia democrática, el judicial se sigue manteniendo en los mismos parámetros que durante el siglo XIX o que durante la dictadura. Los jueces, magistrados y fiscales en España cuentan con absoluta impunidad de sus actos, lo que genera actos de presunta «corrupción judicial», algo que se ha visto en el volumen de denuncias interpuestas por ciudadanos españoles buscando el amparo de la Justicia europea porque aquí en España la impunidad judicial del tercer poder ha llegado a unos niveles tales que se hace imposible actuar contra una administración sometida a las influencias de los lobbies de los grandes despachos de abogados que trabajan para las élites financieras, políticas, económicas y empresariales para que la injusticia les ampare.
Hay que recordar cómo el aparato judicial del Estado se movilizó para darle inmunidad a Juan Carlos de Borbón cuando perdió su inviolabilidad tras la abdicación y, de este modo, evitar que fuera juzgado, entre otras cosas, por las reclamaciones de paternidad que, según se ha sabido en los últimos meses, eran correctas puesto que el ADN de Juan Carlos de Borbón y de uno de sus «hijos» era coincidente en un 99%. ¿Para bloquear la acción de la Justicia contra el rey emérito sí es aplicable de manera retroactiva la inmunidad? Esa diferencia de criterio es una nueva demostración de cómo la Justicia española requiere de una revolución basada en la ley, la ética y la dignidad democrática. Oriol Junqueras se puede convertir en una víctima de una decisión que es más propia de una dictadura que de unos órganos judiciales que se autodenominan democráticos. Si el líder de ERC no es puesto en libertad, como dice la Abogacía del Estado, España estaría protagonizando un nuevo escándalo porque, entonces, sí que ya se podría hablar de presos políticos, como los hay en Venezuela.
¿Hasta cuándo la democracia del pueblo podrá aguantar el «ordeno y mando» del llamado tercer poder de la democracia? ¿Para cuándo la Justicia justa?
Todo el comentario se reduce a franquismo. Ese criminal golpe con su genocidio que mató españa y a su descendencia. Nació borbonia, vinculada a la transacción del 78.Como cobertura para otra estafa para, mantener el Pueblo bajo las condiciones franquistas y, los togados con los uniformados como valedores de la indecencia. Borbonia debe ser forzada a abandonar una Unión Europea en la que nunca debió estar.
¿A que viene eso de nombrar a Venezuela? En España es evidente que hay presos políticos, pero en Venezuela lo que sí está claro que ha habido intentos de Golpes de Estado con un pelele, de EEUU, erigiéndose en Presidente en una plaza dando un mitin. Si eso hubiera sucedido en España ese hombre, el tal Guaidó, si estaría en la cárcel condenado por golpista con muchísima mas razón que los que ahora están y sin embargo aquí ese delincuente fue apoyado y bien visto por los políticos y medios de comunicación. En Venezuela el Gobierno permitió y no reprimió el referéndum que había convocado la oposición. Así que mas bien parece que en Venezuela hay más Democracia que aquí.