La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado un auto en el ha dado el aval judicial a la medida sanitaria acordada el pasado 29 de noviembre por Blas Trujillo, consejero de Sanidad del Gobierno canario, por la que los establecimientos de hostelería y de ocio nocturno podrán pedir el Certificado Covid para permitir entrar en los mismos.
Esta medida podrá aplicarse como máximo hasta el 15 de enero de 2022 y será necesario pedir una nueva autorización judicial en caso de querer prorrogarla.
Según el auto, esta decisión contribuye a «frenar el incremento previsto» de la propagación del virus, compatibilizándolo con la «ansiada e incipiente reactivación económica […] Todo ello durante el periodo navideño y ante la situación de agotamiento de la ciudadanía frente a las circunstancias derivadas de la situación de pandemia de casi dos años de duración».
El TSJC concluye que la medida solicitada permite mantener la actividad económica y social en espacios sanitarios más seguros en los que la transmisión del virus es menos probable, lo que supone «un mayor beneficio para el interés general».
El auto, además, señala que el 86,65% de la población canaria está vacunada por lo que «los potenciales afectados por la medida solicitada constituyen un 13,44% de la población». Aquellas personas que hayan decidido no vacunarse o que no quieran mostrar documentación al respecto, pueden optar por presentar un certificado de recuperación en caso de que hayan pasado la infección, «no existiendo discriminación alguna entre las personas vacunadas y las que no lo están».
Reacción del Gobierno canario
Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, ha anunciado que la orden se publicará el jueves 9 de diciembre en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y estará en vigor desde el 10 de diciembre hasta el 10 de enero.
Los establecimientos que decidan solicitar el certificado se acogerán a las medidas (aforo y horario) del nivel inferior al que esté su isla.
La medida impulsada por el Gobierno canario, por la que se podrá pedir este documento a quienes deseen entrar en locales de hostelería o de ocio nocturno, pretende frenar la expansión del coronavirus en las islas.
Los últimos datos en Canarias revelan que el aumento de contagios no solo se traduce en una mayor incidencia acumulada, sino que también se está viendo reflejado en otros indicadores como la presión hospitalaria.
La medida no se aplicará de forma uniforme en toda la comunidad autónoma, ya que para aplicarla se tendrá en cuenta el nivel de alerta en el que se encuentre cada isla, realizándose una valoración individual y pormenorizada de la evolución del virus en cada territorio.
Yo sólo espero que se percaten de la total ilegalidad de este hecho, que puedo muy fácilmente secundar como ciudadano pero no existe una ley que dé ningún tipo de cobertura a esta exigencia, porque para promover Leyes como la mordaza o la ley laboral los senadores mueven algo sus muñecas y brazos un día en una singular votación, pero el resto del año estos putos veraneantes no hacen una puta mierda y no vale todo su trabajo de cuatro años el sueldo de un camarero al mes.
Está muy bien controlar la propagación del virus, pero antes hay que legislar. Pero en esta porquería de país parece que se ya sólo mandan los putos jueces disléxicos de mierda y el TC estará aguardando si esto satisface a Vox o no para hacer juego revuelto y otra vez al start point.
Es una vergüenza.